La derogación del delito de sedición agudiza la división del independentismo

La derogación del delito de sedición ha contribuido a agudizar aún más la división del independentismo, roto en sectores casi irreconciliables. La futura modificación del Código Penal ha generado una acogida entusiasta en ERC, que la abandera como un triunfo de la mesa de diálogo, y una enérgica oposición en Junts per Catalunya y la CUP. Pero no solo eso: la Asamblea Nacional Catalana (ANC), enfrentada desde hace tiempo al president, Pere Aragonès, ha convocado para el 6 de diciembre una manifestación en contra de la reforma al considerar que la supresión de la sedición y la creación del delito de desórdenes públicos agravados tiene “el doble objetivo no disimulado”, dicen, de castigar la movilización independentista en las calles y penalizar “más cómodamente hechos como los del 1-O por ocupar instalaciones o edificios”.

La reforma, de hecho, ha mostrado de entrada dos visiones opuestas en Esquerra, coautora del texto, y en Junts, su exsocio en el Govern. Aragonès la concibe como un primer paso en contra de la “represión”. “Con la derogación de la sedición será más difícil perseguir arbitrariamente al independentismo”, afirmó. Oriol Junqueras, presidente de ERC, calificó el sábado tanto la derogación de la sedición como la reforma del delito de desórdenes públicos de “dos grandes éxitos”. “Los aparatos antidemocráticos del Estado se verán obligados a retorcer el derecho si quieren arremeter contra el independentismo”, aseguró en Catalunya Ràdio.

La lectura de Junts es diametralmente opuesta. Laura Borràs, presidenta de la formación, sostiene que la reforma no está concebida para desjudicializar las consecuencias del procés, sino para avanzar en la “desmovilización”. “Pone al día los mecanismos de la represión, especialmente la movilización de la ciudadanía, uno de los pilares del movimiento independentista”. Jordi Turull, secretario general de Junts, defiende que la reforma es un “vestido a medida” para decir que el 1-O fue un delito. “¿Nos están diciendo que lo que pasó el 20 de septiembre [la protesta ante la Consejería de Economía] podría pasar de nueve a cinco años?”, se preguntó, minimizando el alcance de la reforma. Pese a que podría salir beneficiado con la medida, el propio expresident Carles Puigdemont, huido de la justicia española en Bélgica, afirma: “Decir que el 1-O fue un desorden público agravado y no una sedición no desjudicializa nada. Sirve para que digamos que fue un delito y lo aceptemos. Y para que se abran caminos que España no podía transitar”.

Divididos por la mesa de diálogo, sin hoja de ruta común y con el Govern roto, la derogación del delito de sedición evidenciará la atomización del independentismo y la soledad de ERC. No solo Junts la critica. La CUP considera que es un “juego malabar” del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y un simple “intercambio de cromos” para aprobar los Presupuestos, al estimar que acabará siendo la sustitución de un delito por otro para dificultar el objetivo de la independencia. Òmnium Cultural, la otra gran entidad soberanista, está conforme con la desaparición de la sedición del Código Penal pero avisa de que el nuevo delito de desórdenes agravados puede poner en peligro el derecho a la protesta y criminalizar la disidencia política.

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