La cementera de Montcada sigue activa pese a la anulación de su licencia ambiental

Muchos la han visto, presidiendo la entrada de Barcelona por la C-17: una enorme estructura industrial de tubos, almacenes y silos de la que emergen chimeneas humeantes. Esta fábrica cementera, propiedad de la sociedad francesa LafargeHolcim, se sitúa a poco más de un centenar de metros de una escuela y del principio de un barrio, el de Can Sant Joan del municipio de Montcada i Reixac. Parte de la historia del barrio se escribe por la lucha vecinal contra las emisiones que genera la fábrica, cuyo futuro ahora está en la cuerda floja. Después de un periplo judicial de más de diez años, los vecinos consiguieron recientemente una nueva sentencia (la cuarta, y que aún se puede recurrir) que acredita que la licencia ambiental de la cementera es nula porque la Generalitat incurrió en infracciones al concedérsela en 2008. El Ayuntamiento de Montcada pide el cierre inmediato de la planta, mientras que la Generalitat evita dar el paso. Los responsables de la fábrica y los trabajadores defienden su actividad, que no ha parado. Aseguran que se trata de un fallo administrativo, y que cumplen con todos los requisitos ambientales.

Montcada i Reixac es una ciudad que resiste a los muchos castigos de ser un municipio de la periferia barcelonesa, atravesado por la carretera, la autopista y por la vía del tren. A ello se le suma la cementera. El paisaje de algunas de las calles del barrio de Can Sant Joan está completamente dominado por las instalaciones industriales. Se ve la fábrica, el humo y hasta se percibe el ruido. Los vecinos creen que por poco tiempo, ya que la justicia les da la razón. A finales de octubre, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) declaró nula y dejó sin efecto la licencia ambiental de LafargeHolcim, e informó expresamente de ello a la fiscalía por si considera pertinente investigar responsabilidades penales en la actuación de la Generalitat.

El recorrido judicial sobre la autorización empezó en 2008, cuando Francesc Baltasar, de ICV, era consejero de Medioambiente en el tripartito. Otorgó una licencia ambiental a la cementera que fue recurrida por los vecinos porque no había respetado el periodo de información pública: se aprobó la licencia el mismo día en que se publicó el estudio ambiental. El juez falló a favor de los vecinos, pero la Generalitat siguió dando autorización a la fábrica en base al mismo estudio ambiental, modificándolo con cambios no sustanciales. El asunto continuó en los tribunales, con victorias en el TSJC y en el Tribunal Supremo: los jueces entendían que la licencia original era nula por ese defecto administrativo, y por ello no entraba a valorar el fondo.

“La empresa no puede producir. Está intentando ganar tiempo, ahora con un recurso, pero volveremos a ganarlo”, afirma José Luis Conejero, presidente de la asociación de vecinos del barrio. El Ayuntamiento de Montcada i Reixac apoya el cierre de la planta. De hecho, los partidos en el gobierno municipal, En Comú Podem y ERC, lo llevaban en su programa electoral. “Hemos pedido que se haga efectiva la sentencia. Es inadmisible que continúe funcionando: si no tienes licencia no puedes trabajar”, explica la alcaldesa Laura Campos, que ha pedido a la Generalitat un estudio epidemiológico sobre el impacto de la cementera, desacartado por el Govern. “Pero lo vemos en los ambulatorios, alergias, problemas respiratorios…”, asegura la alcaldesa.

La Generalitat no contesta cómo va a dar cumplimiento a la sentencia, ya que entiende que todavía hay tiempo. Y así lo ven los responsables de la fábrica. “Las sentencias en ningún momento cuestionan el comportamiento ambiental de la planta ni dicen que se tenga que parar la actividad. Además, esta no es firme”, dice Vicente Pedro, director de la fábrica, enfundado en mono de trabajo, casco y gafas protectoras. “Hemos invitado al Ayuntamiento y a los vecinos a que visiten la fábrica, pero no quieren venir. Me cuesta mucho entender su posición, porque solo se trata de un defecto de forma, que tiene que solucionar la administración, y además estamos tramitando la adecuación de la autorización ambiental. Durante todo este periodo, hemos ido consiguiendo los permisos ambientales y cumplimos todos los límites de emisiones”, destaca. Pedro señala que la planta genera unos 20 millones de euros anuales de impacto en la ciudad, y que emplea a 85 trabajadores directos y 230 indirectos, todos en contra del cierre: “Nos sentimos muy mal, porque está en riesgo el futuro de más de 300 familias. Estamos pagando un error administrativo, cuando el comportamiento ambiental es adecuado”, dice Contxi Jiménez, presidenta del comité de empresa, liderado por UGT. Jiménez cree que los vecinos tienen “una fijación” con la cementera. Bernardo Fuertes, responsable de acción sindical de UGT, advierte que el error administrativo tiene que solucionarse, y buscar un equilibrio para conservar los puestos de trabajo a la vez que se garantiza el respeto al medio ambiente.

El director de la fábrica defiende con orgullo la actividad de esta planta fundada en 1917, y explica en detalle cómo funciona una cementera: la elaboración del clínker a partir de caliza y otros minerales que se funden en un enorme horno cilíndrico a 1.500 grados, la mezcla de este producto con yeso para formar cemento, el añadido de otros elementos como cenizas volantes para conseguir distintos grados de resistencia... “Reaprovechamos gases y lo utilizamos todo, esta planta no tiene apenas residuos”, dice.

De 2008 a 2020 la empresa ha invertido 16 millones de euros en mejoras en eficiencia y ambientales. Algunas de estas mejoras respondían a las demandas de décadas de reivindicación vecinal y eran pasos para adecuarse a los requerimientos judiciales y a los requisitos ambientales y de molestias por ruido. El presidente de la asociación de vecinos muestra recipientes de polvo gris oscuro recogido hace diez años: “Esto es lo que retirábamos de los tejados o de encima de los coches. Hasta había en el barrio una empresa especializada en la limpieza de coches de las cenizas de la fábrica, se tenían que lavar con salfumante o vinagre. Tras aplicar unos filtros las chimeneas ya no echan tanto”, explica.

Pese a la mejora en los últimos años, la cementera continúa emitiendo gases y partículas contaminantes que los vecinos consideran inaceptables, y muchos de ellos vienen de una práctica que la industria del cemento empezó a llevar a cabo a principios de los 2000 y que con la crisis de la construcción fue en aumento: la incineración de residuos como sustituto de combustibles fósiles para hacer funcionar la fábrica. El negocio es redondo: al hacerse cargo de los residuos (los que van al contenedor gris, pero también restos de plásticos, ropa, papel, madera, que se suman a las harinas cárnicas y lodos de depuradora que no se pueden reciclar), la empresa cobra de la administración. Y al usar estos residuos para la combustión necesaria para fabricar cemento en lugar del combustible fósil que se usa habitualmente (la proporción es ahora de un 50% para coque de petróleo y 50% de residuos en LafargeHolcim), reducen emisiones de CO2, y pueden vender los derechos de emisión no aprovechados.

Pero la quema de residuos también emite partículas, y Mercè Girona, del Centro de Ecología y Proyectos Alternativos (CEPA), avisa que algunas de ellas son muy tóxicas. “La directiva europea obliga a controlar una parte de las partículas en el aire, pero otra parte la deja al control de los estados. Es el caso de los compuestos orgánicos volátiles, que surgen de la quema de residuos”, explica. Hidrocarburos policíclicos aromáticos, furanos, dioxinas, cianuro de hidrógeno, cloro, entre otros, según se resume en el registro estatal PRTR del Ministerio para la Transición Ecológica. “Sobre estos, se controla la media anual de emisión de todos ellos en conjunto, pero algunos son mucho más tóxicos que otros, y la regulación es muy laxa. Por eso, aunque la empresa diga que cumple con los parámetros, no significa que no contamine”, añade.

Lo cierto es que no hay ningún estudio específico sobre el impacto de esta cementera en la salud de los vecinos. Las dos partes aportan datos que se aproximan a su causa. Uno de la Universidad Carlos III de Madrid apunta que las personas que viven cerca de una incineradora tienen más riesgo de sufrir cáncer. “La empresa, a fuerza de repetir cosas que no son verdad, parece que lo sean. Las partículas entran en el organismo, cada vez hay más casos de cáncer y problemas respiratorios”, dice el presidente de la asociación de vecinos. “Este relato es falso, si la ley garantiza la salud y cumplimos con las emisiones, ¿en qué se basan?”, replica el responsable de la empresa.