La justicia ordena a la Generalitat preparar el cierre de la cementera de Montcada por falta de licencia ambiental

Sigue la cuenta atrás para que se decida el futuro de la fábrica de cemento que la multinacional francesa Lafarge Holcim tiene en Montcada y Reixac (Barcelona). Los vecinos del barrio de Can Sant Joan, que linda con la fábrica, a los que se ha unido el Ayuntamiento de Montcada, llevan años de batallas judiciales contra la cementera, cuya licencia ambiental siempre han puesto en tela de jucio. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) anuló la última autorización ambiental concedida por la Generalitat por irregularidades administrativas, y ahora insta al Gobierno autonómico a preparar el “cierre, clausura y precinto” de la actividad de la multinacional, aunque aplaza esta medida hasta que se resuelva un último recurso. La empresa, por su parte, pide a la Generalitat que regularice su licencia, asegura que se trata de un error administrativo y que cumple con todos los límites de emisiones. Los trabajadores se han manifestado este lunes frente al Ayuntamiento para protestar contra la amenaza de cierre.

El pasado octubre, los vecinos consiguieron que la justicia les diese la razón en la batalla judicial en la que ya llevan diez años. El TSJC decretó que la licencia ambiental de la cementera de Montcada es nula porque la Generalitat incurrió en infracciones al concedérsela en 2008. El asunto se remonta a cuando el entonces consejero de ICV Francesc Baltasar otorgó una licencia ambiental sin respetar el periodo de información pública, concediéndola el mismo día en el que se publicaba el estudio ambiental. Pese a que el juez consideró nula la licencia, la Generalitat siguió dando autorización a la fábrica en base al mismo estudio ambiental, modificándolo con cambios no sustanciales. La última sentencia del TSJC, la cuarta en este sentido, añade un aviso a navegantes, al informar a la fiscalía expresamente por si quería investigar responsabilidades penales de la Generalitat.

La cementera, pues, mantiene la actividad pese a no tener una licencia ambiental en vigor, y la Generalitat aún no ha explicado cómo procederá, porque entiende que aún hay tiempo. En un nuevo auto, el TSJC destaca que “la consecuencia jurídica de la falta de licencia o autorización (al haber quedado anulada por sentencia firme) no puede ser otra que la clausura de la actividad, pues la apertura clandestina de establecimientos comerciales e industriales, o su ejercicio sin la necesaria licencia de actividades exigida, obligan a adoptar la medida cautelar de clausurar el establecimiento o paralizar la actividad”. La última renovación de la licencia ambiental es de 2017, y el tribunal recuerda que esta quedó anulada mediante dos sentencias, una de ellas firme, y la otra pendiente de un recurso. Es por este motivo que el tribunal, aunque insta a la Generalitat a tomar medidas para el cierre de la fábrica, las aplaza hasta que se resuelva el recurso.

En un comunicado, la empresa destaca que todo se debe a un “defecto de forma” y que “la actividad y el comportamiento ambiental es conforme a la norma de aplicación, cumpliendo los máximos estándares ambientales europeos”. Por este motivo, Lafarge Holcim insta a la Generalitat a que concluya la tramitación del expediente que tiene en marcha para regularizar la situación de la fábrica.

UGT, el sindicato mayoritario en el comité de empresa, se ha manifestado este lunes frente al Ayuntamiento de Montcada i Reixac. En un comunicado, el sindicato ha asegurado, tras reunirse con la alcaldesa, que inicia un periodo de movilizaciones para defender “300 puestos de trabajo”, de los que 85 son empleos directos.