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Tusquets afirma que las elecciones a la Cambra en 2019 fueron irregulares: “Todos los acuerdos hasta ahora pueden invalidarse”

El empresario, que no aclara si se presentará a los comicios previstos para este año, destaca que el TSJC está unificando el criterio de sus sentencias a favor de los demandantes

Josep Catà Figuls
Carlos Tusquets
Carlos Tusquets, presidente de Grupo Trea y de Banco Mediolanum.Cinco Días

Las elecciones a la Cámara de Comercio de Barcelona de 2019, en las que el movimiento independentista dio la campanada al ganar la presidencia con una candidatura propia, todavía colean. El empresario Carles Tusquets, que se presentó a esos comicios para ocupar un asiento en el pleno de esta corporación de derecho público, ha resumido en una rueda de prensa este lunes todas las actuaciones judiciales que ha llevado a cabo desde entonces para denunciar que en el proceso hubo irregularidades. Su abogada, Mercedes Cuyás, ha presentado 20 demandas en juzgados de lo contencioso administrativo, y solo dos desestimaron sus acusaciones. Todas se recurrieron en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), y este ya ha resuelto media docena de recursos, unificando criterio a favor de Tusquets. Las sentencias no son firmes, porque se pueden recurrir al Tribunal Supremo, pero el empresario advierte de que, si se confirma, todas las decisiones y acuerdos tomados por la Cambra desde 2019 pueden invalidarse.

En mayo de 2019, la Cambra vio cómo una candidatura independentista, Eines de País, impulsada por la Assemblea Nacional Catalana irrumpía en el proceso electoral, que cogió al tradicional sector empresarial con el pie cambiado. Eines de País ganó la mayoría de asientos en el pleno, que eligió al empresario Joan Canadell como presidente —un año y medio después, Canadell entró en política como diputado de Junts per Catalunya, y poco después dejó el cargo en la Cambra, en el que fue relevado Mònica Roca, también de Eines de País—. Desde las elecciones, los candidatos Tusquets, Ramon Masià y unos veinte electores las impugnaron para denunciar irregularidades en el proceso, principalmente por el voto electrónico en remoto.

“Entendimos que había una vulneración de derechos fundamentales, y por eso iniciamos un procedimiento por esta vía, que es mucho más compleja que la ordinaria, pero que también tiene que ser más rápida: contando los recursos, se tendría que haber resuelto en un año como máximo, y llevamos cuatro, principalmente por los recursos que han puesto la Cambra y la Generalitat”, ha dicho Cuyás. La abogada ha resumido las irregularidades con el criterio que han seguido las sentencias del TSJC: “Todas dicen que se violaron los derechos fundamentales de las personas que fueron a votar. El sistema los identificó, incorporó su voto, pero una vez ya se cerraron las elecciones, un sistema de auditoría sacó parte de los votos, los puso bajo sospecha, se hicieron comprobaciones estrambóticas y se anularon parte de los votos en remoto, en concreto, más de 600″.

Las sentencias del TSJC —la última es de junio de 2022— indican, ha explicado Cuyás, que el voto electrónico en remoto no era robusto (no había una doble autenticación del votante) y que la auditoría vulneró la privacidad de datos de los votantes, ya que para hacer las comprobaciones los llamaron. En paralelo, otra sentencia ya anuló el decreto de la Generalitat que reguló los comicios, pero todavía no se ha ejecutado.

Tusquets ha asegurado que de no haber habido estas irregularidades, el resultado de las elecciones sería distinto. Participaron 17.000 votantes, que elegían a 40 “epígrafes” (los asientos del pleno para representantes de distintos sectores económicos). El pleno se completaba con seis sillas para representantes que elegían directamente las patronales catalanas, y con 14 sillas “de plata” para grandes empresas que hacían una aportación importante a la Cambra. “En una docena de epígrafes el resultado fue muy justo. Estamos absolutamente convencidos de que, si se hubieran hecho las cosas bien, la actual composición del pleno no sería así, y el comité ejecutivo de la Cambra, tampoco”, ha dicho Tusquets. En consecuencia, todos los acuerdos que ha adoptado este comité “deben ser cuestionados”. Entre estas decisiones está la de reducir de 14 a dos las sillas de plata. “Si se ejecutan las sentencias, algunos acuerdos se invalidarán, y otros sobre los que no se pueda actuar, comportarán una indemnización”, ha añadido Cuyás.

Nuevas elecciones este año

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El empresario no ha aclarado si se presentará a las nuevas elecciones a la Cambra, que se prevén para este año, que aunque todavía no tienen fecha tienen que ser antes de noviembre. “No lo sé, yo lo que quiero es que las reglas del juego estén claras. Si vuelve a ser el mismo sistema, pues no”, ha dicho. De momento, el departamento de Empresa y Trabajo prepara un decreto para regular las próximas elecciones, y en la versión provisional se prevé el uso otra vez del voto electrónico remoto, y se ha licitado la auditoría sobre el proceso a la misma empresa que ya lo hizo la última vez. Con todo, Tusquets ha destacado que tiene “confianza en que el departamento no volverá a cometer los mismos errores”.

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Sobre la firma

Josep Catà Figuls
Es redactor de Economía en EL PAÍS. Cubre información sobre empresas, relaciones laborales y desigualdades. Ha desarrollado su carrera en la redacción de Barcelona. Licenciado en Filología por la Universidad de Barcelona y Máster de Periodismo UAM - El País.

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