La salida del número dos de Ada Colau del Ayuntamiento de Barcelona da alas a acuerdos entre el PSC y Junts
La marcha de Jordi Martí a Madrid para ser secretario de Estado de Cultura deja a los comunes sin su negociador de todos los pactos en los últimos ocho años
La salida de la mano derecha de Ada Colau, Jordi Martí Grau, para ser secretario de Estado de Cultura con el ministro Ernest Urtasun supone una sacudida para el grupo municipal de los comunes en Barcelona. Martí ha ejercido de fontanero en las crisis o momentos clave de los dos mandatos de la ex alcaldesa y engrasador de todos los grandes acuerdos: desde los de presupuestos hasta los dos pactos de coalición de Gobierno con el PSC como socio minoritario. Su larga experiencia en el consistorio (concejal y directivo del Instituto de Cultura con el PSC; y gerente municipal, teniente de alcalde, responsable de presupuesto y concejal con los comunes), descabeza a Barcelona en comú, rebaja la expectativa de un tripartito de izquierdas (ERC no ha dado señales de estar por la labor). La marcha de Martí y los acuerdos alcanzados hasta la fecha por el PSC y Junts, dan alas a futuras alianzas entre el alcalde Jaume Collboni y el ex alcalde Xavier Trias.
Porque, cinco meses después de ser investido por los pelos Collboni, sigue gobernando en lo que a la oposición le gusta llamar “minoría absoluta”, con solo 10 concejales de 41. Sin presupuesto para 2023 aprobado, este lunes, el alcalde, que hasta la fecha se había mostrado partidario de pactar “con los partidos progresistas”, anunció su intención de “abrir conversaciones con todos los partidos que han mostrado predisposición [a pactar]: comunes, ERC y Junts”. “Con todos hablaremos y debatiremos la gobernabilidad”, aseguró midiendo las palabras. No hablaba solo del incorporar un socio a su gabinete, sino de “gobernabilidad”, una opción que podría pasar por el apoyo externo pero estable de Junts (11 concejales). Su líder, Xavier Trias, ganó las elecciones y una coalición en minoría con el alcalde sería inédita.
Pero las dos formaciones suman 21 concejales, la mayoría absoluta en el pleno y han alcanzado tres grandes acuerdos en el consistorio (reforma del 30%, del plan de hoteles y tasa de terrazas), tres cuestiones que les alejan de la herencia de Colau. Además, en el PSC, repiten el mensaje de que el acuerdo entre Pedro Sánchez y Junts para investidura supone un cambio de paradigma. El veto cruzado entre socialistas e independentistas presente desde el procés ha quedado definitivamente atrás. Junts es un posible socio y hay otros ejemplos, recuerdan, como los pactos en la Diputación de Barcelona u otros Ayuntamientos.
En las filas neoconvergentes del consistorio, haber conseguido medida que suponen dar marcha atrás a el legado colauer provoca euforia. Nunca han digerido que una activista como Ada Colau les quitara la silla en 2015. En sorprendentes declaraciones públicas, Collboni o su número dos, Laia Bonet, han descafeinado estos pactos, intentando mantener que no hubo negociación previa y que no se casan con nadie.
Más allá de la marcha de Martí, y sin que Colau despeje su futuro, tampoco en ERC parecen interesados en un tripartito de izquierdas. Reprochan a Collboni una gestión que consideran que es un viraje a la derecha, tras contar con los votos del PP en la investidura, y se niegan a apoyarle en votaciones clave, argumentando que su negativa es “un voto político”. Esta es otra razón por la que los comunes hayan tirado la toalla. No se ven entrando a gobernar solos con Collboni. Sumarían 19 concejales, a dos de la mayoría absoluta de 21, de modo que deberían seguir buscando apoyo en cada votación. O ganan estabilidad o, por ahora, se quedan como están.
No hay que perder de vista que en el primer mandato de Colau, la ex alcaldesa aguantó dos años gobernando también con 10 concejales hasta incorporar al PSC. Echó mano dos veces, eso sí, del mecanismo de la cuestión de confianza (el alcalde presenta presupuesto y, si no hay una mayoría que le eche, las cuentas quedan aprobadas y se mantiene en el puesto). Eran otros tiempos, en los que el veto cruzado entre independentistas y constitucionalistas impedían echar a la alcaldesa.
Acabando el mes de noviembre, la sensación que da observar a los grupos municipales es que les da pereza arremangarse y sentarse. Se acusan mutuamente de poner excusas. Unos dicen al otro que no les llama. El otro responde que primero debe aclarar cómo quedan los liderazgos cuando tanto Trias como Colau dijeron que no se quedarían si no podían gobernar.
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