El PSC reclama el derecho a decidir en un referéndum legal

El clamor independentista del 11 de septiembre en Cataluña ha forzado a casi todos los partidos a resituar su discurso político. Si Artur Mas lanzó su órdago secesionista, el Partit dels Socialistes (PSC) tampoco se ha quedado impertérrito. Prueba de ello es que en su programa electoral reclama el “derecho a decidir a través de un referéndum acordado en el marco de la legalidad”, una propuesta impensable para el socialismo catalán antes de la masiva manifestación de la Diada.

Lo que reclama el PSC es lo que ocurrirá en Reino Unido antes de que finalice 2014 tras el reciente acuerdo de los gobiernos de Londres y Edimburgo. Ese escenario británico auspiciado por un primer ministro conservador se antoja inviable en España a la vista de los postulados que defienden en la actualidad tanto el PSOE como el PP.

Siguiendo el modelo de Reino Unido, el programa del PSC dice que el cambio de relaciones entre el Estado y la Generalitat será acordado entre las instituciones de ambos, españolas y catalanas, a través de un referéndum en el que se plantee “una pregunta clara a la que se haya de responder de forma inequívoca, aceptando o rechazando el proyecto” sometido a consulta.

La propuesta de referéndum se inscribe en el marco de una profunda reforma de la Constitución para lograr una España federal y buscar un nuevo anclaje de Cataluña y de las otras “naciones federadas”, en alusión al País Vasco y Galicia. El PSC se compromete a “promover las reformas necesarias” para que pueda celebrarse el referéndum pactado, pues la Constitución vigente reserva al Gobierno la facultad de convocarlo.

Los socialistas catalanes huyen del escenario de una consulta promovida por la Generalitat al amparo de una ley catalana emanada del Parlament si el Gobierno se niega a convocar el referéndum, como ya ha anunciado que hará Mariano Rajoy. Amplios sectores del PSC defienden ese escenario alternativo de la consulta convocada por Artur Mas. Así lo votaron el pasado 27 de septiembre los diputados del PSC en el Parlament tras una agria polémica interna, aunque finalmente el término consulta ha sido suprimido del programa.

El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, aseguró hace un mes que era partidario de avanzar hacia el federalismo que reclama el PSC, aunque la situación que atraviesan los socialistas españoles tras el hundimiento electoral en Galicia y Euskadi y el previsible retroceso que vaticinan las encuestas en Cataluña, no parecen el escenario más idóneo para abrir el debate del federalismo. El exalcalde de San Sebastián Odón Elorza apoyó ayer en su twitter la propuesta de referéndum del PSC “por convicción democrática”.

El análisis que hace el programa electoral del PSC, aprobado ayer por su Consejo Nacional con un solo en voto en contra y cuatro abstenciones, es que el actual Estado de las autonomías ha de transformarse en un Estado federal a través del diálogo y la negociación entre los partidos españoles y catalanes. “Un federalismo integrador y horizontal, donde el centro de poder único se transforma en diferentes centros de poder, relacionados horizontalmente, no jerárquica o verticalmente”, dicen.

El líder de los socialistas catalanes Pere Navarro, considera que su propuesta supone una tercera vía entre el “centralismo del PP y la profecía temeraria de Artur Mas” del independentismo. Navarro admite que su reclamación federalista genera recelos en algunos sectores del PSOE, aunque hace unos días garantizó el aval de la dirección de ese partido. “Estamos de acuerdo con la música, y la letra la pondremos entre todos”, matizó después.

La propuesta federal del PSC pivota sobre cuatro erres: reconocimiento, reglas, representación y recursos. Así, los socialistas catalanes reclaman que España sea “un Estado plurinacional, plurilingüístico y pluricultural”, en el que se admita que “Cataluña es una nación de ciudadanos de orígenes diversos unidos por la voluntad de construir un futuro en común”.

Para acabar con continuos conflictos competenciales, el PSC propone que la nueva Constitución fije “reglas claras que delimitarán con precisión” las competencias del Estado y las naciones o comunidades. De esa manera, habría tres tipos de competencias. Las del Gobierno español serían, entre otras, la defensa, la representación exterior y los tratados internacionales, además de “una parte de la fiscalidad para el mantenimiento del presupuesto federal”.

Las competencias exclusivas de las naciones federadas, como el caso de Cataluña, se referirían a los derechos básicos, como la educación, la sanidad, la vivienda, la justicia, la seguridad, la lengua y la cultura o el derecho civil. Y, finalmente, habría un paquete de competencias compartidas, en las que los dos gobiernos tienen la posibilidad de regular una materia. “Deberían ser las menos posibles”, dice el programa del PSC, para que el Gobierno federal no pueda interferir si, por ejemplo, la Generalitat tiene esa competencia en educación o cultura.

El PSC aboga también por una reforma a fondo del Senado y una reducción de senadores, “con presencia de los gobiernos de las naciones o territorios federados". El programa asume el criterio de que “tal y como está configurada hoy esta cámara es inoperante y redundante” y creen que su función pasa por convertirla en una Cámara de primera lectura “en asuntos relacionados con los territorios federados y el espacio de pacto entre sus gobiernos”.

En materia fiscal, el programa del PSC apuesta por una Agencia Tributaria de la Generalitat, participada por el Gobierno federal, que se haría cargo de todos los impuestos que se paguen en Cataluña. La administración catalana tendría la capacidad normativa para fijar y modificar los impuestos que tenga atribuidos en función de lo que pacte con el Estado.