El independentismo catalán pone a prueba en la calle su giro pactista

La Diada de Cataluña tiene este año un ojo puesto en Madrid. El desinhibido acercamiento de Junts per Catalunya y Esquerra Republicana con los negociadores de La Moncloa, primero por la constitución de la Mesa del Congreso y ahora por la posible reelección de Pedro Sánchez, ha formalizado el cambio de carril del independentismo oficial y ha desacelerado las arengas que, en la última década, acostumbraban a enardecer el 11 de septiembre en Cataluña. Los dos partidos que controlan el relato político del separatismo coinciden en la conveniencia de adoptar una actitud comedida para poder alcanzar acuerdos con el Gobierno. La estrategia pactista da réditos políticos inmediatos, ambas formaciones acaparan la atención de la investidura y exprimen la rentabilidad de los magros 7 escaños que tiene cada una en el Congreso, pero acarrea el riesgo de generar incomprensión y desapego de las bases. La Assemblea Nacional Catalana (ANC), entidad convocante de la manifestación del 11-S en Barcelona, ya ha advertido a los partidos que no todo vale: “El acuerdo que queremos es la independencia de Cataluña”.

Este lunes, el independentismo catalán pasa su examen de septiembre en la Diada. La ANC ha puesto de relieve que espera a 200 autocares llegados de fuera de Barcelona. El 11-S de 2017, con la ebullición de los preparativos por el 1-O, la ANC desplazó 1.800 autocares a la manifestación de la capital catalana. La entidad está en horas bajas, pero trata de mantener su volumen alto. Este domingo pidió la dimisión de un cargo del Govern, Oriol Duran, después de que este tildara a la presidenta de la ANC, Dolors Feliu, de “Doña Pureza”.

Junts per Catalunya y Esquerra Republicana ostentan, desde la noche del 23 de julio, el papel de árbitro de la gobernabilidad de España, un rol que ambos partidos desempeñan sin dar muestras de incomodidad. Nada que ver con los equilibrios que, en su día, hizo Esquerra para camuflar la negociación con el Gobierno por los indultos de los políticos condenados por el referéndum del 1-O y muy lejos de las manifestaciones con que Junts ha censurado los acercamientos con el Gobierno. “No vamos a Madrid para investir a ningún presidente español, no es el objetivo”, afirmó durante la campaña Míriam Nogueras, líder de Junts en el Congreso. El propio Carles Puigdemont, prófugo de la justicia española, afirmó hace dos meses que se siente un “perseguido político” por el Gobierno.

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Pere Aragonès: "La amnistía no es el final del camino y el Estado lo sabe"

Puigdemont diseña personalmente la estrategia negociadora de Junts con el Gobierno en funciones, “no tiene ningún cargo en el partido y nadie le pide responsabilidades”, observa una fuente cercana a la dirección de Junts, y ha logrado silenciar las voces críticas que cuestionan el volantazo táctico dado por la formación posconvergente. El 17 de agosto, apenas un par de horas antes de que Francina Armengol se convirtiera en presidenta del Congreso, Junts convocó a su ejecutiva en una reunión telemática, donde el secretario general, Jordi Turull, expuso que las directrices del expresident eran claras: había acuerdo con el PSOE. Nadie replicó.

La demanda de una amnistía para los encausados por el procés es la red que sostiene a Junts y a Esquerra mientras negocian la posible reelección de Pedro Sánchez. Los republicanos han celebrado públicamente que Junts y Puigdemont “hayan puesto las bases para entrar a hacer política”. En su manifiesto por la Diada, JxCat avisa que no ha renunciado ni renunciará a la unilateralidad “como recurso legítimo” para hacer valer sus derechos. El partido se reafirma en la “legitimidad” del 1-O. Las negociaciones por la composición de la Mesa del Congreso, primero, y por la investidura del presidente, ahora, han centrado los focos sobre la figura del expresidente catalán huido a Bélgica, y ese protagonismo escuece en Esquerra. El president Pere Aragonès ha advertido, en una entrevista a El Periódico, que será el Govern quien negocie cualquier cuestión que afecte el conflicto político entre Cataluña y el resto de España. “Si se termina ofreciendo la posibilidad de abordar la resolución, entonces aquí ya tendremos que estar todos”.

El independentismo propagó durante tiempo que lo único que tienen que hablar los políticos catalanes en Madrid son los términos del divorcio entre Cataluña y España, algo que ERC matizó en la pasada legislatura para cerrar acuerdos con el Gobierno. Junts, que está fuera de la Generalitat y no manda en ninguna de las cuatro capitales catalanas, también ha evolucionado el argumento. De su lista de demandas para apoyar al presidente en funciones, incluso ha hecho desaparecer las referencias a la autodeterminación.

La Diada supone una prueba de fuego pública para los dos partidos independentistas y su estrategia de pacto con el PSOE y Pedro Sánchez. El año pasado Aragonès y los altos cargos de ERC decidieron no acudir a la manifestación de Barcelona, alegando sentirse perseguidos públicamente por su estrategia negociadora con el Gobierno. Junts, que instigó los reproches del independentismo más radical a ERC, se ha acercado al pactismo. La Diada evaluará en la calle qué impacto tiene este cambio de rumbo.

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