Un pacto territorial para una sociedad plural

El debate de investidura de Pedro Sánchez se acerca y –amnistías aparte– seguimos sin saber los términos del “acuerdo histórico” por medio del cual los siete diputados de Junts per Catalunya, accionados por Carles Puigdemont, acabarán votando “sí” al candidato socialista, en contra de lo dicho y repetido durante la campaña electoral.

Al parecer, los independentistas catalanes han pedido entre otras cosas el “reconocimiento nacional” de Cataluña, y según una fuente solvente el término “minoría nacional” se habría colado en las negociaciones como concreción de tal reconocimiento.

Algunos estrategas independentistas, como el director de Vilaweb, recibieron el término con indisimulado alborozo. El 22 de octubre Vicent Partal escribía que “si se pone sobre la mesa el hecho de que los catalanes somos una minoría nacional, el derecho de autodeterminación se convierte en una exigencia”. En realidad, es justo al revés.

En el contexto europeo, si los catalanes fuesen reconocidos como minoría nacional lo suyo sería aplicarles el Convenio Marco para la Protección de las Minorías Nacionales del Consejo de Europa. La buena noticia es que España ya ha ratificado el Convenio, como han hecho otros 38 estados miembros del Consejo, y solo sería necesario hacerlo extensivo a la minoría nacional catalana. (Hasta ahora, España aplica el Convenio a la población gitana únicamente.) La mala noticia para los independentistas catalanes es que el Convenio Marco no abre ninguna puerta a la autodeterminación.

Para empezar, según el Convenio, la pertenencia o no a una minoría nacional es una cuestión de elección individual, razón por la cual no podría decirse que todos los habitantes de Cataluña pertenecen a la minoría nacional catalana. En segundo lugar, el Convenio “no implica el reconocimiento de derechos colectivos” ni siquiera para los que eligen pertenecer a una minoría nacional, tal como reza el explanatory report. En tercer lugar, el articulado del Convenio deja claro que nada de lo dispuesto en él se puede interpretar en el sentido de que implica un derecho a realizar cualquier actividad o realizar cualquier acto contrario a “la igualdad soberana, la integridad territorial y la independencia política de los Estados”.

Así las cosas, para concretar el acuerdo histórico los independentistas catalanes harían mejor en explorar otras vías menos contraproducentes. Una de ellas sería recordar al PSOE la Declaración que el PSOE firmó en Granada en 2013, en la que admitía sin ambages que el Estado de las Autonomías necesitaba una “reforma en profundidad”. En la página web de los socialistas españoles todavía puede leerse una glosa de la Declaración bajo el evocativo título de Un nuevo pacto territorial para una sociedad plural. Amnistías aparte, el compromiso histórico que busca Puigdemont podría basarse en el mismísimo pacto territorial que el PSOE ya planteó hace una década. El único problemilla es que en 2013 los socialistas fiaban el pacto a una reforma constitucional con un nivel consenso “al menos tan amplio como el que hizo posible la Constitución de 1978″, mientras que ahora estamos hablando del apoyo de un exiguo 51% de los diputados.

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