Uber explotó la rivalidad entre Madrid y Barcelona: “Debemos crear un desafío entre Cataluña y el Gobierno nacional”

La trayectoria de Uber en España es también una historia de dos ciudades: Madrid y Barcelona, objetos de deseo de la compañía californiana, que trató de explotar a su favor la histórica rivalidad entre las dos urbes y entre sus gobiernos, de distinto color político y con intereses a menudo contrapuestos. La ciudad catalana fue el campo de pruebas, pero también la principal trinchera de oposición, tal y como muestran los miles de correos electrónicos y documentos incluidos en Uber Files, una investigación internacional liderada por The Guardian y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y en la que participan EL PAÍS y La Sexta en España.

La resistencia llevó a Uber a amenazar, a través del Mobile World Congress, la reputación internacional de Barcelona como destino de negocios. Y provocó que su labor de presión se centrara en Madrid, donde, si no puertas abiertas, sí halló al menos una actitud más receptiva del Gobierno regional de Ignacio González.

Las comunicaciones de Uber con altos responsables políticos en Cataluña y Madrid para lograr cambios legislativos oscilan entre la seducción y la amenaza velada. En 2014, el equipo de profesionales encargado de esa tarea —agrupado bajo la lista de correo Spain Lobbying― estableció contactos formales y concertó reuniones en las que ofrecían, aquí y allí, el mismo menú: la “economía colaborativa” y el ridesharing como oportunidades para la movilidad urbana, el crecimiento económico, el medio ambiente e incluso para “disminuir la conducción bajo los efectos del alcohol”.

Pronto se descubriría, sin embargo, que el modelo de negocio iba por otros derroteros. Uber Files destapa una vía de confrontación oculta bajo las buenas palabras: “Debemos crear un desafío entre Cataluña, gobernada por CiU y ERC, y el Gobierno nacional, del PP, a favor de la liberalización, para hacerles competir por ver quién adopta primero una regulación del ridesharing”, recoge una presentación que sintetiza la estrategia de presión para España.

Ofensiva política en Cataluña

Los primeros encuentros con la administración catalana no fueron como Uber esperaba. Ante el temor de que nuevas movilizaciones afectaran a la temporada turística, la administración actuó con mano dura tras el desembargo de la app en abril de 2014: El Ayuntamiento dio instrucciones para multar a los conductores que operaban de forma “encubierta” y la Generalitat abrió expedientes sancionadores que culminaron, el 1 de julio, con una carta firmada por Pere Padrosa, entonces director de Transportes y Movilidad del Govern, que exigía cesar sus actividades en Cataluña.

Padrosa, ahora presidente de la Fundación Cetmo, confirma a EL PAÍS que mantuvo relaciones “cordiales” con la empresa, aunque no tuvo respuesta cuando solicitó a la empresa información por carta. También asegura que les dejó claro “que la política de hechos consumados no servía”, recuerda. Es algo que coincide con los resúmenes de las reuniones que elaboraban los lobbistas de Uber. “Parecen abiertos a crear una regulación para el ridesharing, pero no quieren que sigamos con una estrategia de hechos consumados”, sintetizó Elia Ferrer, responsable de relaciones públicas en España. Entre las observaciones del grupo Spain Lobbying aparece también jugar la carta del desprestigio. Los planes de la Generalitat “no se adaptan a la evolución del mercado” y atentan contra la “libre competencia”, lo que, señalan, podría tener “un impacto negativo sobre la imagen y reputación de Barcelona” como centro neurálgico de las tecnologías móviles.

El portazo catalán llevó a la compañía a detenerse a pensar ese verano caliente de 2014 para relanzar una ofensiva política en las dos ciudades. En un extenso documento estratégico, Uber se marca como objetivo convencer “a los Mossos d’Esquadra” para que “se abstengan de multar a conductores y tomen acciones contra los taxistas violentos”. Y proponen acercarse a Felip Puig, histórico dirigente de CiU (partido en el Gobierno) que entonces era responsable de Acció, la agencia del Govern que fomenta la competencia. Puig, afirman, tiene “mucha influencia” en el partido y es “muy cercano” al president Artur Mas. También sopesan ganar para la causa al economista Xavier Sala i Martín, por su “cercanía” a CiU y porque podría presionar a favor de la “desregulación del mercado”.

El PP de Madrid “está ansioso para que Uber entre en el mercado”

En el mismo documento, la compañía piensa ya en su próximo destino: Madrid, donde aterrizará en septiembre. Afirma que el Gobierno de la Comunidad, en manos entonces de Ignacio González, representa “la facción más liberal” del PP y está “ansioso para que Uber entre en el mercado”. Con un límite: “No irán a una confrontación abierta con el taxi” y menos “a un año de las elecciones”, coligen los directivos de Uber de las reuniones mantenidas con “autoridades locales y regionales” del transporte. En esas reuniones, los altos cargos sugirieron que la compañía buscara un “resquicio legal” que imposibilitara las sanciones.

El 22 de septiembre, un día antes del lanzamiento de Uber en Madrid (llegaría a Valencia en octubre), la empresa envía un correo a dos cargos de la Comunidad: Borja Carabante (viceconsejero de Transportes) y Federico Jiménez de Parga (director de Transportes) con el título “Uber, una nueva oportunidad para Madrid”. El correo detalla que la plataforma ya funciona con éxito en Barcelona, donde ha “crecido de forma vertiginosa”, sobre todo entre los turistas. “Creemos que en Madrid nuestra plataforma puede despertar un interés similar o incluso superior”, escriben, tratando de seducir a la capital.

Pero en Barcelona las cosas no van también, y Uber jugó con el prestigio de la ciudad como centro de negocios y destino turístico. “Debemos generar miedo entre los políticos de que Barcelona podría perder su reputación e imagen como un hub mundial de innovación y desarrollo si no adopta la política correcta”, según la presentación de Power Point incluida en Uber Files.

El golpe fallido del Mobile

Pero el gran golpe lo reservaban para el Mobile World Congress de marzo de 2015. Meses antes, en pleno despliegue en Madrid, ya estaban planeando la participación en el evento de Travis Kalanick, entonces CEO de la compañía. Rachel Channing, responsable de comunicaciones, sugirió presentar al fundador como un “holograma” en un mensaje al director de Políticas Públicas para Europa, Mark MacGann. Éste respondió que era una buena oportunidad para “avergonzar” a Barcelona: “Me encanta la idea como una posibilidad que avergonzaría a Barcelona, como si no pudiera proteger a los inversores de la mafia local [en alusión a los taxistas]. Barcelona como una zona vetada, etcétera”.

El Mobile trae de cabeza a Uber, pero GSMA -la empresa organizadora- expresa su preocupación de que, “si Travis se anuncia como speaker principal”, los taxistas boicoteen el evento. Lars Fjeldsoe-Nielsen, un responsable de Uber, propone una herramienta de presión para hacerles cambiar de opinión: “Otra solución sería darles un ultimátum y alquilar un espacio masivo en Fira de Barcelona [lugar de celebración del Mobile], donde Travis invitaría a gente a menos que se le dé la sesión inaugural”. Nielsen recordó que, el año anterior, Facebook usó esa táctica y Mark Zuckerberg fue invitado.

Los mensajes se suceden: Kalanick “no quiere compartir escenario” con el CEO de Telekom, Tim Höttges; Telefónica trata de bloquear su participación en la cumbre… Finalmente, GSMA rechaza la propuesta, supuestamente a instancias del Ayuntamiento. “Recibimos orientación de la ciudad de que una sesión inaugural para Uber sería una disrupción seria del transporte durante la conferencia. Es algo que no podemos arriesgar en un evento que atraerá a unas 90.000 personas a Barcelona. Lamentamos que no será posible”, escribe Anne Bouverot, entonces directora general de la organización, en un correo enviado el 27 de enero de 2015.

Dos ciudades, dos destinos

¿Qué queda de todas aquellas luchas que plasma Uber Files? Ocho años después, los directivos tuvieron buen olfato sobre el destino que las dos ciudades deparaba a la empresa.

En Barcelona, la presencia de Uber ha sido conflictiva e intermitente. Por la presión del taxi y las regulaciones de las autoridades, ha tenido que abandonar dos veces la ciudad. Volvió por última vez en marzo de 2021, pero como intermediaria (una operadora más de taxis) y con mucha timidez: no hay demasiada disponibilidad de Uber en la ciudad. El Govern acaba de aprobar un decreto que limita los VTC (vehículos con conductor) a servicios puntuales o exclusivos, puesto que sus coches deberán medir un mínimo 4,90 metros, lo que solo vale para turismos de gama alta o furgonetas de pasajeros. El decreto certifica la victoria definitiva del taxi y, tal vez, un nuevo paso atrás de Uber.

En Madrid, en cambio, las VTC nunca pararon aunque toparan inicialmente con la justicia, que ordenó el cese de Uber Pop. “Aquí ha habido compromiso político; allí, libertad total”, resume Padrosa desde Barcelona. Los taxistas intentaron ponerle freno con una huelga de dos semanas en 2019, pero la administración aguantó y desde entonces han convivido a la fuerza con 9.000 VTC. El Gobierno de Madrid aprobó en mayo un decreto que ratifica el estado de cosas sobre las VTC y otro que flexibiliza el mercado del taxi. Unos 3.500 de los 16.000 taxistas de la ciudad, además, operan a través de la plataforma de Uber.