La Generalitat salva con una nueva licencia ambiental a la cementera de Montcada que la justicia había ordenado cerrar

Justo cuando parecía que todo estaba a punto para que cerrara, la cementera de Montcada i Reixac (Barcelona) vuelve a tener un as en la manga. El departamento de Acción Climática ha otorgado una nueva licencia ambiental a la fábrica Holcim (la antigua Lafarge), según ha anunciado la compañía este viernes. Esto permite a la cementera seguir funcionando pese a que, hace poco más de tres años, la justicia anuló la anterior autorización ambiental por irregularidades administrativas. Pero la fábrica nunca dejó de funcionar. Mientras la justicia llegó a ordenar a la Generalitat, en febrero del año pasado, que preparase el cierre en cumplimiento de la sentencia pese a que aún no era firma, la empresa ya había iniciado el procedimiento administrativo para tener la nueva licencia ambiental que ha conseguido. “La nueva autorización resuelve la situación creada con la anterior, en cuya tramitación se incurrió en un defecto de forma”, celebra la compañía en un comunicado, donde explica que el trámite se inició un año antes de la advertencia sobre la ejecución del fallo. Los vecinos del barrio de Can Sant Joan, el más cercano a la cementera, ya anuncian que recurrirán la resolución.

La lenta pero compleja batalla de los vecinos contra las emisiones de la fábrica, empezó después de que denunciaran la autorización ambiental que consiguió la empresa en 2008. En los años siguientes la justicia dio la razón en varias sentencias a los vecinos, al confirmar que existían irregularidades administrativas en su trámite. El entonces consejero de Medioambiente del tripartito, Francesc Baltasar (ICV), otorgó la licencia sin haber respetado el periodo de información pública, ya que se aprobó en el mismo día en que se publicó el estudio ambiental. Pese a que desde entonces la Generalitat siguió autorizando a la compañía a continuar fabricando cemento (la última renovación de la licencia fue en 2017) tanto el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) como el Tribunal Supremo entendían que la licencia original era nula y, sin entrar en el fondo de la cuestión (de si la empresa cumple o no los requisitos ambientales), no dieron validez a la autorización. En enero de 2020 el TSJC anuló la licencia; en octubre de 2021 el mismo tribunal llegó a informar a la Fiscalía por si quería actuar penalmente contra la Generalitat, y en febrero del año pasado ordenó a la administración catalana que cumpliese con el fallo y preparase el cierre.

Tanto el Govern como la empresa daban largas. Por un lado, en el plano jurídico: mientras que una de las sentencias que anulaba la última renovación de la licencia sí que era firme, otra estaba pendiente de un recurso. Por otro, en el plano administrativo, en marzo de 2021, la compañía inició un nuevo procedimiento para pedir una nueva licencia ambiental, y tanto la empresa como la Generalitat se resistían al cierre porque entendían que podían resolverlo con una nueva autorización. Así ha sido, con la que se ha otorgado este viernes. El permiso “posibilita que la planta continúe con su actividad y que, al igual que la anterior, cumple con la más estricta normativa vigente en materia medioambiental. Con esta resolución favorable se pone de manifiesto, tal y como ha venido defendiendo la compañía, que la planta reúne todas las garantías ambientales exigidas”, señala Holcim en el comunicado, en el que enfatiza que se ha cumplido con todos los trámites. Fuentes del departamento de Acción Climática expresan que la autorización se ha dado “tras un procedimiento lo más estricto que permite la normativa”.

La compañía siempre ha dicho que este asunto se explica solo por un defecto de forma y que por este motivo una nueva autorización lo resuelve. Pero los vecinos dicen que va más allá. “Leeremos con tranquilidad la autorización, y la recurriremos, porque nos parece una vergüenza que hayan dado una autorización basándose en un permiso que no existe [el que la justicia declaró nulo]”, dice José Luis Conejero, portavoz de la asociación de vecinos del barrio de Can Sant Joan. “Si querían una nueva autorización, tendrían que haber empezado los trámites como si fuese una nueva empresa, pero han presentado datos ambientales de hace más de diez años. Además, si fuese una nueva empresa, no podrían llevar a cabo su actividad por la moratoria de incineración de residuos”, señala en referencia a la que anunció la Generalitat en noviembre de 2021. La cementera quema residuos como sustituto de una parte de los combustibles fósiles que usa para hacer funcionar el gran horno con el que se fabrica el cemento. “La Generalitat está jugando claramente a favor de una parte y en contra de la otra, no ha sido imparcial”, lamenta Conejero. El Ayuntamiento de Montcada i Reixac, en manos de ERC y los comunes y que también pide el cierre, también espera a conocer el detalle de la nueva autorización para anunciar medidas.

El comité de empresa de la fábrica de Holcim también ha celebrado la obtención de la nueva autorización, con la que, afirman, se asegura la continuidad de los puestos de trabajo. “Con esta resolución, se garantiza que todas las familias vinculadas a la planta mantengan su puesto de trabajo”, ha expresado la presidenta del comité, Conchi Jiménez, de UGT. La empresa y el comité explican que para la fábrica trabajan, de manera directa o indirecta, unas 300 personas, aunque los directos son unos 90.

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