El taxi de Barcelona vuelve a la guerra contra Uber y Cabify y en defensa de tarifas públicas

El taxi de Barcelona vuelve a estar en pie de guerra y amenaza con movilizaciones, huelgas incluidas, en un contexto electoral y en vísperas a las grandes ferias de la ciudad, como el Mobile World Congress. Los motivos son dos. Uno, acusa a Uber y Cabify de operar con VTC (alquiler de vehículos con conductor) que no tienen licencia. Y dos, a la aplicación para pedir taxi Free Now (la antigua MyTaxi) de querer flexibilizar los precios en la capital catalana. Por ello exige que las administraciones que protejan al taxi de estos operadores: que blinden las tarifas públicas y el decreto Ley que distinguía los servicios que prestan los taxistas del que prestan las VTC, que ahora deben operar con coches de gama alta (con turismos a partir de 4,9 metros de largo).

Unos 200 taxistas se han reunido en asamblea este jueves en Barcelona, convocada por la organización Élite Taxi y conducida por su líder, Alberto Tito Álvarez, y han votado dar una tregua de diez días a las administraciones para que respondan a sus peticiones. “No habrá paz, vienen congresos y elecciones y confiamos en las instituciones para defender el taxi y apostar por los servicios públicos. No nos vamos a dejar asesinar por las plataformas y los dictadores digitales. Si el taxi no come, no come nadie”, ha alertado el líder de los taxistas.

Cuando parecía que el decreto Ley de la Generalitat había pacificado a los taxistas, porque desde el 1 de enero solo deja operar como VTC a coches de lujo, Elite Taxi alertó esta semana de que Uber y Cabify siguen operando en la ciudad. Para operar de acuerdo al nuevo decreto debían pedir una licencia al Instituto Metropolitano del Taxi (IMET) certificando las características de los vehículos. El IMET no responde esta semana, pero fuentes no oficiales aseguran que se han concedido 600 licencias acordes con el decreto: 300 son vehículos que se ajustan a los 4,90 metros; y las otras 300 de conductores que han demostrado que han encargado la compra de una furgoneta o vehículo que cumple.

En la asamblea de este jueves, Álvarez ha asegurado que tiene el compromiso del teniente de alcalde de Seguridad del Ayuntamiento de Barcelona, Albert Batlle, de que a partir de la próxima semana, con los turnos de vacaciones normalizados, los agentes tendrán la información necesaria para poder discernir qué VTC funcionan con licencia y cuáles no. Y retirarán de la circulación a los que no. El responsable de la Guardia Urbana está a la espera de una reunión convocada por el IMET “donde se fijarán los criterios interpretativos de la normativa que entró en vigor el pasado día 1″.

Uber y Cabify responden que están operando en Barcelona dentro de la legalidad. Fuentes de UBER aseguran que la compañía “opera en estricto cumplimiento de la legalidad, de acuerdo al Decreto Ábalos que aclara que los cuatro años de compensación se contarán desde el día en que sean otorgadas”. Esto es, que si hay vehículos de la empresa operando con turismos que no cumplen con los 4,90 metros es porque tienen licencias otorgadas por el Ministerio de Transportes a partir de 2019, cuya vigencia se alarga cuatro años. Por parte de Cabify, en una respuesta escrita aseguran que “ha operado y opera acorde a la normativa vigente en todos los territorios donde está presente”, sin más detalles.

La otra cuestión que ha puesto en pie de guerra al sector son las tarifas públicas, que fija el IMET. Élite asegura que la aplicación Free Now pretende “implantar tarifas dinámicas”, flexibilizando los precios. Y que la empresa ha demandado al IMET, además de solicitar que la organización que lidera Álvarez no se pueda personar en el procedimiento. “Free Now ha denunciado al IMET porque dice que no es nadie para decidir las tarifas, quieren mearse en las instituciones y los consumidores”, ha asegurado el líder de los taxistas.

“El IMET está estudiando el recurso presentado por Free Now y vela para hacer cumplir la normativa y que el servicio del taxi aplique las tarifas legalmente aprobadas”, apuntan fuentes del Ayuntamiento. Free Now no ha respondido a la petición de este diario para recabar su versión, ni siquiera sobre el contenido de la demanda. Álvarez ha exigido a la Generalitat una modificación en la Ley catalana del Taxi, de 2003, que “defina qué es un operador del taxi y qué exigencias y derechos tienen”, con el objetivo de que las plataformas que operan con aplicaciones de móvil se ajusten a las obligaciones y condiciones de trabajo que tienen los taxistas. Los taxistas han votado dar un plazo de diez días al Departamento de Territorio para introducir la modificación “que aclare qué es un operador del taxi con obligaciones y qué una plataforma que opera en el marco del sector de la comunicación y se pasa por el arco de triunfo la legislación”. “En Madrid Free Now ha conseguido modificar el reglamento, quieren cambiar hasta el color de los taxis, rebajar las tarifas a la mitad y tener a los taxistas 24 horas cada día encadenados al puto volante, relegando al servicio público y con un servicio en precario de cucarachas”.

La Generalitat ha respondido a la petición que conoce la demanda del sector y ha “iniciado el estudio de la viabilidad jurídica del cambio de la ley”. “En todo caso, al margen de que el cambio sea viable jurídicamente, el departamento de Territorio no abordará ningún cambio legal que no tenga un amplio consenso del sector y político”, han afirmado fuentes del área.

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