El largo brazo judicial de la derecha política

En la guerra de relatos que ha caracterizado el conflicto catalán, los soberanistas han atribuido a las decisiones judiciales una intencionalidad política que servía para alimentar su victimismo y deslegitimar cualquier respuesta jurídica a las vulneraciones de la ley. El independentismo ha abusado de este recurso hasta el extremo de querer presentar como una persecución política el enjuiciamiento de un comportamiento corrupto como falsear contratos para favorecer a un amigo, por el que finalmente fue condenada a cuatro años de cárcel la presidenta de Junts per Catalunya, Laura Borràs. No todo vale ni todo cuela en la defensa de una causa. Pero cuando el Gobierno delega en los jueces la gestión de un conflicto político, como hizo el PP, es muy fácil que la justicia acabe contaminada, y más cuando buena parte de ella ha sido colonizada por el partido que pretende instrumentalizarla.

Todo ello ha conducido a un gran embrollo judicial por la proliferación de causas y procedimientos de dudosa justificación. Y justo ahora que el PSOE negocia con los partidos independentistas una ley de amnistía para los hechos relacionados con el procés, varias de estas causas irrumpen de nuevo en el escenario político. Son causas en las que desde el principio hubo sospechas de una interpretación extensiva o forzada de la ley, incluso de una actuación prospectiva, lo que encajaría en el patrón de una persecución judicial de motivaciones políticas. La aparatosa detención, con cientos de agentes movilizados, de nueve supuestos activistas de los Comités de Defensa de la República en septiembre de 2019 fue seguida de sospechosas filtraciones policiales en las que se divulgaron fotos de armas que resultaron ser de imitación y supuestos materiales para fabricar explosivos que eran meros productos de limpieza. Tras cuatro años de instrucción en la que apenas ha habido nuevas aportaciones y en la que hasta la Guardia Civil ha admitido que no había explosivos, justo ahora que se negocia el perímetro de la amnistía, el juez abre juicio oral contra 12 imputados acusados de terrorismo.

Y tampoco parece casualidad que justo ahora, la Guardia Civil haya dado a conocer un informe que señala a Marta Rovira, dirigente de ERC que reside en Suiza desde 2018, como cabecilla de las movilizaciones de Tsunami Democràtic, entre ellas un intento de bloqueo del aeropuerto de El Prat, y que también podría derivar en una acusación de terrorismo. Algunos de los imputados están también encausados en el caso Voloh, una amalgama de delitos y hechos en los que se da verosimilitud penal a una rocambolesca operación para negociar con el Kremlin la llegada de 10.000 soldados rusos para la defensa de una Catalunya independiente.

Con la distancia que da el paso del tiempo, el seguimiento de estos sumarios adquiere una dimensión esperpéntica y los últimos movimientos tienen una clara apariencia de oportunismo político. Pero lo que con mayor claridad refuerza la idea de que la Justicia opera en este caso como el largo brazo de la derecha política es el intento del bloque conservador del Consejo General del Poder Judicial de emitir un informe contrario a una ley de amnistía que ni siquiera se ha presentado aún y cuya tramitación no requiere que se pronuncie ese órgano. Tratan de forzar así un pronunciamiento sobre un asunto político sobre el que el CGPJ no tiene competencia alguna, y lo hacen juristas nombrados por el PP que llevan cinco años caducados en el cargo por la negativa de este partido a facilitar la renovación. Cada vez está más claro de qué lado viene el peligro para la democracia.

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