Un juez de Barcelona pide colaboración al Reino Unido para interrogar a un magnate amigo de Juan Carlos I

El titular del Juzgado de Instrucción Número 29 de Barcelona ha solicitado al Reino Unido colaboración para tomar declaración al magnate mexicano y amigo del rey emérito Allen Sanginés-Krause, que está siendo investigado como colaborador de un presunto fraude a Hacienda por valor de 600.000 euros, según ha avanzado El Periódico de Catalunya y confirmado a este diario el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). La investigación se abrió a raíz de una querella de la Fiscalía y en el caso también estaría implicado el médico Manuel Sánchez Sánchez, que sometió en su día al rey emérito en Barcelona a tratamientos de medicina preventiva y contra el envejecimiento.

El juez solicitó el pasado mes de noviembre a través del Ministerio de Justicia una comisión rogatoria para que declare el magnate mexicano, que tiene fijada su residencia en Londres, al no haber podido ser interrogado en Barcelona. El proceso judicial abierto se basa en el presunto fraude fiscal que habría cometido el doctor ―con ayuda de su esposa y de Sanginés-Krause― que le permitió ocultar a Hacienda ingresos por 1,3 millones de euros en el periodo comprendido entre 2016 y 2018. La Fiscalía sostiene que todos ellos simularon la ampliación de capital de la sociedad que gestiona el centro médico donde atiende al rey emérito desde 2017, en un palacete modernista (la Casa Alemany). El presunto fraude fiscal en esos tres años asciende a más de 604.000 euros, según recoge la querella.

Uno de los indicios que, según la Fiscalía, permite afirmar que la ampliación de capital fue simulada es el “perfil del inversor”. La sociedad que presuntamente llevó a cabo la operación financiera es propiedad de Sanginés-Krause, con pasaporte británico y a cuyo nombre el médico Sánchez emitió “facturas correspondientes a servicios prestados al rey emérito, cliente suyo desde hace muchos años”. Esa es la única alusión a Juan Carlos I en la querella, que fue presentada en mayo y que el Juzgado Número 29 admitió a trámite.

La Fiscalía acusa a Sánchez de ser el posible autor de tres delitos contra la hacienda pública por no incluir, en su declaración de IRPF, rentas por valor de 1,3 millones. Tanto su esposa como el magnate mexicano están considerados cooperadores necesarios, ya que su colaboración en la simulación de las ampliaciones de capital fue esencial para poder cometer el fraude. Sánchez y la mujer han defendido, en su declaración como investigados ante el juez, la bondad de las operaciones económicas.

La relación del médico con Juan Carlos I se inició cuando el primero trabajaba en la clínica Planas y en 2016 abrió su propio centro médico que gestiona a través de una sociedad. Algunos de esos tratamientos a Juan Carlos I los abonó el millonario mexicano. La Fiscalía del Tribunal Supremo investigó esas donaciones, pero archivó el caso después de que el monarca presentara una regularización extraordinaria ante la Agencia Tributaria.

Corinna Larsen, expareja de Juan Carlos I, que mantiene un pleito por acoso contra el monarca emérito en los tribunales británicos, encargó hace años a una agencia de detectives suiza que investigara a 14 empresarios amigos del rey emérito, entre los que figuraba Sanginés-Krause. El empresario mexicano, que compartió una sociedad en Seychelles con Corinna Larsen, fue investigado tras enviar entre 2017 y 2018 seis transferencias por 516.606 euros a nombre de Nicolás Murga Mendoza, excoronel del Ejército del Aire y ayudante de Juan Carlos I. Una parte de esos pagos se transfirió a cuentas de titulares de la familia real y a personas cercanas a su entorno que accedieron al dinero mediante tarjetas de crédito. Sanginés aseguró que se trató de donaciones y las diligencias de la Fiscalía se archivaron porque el rey emérito regularizó su deuda con Hacienda.

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