La Generalitat consultará a 800 catalanes elegidos por sorteo sobre su hoja de ruta para el referéndum pactado

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès (ERC), se había puesto como objetivo para 2023 tener lista su propuesta de “acuerdo de claridad”, es decir, las reglas y condiciones que desea pactar con el Gobierno central para la eventual celebración, en un futuro, de un referéndum acordado sobre la independencia. Aunque el Ejecutivo de Pedro Sánchez se niega en redondo a negociar esa cuestión y el Parlament ha votado en contra de la iniciativa, el republicano insiste en su idea y este martes ha explicado los siguientes pasos, que incluyen una comisión de expertos y tres procesos participativos: uno con partidos, otro con entidades y un tercero con ciudadanos. El plan es que, después del verano, 100 vecinos elegidos “por sorteo” de cada una de las ocho veguerías catalanas (demarcaciones territoriales establecidas por la Generalitat, que no coinciden con los límites provinciales) participen en grupos de debate, que complementarán el trabajo con una mesa de partidos y otras de entidades. Y que el resultado final sea presentado al Gobierno central a finales de este año o principios de 2024. “Nuestra voluntad no se para en función de quién este en La Moncloa”, ha respondido Aragonès respecto a un posible cambio de color en el Ejecutivo central tras las elecciones generales.

El jefe del Govern ha intentado espantar todas las sombras respecto al rechazo que en un sector del independentismo genera la propuesta que él mismo lanzó en septiembre, en el Debate de Política General en el Parlament. “Si alguno cree que esta no es la solución, que diga cuál es la suya. Estoy abierto a escuchar alternativas”, ha dicho, en una referencia velada a Junts y la CUP, que siguen insistiendo en la vía de la ruptura unilateral para conseguir la independencia pero sin ningún tipo de concreción.

Esta misma tarde, el expresident y líder de Junts Carles Puigdemont, fugado en Bélgica, ha despreciado los planes de la Generalitat: “La propuesta de acuerdo de claridad fue rechazada por el Parlament. Es indiscutible que no tiene el consenso necesario. Las propuestas de referéndum acordado con España han sido rechazadas cada vez que se han planteado”, ha tuiteado Puigdemont. Y ha añadido: “Quienes han aceptado el marco del independentismo constitucional no tienen legitimidad suficiente para deshacer el camino colectivo y arrastrar al resto a una deriva que puede que reporte beneficios personales y de partido, pero ninguno a Cataluña y los catalanes”.

Por otro lado, ante la oposición también reiterada del Gobierno central a la celebración de ese referéndum, el president Aragonès ha reivindicado que solo un gran consenso interno, social y político en Cataluña puede reforzar la posición en una mesa de diálogo que, espera, siga adelante, independientemente de quién sea el inquilino de La Moncloa.

Los últimos datos del barómetro del Centro d’Estudis d’Opinió han servido de argumento a Aragonès para justificar su apuesta por el referéndum acordado: el apoyo a esa consulta alcanza el 77%, e incluso entre los contrarios a la independencia roza el 60%. Entre los votantes del PSC supera el 71% de los encuestados. El president cree que esa realidad sociológica facilita el proceso de gestación del “acuerdo de claridad”, un modelo inspirado en la ley canadiense que en el año 2000, tras una decisión de la Corte Suprema, estableció las condiciones en las cuales el Gobierno de Canadá podría autorizar una votación de independencia en la provincia de Quebec. Aragonès, sin embargo, ha insistido en que no se busca trasponer modelos, sino crear uno propio.

El Govern, ha dicho el dirigente de ERC, asume la responsabilidad de la propuesta final. Pero fuentes del Gabinete de la presidencia han explicado que la voluntad es que un órgano “independiente” vele por el acento “científico” y estructurado que se quiere dar a todo ese proceso de diálogo. El president próximamente hará públicas varias preguntas que considera se han de responder dentro del diseño del acuerdo. Un grupo de expertos, bajo la batuta del doctor en Teoría Política y profesor de la Universidad Pompeu Fabra Marc Sanjaume, se encargará de hacer un primer informe, recogiendo los interrogantes lanzados por el Ejecutivo. Aragonès se ha comprometido a que esa comisión de sabios incluya diferentes sensibilidades y posicionamientos teóricos.

La voluntad del Govern es alejar este debate de las elecciones municipales del 28 de mayo, con lo cual ese primer informe estará listo después de la conformación de los Ayuntamientos. Será convocada en primer lugar la mesa de partidos con representación en el Parlament (Aragonès sí ha dejado claro que no invitará a Vox), y paralelamente la de entidades y grupos organizados. En esta, por ejemplo, podría participar la Assemblea Nacional Catalana (ANC), que ya se ha mostrado contraria a la propuesta del president. Ese debate se podría solapar con los preparativos de la manifestación de la Diada del 11 de septiembre. Esa efeméride, el año pasado —cuando se cumplían 10 años del inicio del procés—, marcó el inicio del divorcio entre ERC, Junts y el independentismo a pie de calle.

Aragonès ha ubicado en “el otoño” la celebración del más novedoso de los puntos de su plan: un proceso participativo, mediante la metodología de los grupos de discusión, en las ocho veguerías catalanas. En cada una de esas sesiones se trabajará con 100 ciudadanos escogidos “mediante sorteo”. El president no ha querido dar más detalles, pero fuentes de su entorno indican que la idea es buscar un sistema similar al que asigna, por ejemplo, la responsabilidad de las mesas de votación en unas elecciones; pero, en este caso, sin ningún tipo de obligatoriedad. Así se pretende asegurar que no sea una discusión solamente entre personas cercanas a partidos, sino que se llegue a “la Cataluña completa”. El mecanismo de elección aún se ha de perfilar y la voluntad del Ejecutivo es que su supervisión sea independiente.

Tras estos tres procesos participativos, de nuevo la comisión de expertos intentará hilvanar su documento inicial con las ideas surgidas en los debates abiertos. Aragonès se ha mostrado confiado en que la fuerza de ese consenso permita lograr finalmente la luz verde del Parlament. “No me imagino a un independentista que no apoye un referéndum”, ha subrayado. Como último paso, la propuesta ya elaborada será elevada a la mesa de diálogo con el Gobierno central. El president ha restado importancia al hecho de que esa hipotética mesa tenga que abordar un asunto tan espinoso en plena campaña de las generales de final de año y eso haga más difícil convencer al Ejecutivo. “Siempre habrá elecciones”, ha dicho.

Tanto Junts como la CUP han criticado los planes de Aragonès. Incluso En Comú Podem, que llegó a hacer una primera propuesta en esa línea cuando ese espacio lo lideraba Xavier Domènech, muestran sus reticencias. Solo ERC ha presentado una propuesta que, insiste, está abierta al debate. Los republicanos, de hecho, han incluido su plan en su última ponencia política, inspirada en las experiencias canadiense, escocesa y montenegrina. En primer lugar, proponen, la pregunta sometida a votación de los catalanes tendría que ser clara, “como la del referéndum del 1 de octubre de 2017″ (aquella fue: ¿quiere usted que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república?); el censo incluiría a los mayores de 16 años (como en Escocia); y el comienzo de una negociación bilateral con el Gobierno central para consumar la secesión comenzaría si el sí lograse en esa votación más del 55% de los votos y la participación superase el 50% (el baremo utilizado en la exrepública serbia de Montenegro).

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