El caso del 3% sigue marcando la política catalana

Sin los casos 3% y Palau, investigados en los juzgados en la última década, posiblemente Junts per Catalunya —el partido de Carles Puigdemont, Laura Borrás y Jordi Turull— no existiría. Una de las consecuencias directas del desenmascaramiento de esas tramas de corrupción dirigidas a financiar ilegalmente a Convergència Democrática de Catalunya (CDC) fue la implosión del partido fundado en 1974 Jordi Pujol y que durante más de 30 años gobernó Cataluña. Esas siglas se refundaron, en 2016, en el Partit Demòcrata (PDeCAT), y de este se escindió, en 2020, Junts per Catalunya.

Del caso Palau ya hay sentencia. En abril de 2020, el Tribunal Supremo hizo firme el fallo que daba por probado que CDC cobró 6,6 millones de euros en comisiones ilegales de Ferrovial a cambio de adjudicarle obras públicas de la Generalitat. El dinero había llegado al partido durante años a través del Palau de la Música catalana, y sus dos principales gestores, Félix Millet y Jordi Montul, fueron condenados a penas de prisión de hasta nueve años.

Para el caso del 3% aun no hay sentencia: la Audiencia Nacional —que ha procesado a una treintena de personas, además de a Convergència y el PDeCAT como personas jurídicas— investiga en esta causa el amaño de concursos públicos y una “estructura multicanal” de pequeñas donaciones y pagos a terceros para obtener fondos para Convergència en la etapa de Artur Mas. En la diana de la investigación están los exgerentes del partido Andreu Vilova y Germà Gordó, también exconsejero de Justicia.

La decisión de la Fiscalía Anticorrupción, conocida este miércoles, vuelve a revolver las aguas. El ministerio público pide que se imponga al PDeCAT una multa de tres millones de euros en su condición de formación “heredera” de CDC. Las históricas siglas oficialmente están a un paso de dejar de existir, en un proceso de liquidación que comenzó hace casi siete años. Convergència, según la última información entregada al juzgado mercantil, cuenta con 8,5 millones de euros de patrimonio. Su pasivo es superior, de 11 millones de euros, y en esa cifra también se incluye el decomiso de 6,6 millones del caso Palau.

En el PDeCAT alegan que aún no se les ha notificado el escrito y por tanto no se pronunciarán por el momento sobre su contenido. En el pasado, ante otras diligencias similares, siempre han alegado que son una formación nueva que nada tiene que ver con la corrupción de CDC. El problema es que la relación nunca ha dejado de existir: Convergència estuvo presente, aunque de manera técnica, en las elecciones catalanas de 2017 y en las generales de 2019. A esas citas concurrió en coaliciones con el PDeCAT, con la marca de Junts per Catalunya.

La formación que fundó Carles Puigdemont usa el mismo argumento que el PDeCAT para desmarcarse de cualquier escándalo de corrupción: aseguran que no tienen nada de que ver con CDC. Pero la contabilidad de su grupo en el Parlament, durante la pasada legislatura, muestra una transferencia de un millón de euros a CDC —en virtud de la coalición de las elecciones de diciembre de 2017— y un pago adicional de otro millón por una póliza. Los tres partidos están conectados, pero ninguno quiere asumir la responsabilidad penal que puedan dictar los tribunales por la supuesta corrupción del partido hegemónico del nacionalismo catalán durante décadas.

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