Una OPA al Pacto Nacional por la Lengua

En cumplimiento del deber constitucional y el mandato estatutario de salvaguardarla, el Consejo Ejecutivo de la Generalitat aprobó el pasado 29 de noviembre un paquete de 100 medidas destinadas a dar un nuevo impulso a la lengua catalana. Hasta ahí, todo correcto: el Gobierno de Cataluña se pone de nuevo en marcha respecto a un asunto que en el último decenio había quedado olvidado ante otras prioridades políticas. Ahora bien, que el Gobierno cumpla con su deber respecto al catalán no significa que esté libre de reproches.

En primer lugar, en la toma de estos acuerdos ha habido una cierta teatralización y acaso instrumentalización de la causa del catalán. Cuando la XIV legislatura echó a andar, no parecía que la defensa del catalán fuera a ser una “prioridad absoluta” del Gobierno. En la propuesta de acuerdo entre ERC y la CUP la lengua ni siquiera se mencionaba. Y en el posterior acuerdo de investidura entre ERC y Junts la lengua ocupa un lugar discreto en la página 23, donde no se anuncian medidas unilaterales sino “un gran Pacto Nacional por la Lengua”. Las malas lenguas atribuyen la teatralización de ERC a la salida de Junts del Gobierno: por un lado, ERC ya no puede competir con Junts en pureza independentista pero sí puede hacerlo en vehemencia lingüística; por otro lado, a ERC le urge demostrar que puede gobernar en solitario y en ese sentido la lengua es un tema “fácil” comparado con la inflación, los flujos migratorios o el cambio climático.

En segundo lugar, las prisas por alcanzar la cifra mágica de 100 medidas han llevado a un catálogo irremediablemente variopinto: el catálogo mezcla medidas de una sola línea que apenas esbozan una declaración de intenciones con programas muy elaborados que de hecho ya llevan meses ejecutándose. A este respecto hay que señalar que el paquete anuncia con cierta ligereza medidas de alta complejidad técnica y política. Por ejemplo, la (controvertible) intención de formar a maestros y profesores de secundaria para que apliquen la inmersión requiere modificaciones de los planes de estudios de los grados de Educación y del máster de secundaria que no son baladíes y de cuya inminencia las facultades de Educación catalanas se han enterado literalmente por la prensa.

En tercer lugar, el paquete de 100 medidas se aprueba en la vigilia de la supuesta firma del “gran” Pacto Nacional por la Lengua, que el Gobierno empequeñece indefectiblemente presentándolo como una simple medida más en lugar de ser el marco que debe amparar la nueva política lingüística catalana. Si el Gobierno ya ha aprobado esas 100 medidas, que conciernen a todos los departamentos y abarcan casi todos los ámbitos posibles de la vida, ¿qué queda para pactar? ¿Qué actores políticos van a firmar unos acuerdos que ya se dan por hechos de antemano y cuyo contenido queda condicionado por las medidas ya adoptadas por el Gobierno de ERC? Existe el peligro de que con su precipitación y unilateralidad el Gobierno acabe perjudicando la causa que pretende defender.

Puedes seguir a EL PAÍS Catalunya en Facebook y Twitter, o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal