Laura Borràs se aferra a su núcleo de fieles para evitar que el juicio por corrupción la expulse de la política

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) sienta a partir de este viernes a Laura Borràs en el banquillo de los acusados para pedirle cuentas de las prácticas de corrupción en las que, supuestamente, incurrió cuando estaba al frente de la Institució de les Lletres Catalanes. La Fiscalía sostiene que la presidenta de Junts per Catalunya troceó contratos públicos para beneficiar a un conocido suyo y pide para ella una condena de 6 años de prisión y 21 de inhabilitación, además de una multa de 144.000 euros, por prevaricación y falsedad documental. Borràs insiste en que su caso es un ejemplo de la “represión política” que aplican sobre el independentismo catalán las instituciones del Estado y en los últimos días ha tratado de azuzar a sus incondicionales para escenificar una movilización de apoyo a las puertas del tribunal. Ante el riesgo de que su carrera política reciba una estocada en forma de sentencia condenatoria, la líder de Junts busca prorrogar su crédito exprimiendo el carisma que tiene entre las facciones más exaltadas del independentismo. No tirará, sin embargo, de una de sus herramientas más recurrentes, las redes sociales. Borràs publicó un vídeo el jueves por la tarde para informar de que durante el juicio va a minimizar su presencia pública y sus interacciones, aunque no deja la presidencia de Junts. “No estaba preparada para esto y necesito hacer un paréntesis”, apunta en la filmación.

El gran problema de Borràs ahora es que otro encausado en su proceso, el informático Isaías Herrero, está pactando con el fiscal confesar los hechos y culparla a ella de haberle recomendado fragmentar los contratos. El abogado de Borràs, Gonzalo Boye, da por hecho que un tercer acusado, que tuvo una participación menor en la trama, también tiene un acuerdo con la Fiscalía. Boye ha presentado justo antes del juicio un escrito ante el tribunal en el que señala que los dos supuestos cómplices de la líder independentista “se han transformado en coacusadores”. Además, afirma que lanzan acusaciones “compensadas, bonificadas o pagadas”.

De puertas hacia afuera, Junts per Catalunya trata de amplificar el mensaje de su presidenta. “Es un caso de persecución política, preservemos los derechos fundamentales”, proclama la formación, que ha dispuesto autocares desde diversos municipios de Cataluña para lograr una movilización concurrida. Sin embargo, en la foto del juzgado no saldrá finalmente Xavier Trias, candidato de Junts por Barcelona en las próximas elecciones municipales y que, actualmente, es una de las figuras más emblemáticas del partido. El jueves por la noche anunció que no acudiría a la concentración: “Ya le he dado apoyo, sé lo que es pasarlo mal”, ha dicho el exalcalde. “Desde Junts cerramos filas y acompañaremos todos a la presidenta Borràs”, replicó Josep Rius, portavoz del partido. “Si Laura Borràs no fuera independentista, no habría juicio”, insistió Rius que, por otra parte, evitó responder qué efecto podría tener en el organigrama del partido una hipotética condena a su máxima dirigente.

Junts decidió en verano poner un blindaje a su presidenta. En un congreso, la formación estableció que las personas procesadas por corrupción en casos donde el partido crea que hay lawfare (persecución judicial por motivos políticos) no serán suspendidas ni expulsadas. Caso aparte es qué escenario político deja para Junts per Catalunya tener a su jefa involucrada en una causa por corrupción a las puertas de las elecciones municipales.

Desde el entorno de Borràs se pone de relieve que, ante la gravedad de las penas que afronta, la presidenta de Junts ha recibido reiterados consejos de que explore un pacto con la Fiscalía. Una posibilidad que tanto la política como su abogado han descartado. La acusada defiende que su gestión al frente de la Institució de les Lletres Catalanes fue pulcra y que un pacto para rebajar la condena implicaría admitir unas irregularidades que no cometió.

Quien sí tiene adelantado un pacto con la Fiscalía es Isaías Herrero, el informático al que supuestamente benefició Borràs con contratos a dedo. Herrero persigue una rebaja de la condena de seis años de cárcel a la que se enfrenta. El informático explicará que siguió las instrucciones de Borràs. Esta versión de los hechos deja muy expuesta a la política independentista y supone un giro de guion al argumentario que las defensas habían confeccionado a lo largo de la fase de instrucción, donde optaron por articular una defensa conjunta. Las situaciones no son parejas. El informático fue condenado en diciembre de 2019 a cinco años de cárcel por tráfico de drogas. Una nueva condena eleva ahora de manera extraordinaria el riesgo de acabar entre rejas.

El juicio a la dirigente de Junts ha hecho más profunda la trinchera que separa al independentismo. Nadie del Govern va a acudir a la concentración de apoyo. Esquerra Republicana niega que la causa que afronta Borràs tenga que ver con el independentismo o con las consecuencias judiciales que desencadenó el referéndum del 1 de octubre de 2017. La misma tesis defienden la CUP y Òmnium Cultural, que tampoco acudirán. La Assemblea Nacional Catalana (ANC), en cambio, sí movilizará a sus mandos. “Como independentista que es no tendrá suficientes garantías judiciales ni protección de la presunción de inocencia”, sostiene la entidad. También el Consell per la República que comanda Carles Puigdemont se apunta a la defensa de Borràs, alegando que la entidad ha prestado aliento “a todas las personas represaliadas por la justicia española, sea cual sea la excusa legal utilizada para enmascarar, como es el caso, casos flagrantes de lawfare”.

En julio, ERC, la CUP y el PSC impulsaron la suspensión de Laura Borràs como diputada del Parlament, lo que implicó automáticamente que se tuviera que apartar de sus funciones de presidenta de la institución. Borràs protestó enérgicamente contra aquella decisión, y tildó de “jueces hipócritas” a los diputados que votaron su suspensión. ERC, la CUP y el PSC alegaron dar cumplimiento al reglamento de la institución, cuyo articulado fija que, en casos de apertura de juicio oral por delitos relacionados con la corrupción, a un diputado se le ha de suspender de sus funciones.

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