Aragonès deja para después de la investidura las peticiones de un referéndum en Cataluña

La convocatoria de un referéndum sobre la independencia de Cataluña es “posible, legal y viable, y puede ser una solución compartida para resolver el conflicto político con el Estado”. Así lo ha asegurado este lunes el president, Pere Aragonès, durante una comparecencia en la Generalitat, donde ha dado a conocer las conclusiones del informe que encargó a una comisión de expertos para definir cómo se puede articular una votación acerca del encaje de Cataluña en España. El grupo de nueve juristas y politólogos ha elaborado un documento de 70 páginas y desgrana cinco posibles escenarios. Aragonès ha manifestado que su Govern apuesta sin fisuras por la vía más directa: “Un referéndum a la escocesa. Un sí o un no sobre la independencia”, ha dicho. “Es la manera más clara de conocer la posición de la ciudadanía”, ha justificado. El presidente catalán ha negado que la publicación del informe pretenda encarecer las reclamaciones que hace Esquerra al Gobierno para apoyar la investidura de Pedro Sánchez. “No estamos poniendo ninguna condición nueva”, ha asegurado. Aragonès ha revelado que su intención es convocar a los partidos catalanes para buscar consensos sobre el referéndum, pero ya después del debate sobre la investidura.

El president activó hace medio año a la comisión de expertos para redactar la propuesta del llamado acuerdo de claridad y establecer las condiciones para un referéndum de autodeterminación en Cataluña. El gesto, antes de las elecciones municipales, buscaba reivindicar el ADN independentista de Esquerra, cuestionado por las voces que acusan al partido republicano de actuar con mucha tibieza cuando se sienta a negociar con el Gobierno. El resultado del dictamen se ha dado a conocer ahora, en plenas negociaciones de Esquerra con el Gobierno en funciones para la investidura de Pedro Sánchez. El inquilino de la Generalitat ha señalado que “cada ámbito es el ámbito que es” y considera que el informe va más allá del contexto actual sobre la formación del Gobierno central. “Una vez superado el debate que se llevará a cabo en las próximas semanas sobre la investidura, voy a convocar una mesa de partidos del ámbito del Parlament de Cataluña”, ha anunciado Aragonès. También encargará un informe al Instituto de Estudios del Autogobierno, vinculado a la Generalitat, para que aclare cuál debe ser el “instrumento jurídico concreto” para llevar a cabo las propuestas del informe. Sobre la procedencia de que el referéndum se celebre solo en Cataluña y no en el conjunto de España, Aragonès justifica que preguntar “al territorio afectado” no es “una solución extraña” allí donde se dan conflictos de soberanía.

Antes de reunirse con su Gobierno, el president ha escuchado este lunes las valoraciones del consejo académico a quien encargó trazar las líneas del acuerdo de claridad. El grupo de expertos entiende que lo que procede en Cataluña es la convocatoria de un referéndum acordado con el Gobierno español. El pacto es la vía que más y mejor funciona, ha subrayado el politólogo Marc Sanjaume-Calvet, presidente del comité asesor. El informe apunta que los referendos en un territorio subestatal son la fórmula más habitual en política comparada internacional para resolver conflictos territoriales, opción que tendría la “ventaja de permitir identificar con precisión las preferencias de la ciudadanía de Cataluña sobre la cuestión planteada”.

No obstante, el informe plantea cinco fórmulas para una consulta sobre la autodeterminación pactada con el Estado. La primera consiste en consultar a la ciudadanía de Cataluña sobre la conveniencia de que el Parlament iniciara un proceso de reforma constitucional para contemplar la independencia o un cambio en el encaje territorial.

La segunda, también de ámbito subestatal, sería un “referéndum de ratificación” y consultaría a los catalanes sobre un acuerdo político previamente cerrado sobre la independencia o una nueva acomodación en el seno del Estado. La tercera vía, que los expertos consideran poco recomendable por el “choque de trenes” que implica un resultado diametralmente opuesto, sería un “referéndum de inicio en el conjunto del Estado”. Los expertos proponen como cuarta posibilidad la versión nacional de un “referéndum de ratificación”. Es decir, se sometería a las urnas un acuerdo cerrado por los representantes políticos sobre la soberanía. Se trata de una fórmula que, recuerdan, está prevista dentro de los procedimientos de reforma constitucional de la Constitución.

La última fórmula es una combinación de las anteriores fórmulas e implicaría un referéndum a nivel catalán y otro a nivel nacional. Las consultas podrían ser consecutivas o simultáneas.

El grupo de expertos también recomienda la figura de un mediador internacional que ejerza el papel de bisagra, alegando que el referéndum puede perder “fuerza política” si se intuye como algo más cercano a una parte que a la otra. Marc Sanjaume-Calvet, escogido por el president Aragonès para diseñar el contenido del acuerdo de claridad, ha matizado que la figura del mediador no es “indispensable”, pero ayuda a que el referéndum no sea visto como una herramienta partidista. Sanjaume-Calvet también considera que el Tribunal Constitucional tiene que desempeñar un papel fundamental “de árbitro”, y no de “obstaculizador”.

El acuerdo de claridad bebe directamente de la vía que encontró el Tribunal Supremo del Canadá, en 1998, para dirimir el encaje territorial de la provincia del Quebec. “Un acuerdo debería establecer un mecanismo para dar voz a los ciudadanos y a los actores políticos”, defiende Sanjaume-Calvet. Sin embargo, el propio consejo académico da por sentado que los conflictos territoriales son de resolución “lenta y difícil”, y que no suele ser una buena idea copiar al pie de la letra soluciones que sí han servido para otros casos.

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha arremetido este lunes contra los “poderes profundos” del Estado que “convierten los esfuerzos y acuerdos políticos en papel de fumar”: “Por eso hay que tomar todas las precauciones posibles, siempre”, ha escrito en un texto que ha publicado en las redes sociales. Con su mensaje, Puigdemont invoca de nuevo a la figura del mediador. El expresident dirige las negociaciones de Junts para condicionar la investidura de Sánchez y ha dejado clara su exigencia de que una figura neutral rubrique y fiscalice el cumplimiento de los acuerdos que se puedan sellar en el marco de la investidura.

La portavoz del PSC, Èlia Tortolero, ha rechazado la iniciativa de acuerdo de claridad impulsada por el Govern, y ha subrayado que los socialistas catalanes no están a favor de “propuestas que dividen”.

El portavoz de Catalunya en Comú, Joan Mena, ha animado al PSC a “implicarse” en el debate sobre el acuerdo de claridad propuesto por el Govern, con el objetivo de resolver el “conflicto político enquistado” entre Cataluña y España.

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