Aragonès pide al Gobierno un acuerdo que fije las condiciones para un referéndum como en Quebec

Un acuerdo de claridad a la canadiense, que permita acordar entre el Gobierno y la Generalitat las condiciones que podrían, eventualmente, permitir un referéndum de independencia de Cataluña. Esa ha sido la propuesta que el jefe del Govern, Pere Aragonès, ha hecho en el Debate de Política General que ha comenzado este martes en la Cámara Catalana. El plan, que lleva meses madurándose, llega justo en medio de la tempestad con los socios de Junts (que le piden enderezar el rumbo secesionista del Ejecutivo) y también pone ante el espejo al PSC, que hasta hace unos años defendía esa vía. Aragonès también ha aprovechado para presentar un plan de 300 millones de euros para mitigar el efecto del encarecimiento de la energía y la inflación en los hogares, si bien el grueso de las medidas depende de que se aprueben las cuentas del próximo año. El Ejecutivo central ha lamentado que los independentistas mantengan “sus pretensiones de máximos que no son en absoluto compartidas por el Gobierno”, ha dicho la ministra portavoz Isabel Rodríguez.

Ese acuerdo, ha especificado Aragonès, busca “identificar cuándo y cómo Cataluña puede volver a ejercer el derecho a decidir”. Una propuesta que de entrada choca con la sentencia del Tribunal Constitucional, que considera que ese derecho no es aplicable a la situación catalana. El president no ha puesto ninguna fecha o calendario sobre la mesa para esa eventual votación, sino que se ha referido a ese acuerdo como un “marco que ofrezca garantías democráticas para todos y que unifique criterios y establezca las bases y las condiciones” para celebrar el referéndum. Una votación, ha agregado, “donde todo el mundo se sienta incluido y todo el mundo acepte el resultado. “No tengo ninguna duda que esta es la vía más rápida y eficiente para volver a votar”, ha apostillado

La incógnita que se resolverá esta tarde, en la intervención de Junts, es si la propuesta del acuerdo convence a a los socios y se aborta la idea de someter a las bases del partido la continuidad en la coalición de Govern. Hace un mes, los de Laura Borràs habían lanzado un ultimátum sobre sus socios, considerando que no se habían cumplido puntos clave del Acuerdo de Govern, como la creación de una dirección colegiada del secesionismo, que se pactara cierta unidad de acción en el Congreso de los Diputados o garantizar que en la mesa de diálogo solo se limitara a hablar de autodeterminación y amnistía. Tras unas semanas muy tensas, con la Diada de por medio, finalmente el tono de Junts se fue rebajando, pero aún no es claro si la propuesta de Aragonès será suficiente para encauzar las aguas y garantizar la mínima convivencia en el Ejecutivo.

Aragonès ha asegurado que su propuesta “escrupulosamente democrática” de acuerdo de claridad va dirigida tanto a los independentistas como los no independentistas. Y ha tirado de las encuestas del Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat (CEO), el CIS catalán, para justificar que el referéndum es una propuesta transversal, que va más allá del independentismo. Según el CEO, la celebración del referéndum es la opción preferida por los votantes de todos los partidos, menos del PP y Vox. La apoyan el 100% de los encuestados que recuerdan haber votado formaciones independentistas. Dentro de los que dicen haber votado al PSC, el apoyo llega al 73,7%. Si se mira a Ciudadanos, el apoyo es del 50%. En los comunes, del 90%. “Esta mayoría social existe y ninguno la puede ignorar”, ha dicho. El jefe de la oposición, Salvador Illa, ha ignorado la propuesta en su intervención y la líder de los comunes, Jéssica Albiach, ha lamentado que en su día la propuesta de la ley de claridad (propuesta por Xavier Doménech hace dos legislaturas) fuera calificada por ERC de “pantalla pasada”.

La oferta del presidente se enmarca en lo que en su día sucedió en Canadá y el Reino Unido, con sus respectivos referéndums pactados. Los juristas discuten sobre hasta qué punto son trasladables las situaciones. En el caso canadiense, no fue un acuerdo sino una norma, llamada, “Ley para hacer efectiva la exigencia de claridad formulada por el Tribunal Supremo de Canadá en su dictamen sobre la secesión de Quebec”. Aprobada en el año 2000, allí se recogían las recomendaciones del Alto Tribunal, que buscaba aclarar la situación generada por los dos referéndums de independencia convocados por el Gobierno provincial de Quebec en 1980 y 1995, en los que venció el ‘no’. En Canadá la ley no impide hacer referéndums sobre la independencia, pero en esta ley de claridad se fijan limites sobre, por ejemplo, como el Senado (Cámara territorial) tiene que decidir sobre la claridad de la pregunta. Con todo, el Supremo determina que si gana el sí con una mayoría clara, lo que se debe abrir es una negociación para reformar la Constitución y enmarcar allí un posible proceso de secesión. Aunque se habla de la necesidad de una “mayoría clara”, no fija umbrales para ello.

Aragonès ha explicado que el acuerdo que propone se realizaría en dos fases y es posible ahora después de que, a su juicio, haya avances en la “desjudicialización” y se consigan “los efectos de la amnistía”. En la primera, en Cataluña, donde se explicite el apoyo a la propuesta por parte de entidades sociales, sindicatos y partidos políticos. Se trata de una prueba a Junts per Catalunya pero también para el PSC. Hasta 2012, los socialistas catalanes habían llevado en su programa electoral la consulta pactada, pero esa fórmula quedó enterrada para reivindicar la reforma constitucional federal, en la línea de los acuerdos de Granada firmados en 2013. La caída de esa opción llevó a un cisma dentro del partido y varios diputados y figuras históricas rompieron el carné. La propuesta de Pedro Sánchez ahora es “el estado plurinacional”. Una vez ese consenso quede evidenciado (en ERC no ven mucha diferencia con las propuestas de autodeterminación y amnistía que ya están en la mesa de diálogo) se intentaría iniciar la negociación con el Gobierno.

Ceder en el acuerdo de claridad sería, de entrada, aceptar que la soberanía se puede fragmentar y, por tanto, se trata de una idea que el Gobierno descarta de plano. Preguntada sobre el tema tras el Consejo de Ministros, la portavoz Rodríguez ha lamentado que el independentismo siga instalada en una propuesta de máximos pero ha insistido en la necesidad de seguir dialogando. La justicia también se ha manifestado en varias ocasiones contra el llamado derecho a la autodeterminación que defiende el independentismo. Tanto la sentencia del Juicio al procés como algunas del Constitucional descartan que se asimile ese supuesto derecho al al derecho de autodeterminación de los pueblos, reconocido por la ONU. Argumentan que esa organización trasnacional precisa que no puede aplicarse para quebrar la integridad territorial de Estados soberanos e independientes “que estén dotados de un Gobierno que represente a la totalidad del pueblo perteneciente al territorio, sin distinción alguna”. La mesa de diálogo, recuerdan desde las filas de ERC, al ser un foro fuera de cualquier corsé legal es un espacio en el que “se puede hablar de todo”. De ahí que se ponga el acento en que es un “acuerdo” y no una ley, como en el caso canadiense.

Insistir en la idea de un pacto de claridad también busca enviar un mensaje a la comunidad internacional por parte del independentismo. “Es una propuesta explicable y homologable a nivel internacional porque otros países han partido de propuestas similares y porque sin duda nos abre puertas que hasta ahora se habían mantenido cerradas”, ha dicho Aragonès.

Más allá del eje nacional, el president se ha esmerado en desgranar la obra de Gobierno de todos los departamentos de su Govern, para dar así una imagen de unidad pese a las turbulentas relaciones entre ERC y Junts. El republicano también ha aprovechado la primera sesión del debate para presentar un paquete de ayudas por 300 millones de euros para mitigar las consecuencias de la inflación y el encarecimiento del precio de la energía.

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