Aragonès exhibe su pragmatismo para rematar el pacto presupuestario en Cataluña
ERC reafirma en su congreso el rechazo al plan de Aena para ampliar El Prat, clave para un posible acuerdo con el PSC
![Aragonès y Junqueras votan durante el congreso del partido en Lleida.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/TWAEJPFPMHYBKJBP6JFD3W5OQ4.jpg?auth=8821f1da98e2ad65ad8fa2fce80c203feec97f741e2d576de3764f33c97e572e&width=414)
![Camilo S. Baquero](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2F4156031f-39d7-418a-b602-b336393f9c2e.jpg?auth=92edbe7594ad0d495e18881b417f68bc63248be7499c4073a67dcf11720ecbb1&width=100&height=100&smart=true)
Un pacto es un juego de cesiones y Esquerra Republicana cree que, en lo que respecta a la negociación presupuestaria con el PSC, ya ha hecho las suyas. Los republicanos aceptaron el jueves a regañadientes la exigencia socialista de ejecutar un tramo de la B-40, una autovía orbital de Barcelona. Ese extremo no se repetirá con la ampliación de El Prat, otra de las condiciones de los de Salvador Illa, líder de los socialistas catalanes, para votar las cuentas. La ponencia aprobada ayer en el congreso de los republicanos blinda el rechazo al plan “impuesto” por Aena, pero se abre a otro modelo.
Para la dirección de ERC, la negociación de los Presupuestos ya está encarrilada, pues entienden que el único escollo era la B-40. En varias de las intervenciones en la Fira de Lleida se recordó que esa cesión solo responde a la necesidad de atraer al PSC, al que incluso ven “descolocado” ante el giro copernicano sobre esa infraestructura que se evidenció en el anterior pleno del Parlament. ERC tiene 33 diputados y necesita, además de los 9 síes de los comunes, los otros 33 votos de los socialistas. O de Junts. El texto de la ponencia (aprobada por el 55% de los 1.147 participantes) recoge el rechazo a la autopista, que califica de “anacrónica”. El president Pere Aragonès agradeció “la madurez” con que las bases aceptaron esta contradicción. La oposición a la B-40 se había defendido con ardor por parte del consejero de Territorio y exalcalde de Sabadell (por donde pasará la vía), Juli Fernández.
“En momentos complejos, no dejamos que del problema se encarguen otros porque, entre otras cosas, si del problema se tienen que encargar otros, probablemente los problemas no se solucionarán”, defendió Aragonès. Más dura con el PSC estuvo la secretaria general de ERC, Marta Rovira, huida de la justicia en Ginebra: “Algunos están jugando tácticamente con los Presupuestos, con el único objetivo de desgastar al president”, aseguró.
Pasar por el aro de la ampliación del aeropuerto, sin embargo, era mucho más complicado. Cuatro enmiendas al borrador de la ponencia pedían adoptar una postura sobre el tema (originalmente no había ninguna mención, a diferencia de lo que sucedía con la B-40), en la vía de lo expresado en 2021. Entonces, el consejo nacional de la formación rechazó la construcción de una tercera pista afectando un espacio natural protegido.
El documento recuerda este posicionamiento, pero dejando la puerta abierta a otro modelo de ampliación que no sea “el impuesto por el Estado”. Antes de conocerse la votación, Illa había asegurado en un acto en Barcelona que esperaba cerrar un acuerdo “en los próximos días” y había dicho que aunque agradecía el gesto con la autovía orbital, los puntos por resolver “no eran menores”.
La ponencia también redobla la apuesta por el diálogo con el Gobierno, aunque dejando claro que no se “renuncia a ningún instrumento democrático” para lograr la secesión. El documento bendice la apuesta por el acuerdo de claridad, la hoja de ruta para establecer las condiciones para celebrar un referéndum pactado que Aragonès quiere llevar a la mesa de diálogo. “No sabemos ver otros caminos”, apostilló el líder del partido, Oriol Junqueras.
“Hemos de decidir entre todos sobre cuándo y cómo votar”, dijo Aragonès. “El Estado español no nos puede tratar permanentemente como menores de edad”, añadió. Esa fórmula, inspirada en los antecedentes de Quebec, Escocia y Montenegro, defiende que el Gobierno tenga que negociar los términos de la independencia si el sí a esa posibilidad obtiene el 55% de los votos, con más del 50% de participación.
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