Unidas Podemos busca blindar el derecho a la protesta con enmiendas en la reforma de la sedición

La reforma del delito de sedición no satisface del todo a Unidas Podemos (UP). El socio minoritario de Gobierno teme que la propuesta para eliminar la sedición y la creación, en paralelo, de otro delito de desórdenes públicos agravados se utilice al final para criminalizar protestas pacíficas. Un centenar de entidades sociales, desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca al Sindicat de Llogaters (inquilinos, en catalán), han suscrito un manifiesto avisando del riesgo. El grupo confederal, con los comunes a la cabeza, trabaja desde hace semanas para enmendar el texto e introducir garantías en este sentido. Fuentes parlamentarias evitan ofrecer más detalles sobre la modificación y señalan que están negociando los cambios de forma conjunta en el espacio y también un pacto con el PSOE, con la máxima discreción. El plazo para su presentación en el Congreso termina este viernes.

Unidas Podemos se mostró desde un primer momento favorable a la eliminación de la sedición, que fue tildada por el propio Jaume Asens, presidente del grupo parlamentario, como una “anomalía constitucional” que no se ajusta a los estándares del resto de países europeos. Sin embargo, fuentes de Podemos ya expresaron sus dudas sobre la propuesta pactada entre PSOE y ERC a las pocas horas de que el texto viera la luz. El partido, que quiso dejar claro desde el principio que no habían participado en la negociación y que fueron la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y el propio Asens quienes tuvieron conocimiento del acuerdo, teme que el nuevo articulado introduzca elementos que sirvan para perseguir las movilizaciones. ERC niega esa visión y pide que la reforma del Código Penal no se lea con “las gafas” de siempre.

“¿Esta regulación es la que hubiéramos hecho nosotros si tuviéramos mayoría absoluta? No. El Código Penal todavía está plagado de delitos envejecidos que afectan al ejercicio de derechos fundamentales y que no respetan suficientemente los límites constitucionales a los que el ejercicio de la potestad punitiva estatal debe sujetarse, como el principio de legalidad, proporcionalidad e intervención mínima”, afirmó Asens durante su defensa de la reforma hace dos semanas, aunque reivindica que la eliminación de la sedición era una medida que figuraba en su programa electoral. “Sigue existiendo un artículo como el 557 bis concebido por el PP para aplacar la protesta social del 15-M y que IU votó en contra, pero también el PSOE”, anunció entonces Asens. “Siguen existiendo deficiencias, penas elevadas, conceptos que no nos gustan. Nos comprometemos a intentar mejorar el texto en la fase de enmiendas”, añadió.

“Exigir que vayamos más allá”

Jéssica Albiach, líder de los comunes en el Parlament, reveló el pasado fin de semana que su grupo mantiene reuniones con colectivos para blindar ese derecho. “Hacen muy bien la ciudadanía organizada y las entidades en exigir que vayamos más allá en la garantía. La obligación de las fuerzas políticas es escucharles”, dijo. Unas 40 entidades han promovido un manifiesto —más de 50 se han adherido— en el que sostienen que celebran la derogación del delito de sedición pero expresan su disconformidad con el de desórdenes agravados. Con la nueva redacción, dicen, se podrían imputar ahora delitos por “intimidación” con el grado, dice el manifiesto, de “subjetividad” que esto comporta. También critican que se introduce como delito la ocupación de locales o espacios públicos sin “violencia ni intimidación”, que se castiga con penas de hasta seis años de cárcel o 12 de multa.

El pasado día 1, las entidades convocaron una concentración ante la Delegación del Gobierno, en Barcelona, bajo el lema de Ante la reforma del Código Penal, basta de criminalizar la protesta. Los portavoces alegaron que una de sus estrategias ha sido, por ejemplo, ocupar oficinas bancarias para evitar desahucios y que ahora eso sería delito. “Ese es nuestro día a día y ahora quieren que sea delito”, exclamó uno de los convocantes instando a Oriol Junqueras, Asens, Ada Colau y Gabriel Rufián a rectificar. La CUP considera que ese delito es un “gol por la escuadra” que el PSOE ha metido a ERC y a los comunes y que criminaliza la protesta independentista —la ANC y Òmnium secundan el texto—, pero también de otros colectivos.

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