El plan de Sánchez para Cataluña avanza lastrado por el histórico déficit inversor

Este jueves se cumple un año de que los presidentes del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Pere Aragonès, retomaran después de la pandemia la mesa de diálogo con la que pretenden buscarle una salida al laberinto de la cuestión catalana. El republicano esperaba al socialista con su fórmula para solucionar el conflicto político: pactar un referéndum a la escocesa sobre la independencia y aprobar una amnistía para los “represaliados” del procés. Sánchez aterrizó en la capital catalana con cinco folios titulados “Agenda para el reencuentro”, un documento que recogía 44 reivindicaciones históricas del Govern. Tras un año, ese plan intenta abrirse camino, lastrado por el histórico déficit inversor pero con mejoras en la reducción de la conflictividad institucional. En La Moncloa ven avances y están convencidos de que habrá más, porque ven un cambio notable en las relaciones, especialmente con ERC. El cambio de tono se ve muy claramente en el Congreso. La Generalitat, que no ve en ese plan el camino para reconducir el desencuentro político, remarca los incumplimientos.

La última reunión de la mesa de diálogo, el pasado mes de julio, fue muy positiva, según el Gobierno. La cita entre Sánchez y Aragonès en La Moncloa después de meses de tensiones por el caso Pegasus cambió muchas cosas y logró dejar por escrito algunos compromisos. Ahora el Gobierno pretende seguir adelante con la mesa de diálogo, con su Agenda y confía en aprobar sus terceros Presupuestos con el apoyo de ERC. Queda mucho por negociar y aunque los republicanos no se cierran en banda sí recuerdan que en julio se puso el fin del periodo de sesiones como fecha límite para las concreciones sobre “la desjudicialización”. El foro de diálogo no tiene una nueva cita fijada pero hay trabajo y contactos para facilitarla mientras la división entre ERC y Junts por el enfoque de esta mesa y otras muchas cuestiones se acrecienta.

En la cita de hace un año, cuando arrancó todo, ambos presidentes rechazaron mutuamente sus planes. El Ejecutivo central descarta pactar un referéndum. Para el Govern, la lista construida sobre documentos que en su día presentaron en Madrid los expresidentes Artur Mas, Carles Puigdemont y Quim Torra no ataca el centro del conflicto político y “es una apuesta del Gobierno de la que no nos sentimos parte”, dijo el pasado martes su portavoz, Patrícia Plaja. Sí que son evaluadas como “medidas sueltas”: fuentes de los diferentes departamentos de la Generalitat reconocen algunas luces y muchas sombras, especialmente en el campo de las inversiones y las infraestructuras. En La Moncloa son mucho más optimistas e insisten en que “el cambio en el clima político ha tenido también un efecto claro sobre la sociedad catalana”.

La Agenda es el baremo que Sánchez se ha autoimpuesto en su plan para reconducir la pulsión independentista y pasar página del procés. Ambas partes coinciden en nombrar como máximo aporte que “se devuelva a la política” la judicializada carpeta catalana. Esto no solo en la manera cómo se aborda la situación penal de los líderes de la vía secesionista sino también en los conflictos competenciales. Fuentes de Gobierno central sacan pecho de la estadística: de 103 recursos de inconstitucionalidad interpuestos por el Gobierno contra normas catalanes desde 1979, solo 5 corresponden a la pasada legislatura (4,85%). La decisión del anterior gobierno de Mariano Rajoy de recurrir -y usar su poder de suspensión- la gran mayoría de las leyes aprobadas en el Parlament fue uno de los puntos de más choque entre Ejecutivos.

Gobierno y Generalitat también ven con buenos ojos que la normalidad se abra paso en la Comisión Bilateral. Ese órgano oficial de relación entre ambos Ejecutivos, contemplado en el Estatut, ha despertado tras el letargo. Entre 2011 y 2018, con el PP en La Moncloa y en la curva ascendente del procés, no se reunió ni una vez, lo que implicó frenar los complejos trabajos para transferir competencias. En el Ejecutivo catalán creen que falta más ambición con cerrar traspasos de más envergadura, como la gestión del Ingreso Mínimo Vital o las becas. Tras tantos años de congelamiento de relaciones, defienden voces del Ejecutivo central, cuesta lograr reemprender el ritmo tras un parón tan prolongado y donde hay que retomar negociaciones en contextos muy diferentes.

La joya de la corona de los traspasos y que ansía la Generalitat es el de las Cercanías catalanas. La Generalitat puede ahora decidir políticas de horarios, con Renfe como operador, y organización pero la infraestructura es de Adif pero aspira a todo. Los problemas constantes en la red generan retrasos que exasperan a los usuarios. A esa lluvia fina se suman episodios críticos como el de hace un par de semanas, que impidió el servicio por dos horas y media. El Gobierno de Sánchez reconoce que se encontró con “un notable déficit de inversiones en materia ferroviaria en Cataluña”, pero defiende que se ha hecho “un importante esfuerzo para revertir la situación”.

El Ministerio de Transportes argumenta que el Plan de Rodalies recoge “actuaciones inmediatas por 4.622 millones de euros, a iniciar entre 2020 y 2025″, además de otras actuaciones a medio plazo por 1.164 millones, a desarrollar entre 2026 y 2031. También enumera otras mejoras, por 560 millones, con lo que la inversión total del plan se eleva hasta los 6.346 millones. La cifra es jugosa pero el calendario no muestra que en breve el usuario se sienta mejor tratado.

En Cataluña, los anuncios de “lluvias de millones” siempre son recogidos con escepticismo. Fuentes del Ejecutivo no solo remarcan el abismo entre la inversión recogida en los Presupuestos generales y la liquidación final. Dudan que se pueda llegar a compensar el desgaste que genera la suma de ejercicios sin cumplir lo anotado. “El déficit histórico del Estado en Rodalies continúa agravándose”, defienden. Del plan de Cercanias 2008.2015 (4000 millones de euros) solo se invirtió el 14%. Para 2013-2015, se apostó por un plan de urgencia de 306 millones. La ejecución fue del 35%.

El Gobierno saca pecho de sus intentos por revertir esa situación y, según sus cálculos, durante este año el ritmo de ejecución de infraestructuras se ha incrementado hasta casi un 36% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior (49 millones de euros más). La estación intermodal de La Sagrera, en Barcelona, es una muestra de cómo, pese a un esfuerzo, la situación parte de un punto crítico. Desde el 1 de junio de 2018, según los datos oficiales, la inversión en las Cercanías es de 800 millones y una de las principales destinatarias es esa nueva megaparada, ya completada en un 60%. Pero el plan original es de 1997, las obras comenzaron en 2008 y el entonces ministro de Fomento, José Blanco, anunció la puesta en marcha en 2012. La Sagrera fue una gran vícitima del parón en la obra pública derivada de la crisis y solo hasta 2017 se retomaron los trabajos.

Más embarrancada está otra infraestructura también recogida en la Agenda. Se trata de la ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat. Aena había previsto invertir 1.700 millones de euros en una nueva terminal que permitiera consolidar al aeropuerto catalán como un hub internacional. La súbita oposición de la Generalitat a las obras, alegando que suponían un atentado medioambiental, hizo embarrancar el proyecto en septiembre del año pasado.

Los dos Ejecutivos chocan en un punto crítico: la reforma del sistema de financiación autonómico. El modelo actual caducó en 2014 y los Ejecutivos catalanes desistieron de participar en las posibles reformas porque consideraban que iba en contra del planteamiento hacia la independencia. El Govern descartó participar en el grupo de sabios que hizo varias observaciones y califica de “mero retoque de criterios, no de modelo” el borrador que de ahí ha salido. La Moncloa asegura que “en breve” se seguirá el proceso de consulta con las CC AA pero la cercanía del año electoral descarta las posibilidades reales de caminar hacia un cambio.

La Generalitat, eso sí, reconoce que puntos históricamente encallados sobre temas económicos concretos se han resuelto. Por ejemplo, en lo relativo a las compensaciones derivadas de incrementar la plantilla de los Mossos d’Esquadra. Un total de 795 millones de euros han llegado a las arcas catalanas mediante partidas específicas en los Presupuestos de este ejercicio y del anterior

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