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La inversión del Estado ahonda la crisis entre Rajoy y Puigdemont

Millo replica que el presupuesto contemplado para este año se ejecutará al 100%

Àngels Piñol
Neus Munte, Oriol Junqueras y Carles Puigdemont, en la sesión de control en el Parlament.
Neus Munte, Oriol Junqueras y Carles Puigdemont, en la sesión de control en el Parlament.Albert Garcia (EL PAÍS)

Los Presupuestos Generales del Estado han recrudecido el enfrentamiento entre la Generalitat y el Gobierno central. Carles Puigdemont afeó ayer a Mariano Rajoy que sus promesas de inversión “no han aguantado” ni una semana después de constatar que el gasto en obra pública en Cataluña caerá un 2,7% respecto a 2016. El delegado del Gobierno, Enric Millo, defendió, por contra, que Cataluña es la comunidad más beneficiada. En realidad, es la segunda después de Andalucía.

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La tensión quedó plasmada en la sesión de control a Puigdemont cuando el popular Xavier García Albiol instó al presidenta convocar elecciones anticipadas ya y a acabar el “esperpento” del proceso independentista. Puigdemont replicó afirmando que su Gobierno se preocupa de todos los catalanes, incluidos los contrarios a la secesión, y aprovechó para expresar la indignación de su Ejecutivo por las cifras de los Presupuestos del Estado. “Rajoy incumple sus promesas y no le aguantan ni una semana. Vino y prometió una lluvia ¿De qué? ¿De millones? Y nos hemos encontrado con una riada que se ha llevado por delante las promesas, las portadas de los diarios y todas las operaciones diálogo que nos quieren regalar”.

El Gobierno central intentó contrarrestar ese discurso para evitar que cunda el escepticismo sobre las cifras que presentó Rajoy el martes de la semana pasada en un acto solemne ante un auditorio de 400 empresarios. Las cifras son de 4.200 millones en cuatro años, de los que 1.149, 5 corresponderían a este ejercicio. Las patronales catalanas alertaron de que el principal problema es el grado de ejecución de lo que el Estado suele presupuestar. La Generalitat dijo que el plan les exigía hacer un “acto de fe” ante unos incumplimientos crónicos.

"El Constitucional no nos deja ya ni convocar elecciones"

À. P

Inés Arrimadas, jefa de la oposición, y el popular Xavier García Albiol exigieron a Puigdemont que adelante las elecciones. Sin embargo, el president no puede ahora legalmente firmar esa convocatoria porque el Tribunal Constitucional ha suspendido, además de la partida para la consulta, la asignación correspondiente a los procesos electorales en los que se incluyen los comicios. "Según el Constitucional, ni siquiera podemos hacer eso porque nos han suspendido incluso esa partida", señaló Puigdemont en su réplica a Arrimadas. El president recordó que el Consejo de Garantías Estatutarias dijo que ese punto —a diferencia del referéndum— era "perfectamente legal". "Dicen que el procés no preocupa a los catalanes pero son ustedes [Ciudadanos] los que se pasan todo el día hablando de él. Bienvenidos al club", zanjó.

La idea de La Moncloa es combatir el independentismo con las inversiones porque no piensa, bajo ningún, concepto autorizar el referéndum. Ante esa tesitura, Enric Millo, delegado del Gobierno, compareció ayer para aclarar la “evidencia” de que Cataluña es la comunidad “más beneficiada” por las inversiones del Estado. En realidad, es la segunda después de Andalucía. “Estos son unos Presupuestos realistas, que se van a ejecutar al 100 % y supone el mantenimiento íntegro de los compromisos adquiridos por Rajoy con Cataluña”, defendió el delegado. El interrogante es si el Estado podrá ejecutar esas cuentas totalmente cuando ya se ha rebasado el primer trimestre del año.

Según los datos de Millo, el Estado ha consignado este año a Cataluña 1.300 millones, de los que 1.100 serán para inversiones. Las partidas más relevantes son Rodalies (270 millones) y el Corredor Mediterráneo (204). Millo reconoció que cada uno puede interpretar las cifras como quiera, pero sostuvo que con estas inversiones Cataluña se sitúa un 192,7 % por encima de la media del resto de autonomías. Eso sí, negó que con esas inversiones el Estado quiera combatir el independentismo después de que Junts pel Sí acusara al Gobierno de “intentar comprar voluntades”.

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