La Policía inicia la expulsión de un referente de la comunidad islámica en Tarragona acusado de amenazar la seguridad nacional

Mohamed Said no se lo explica. A sus 40 años, y tras 30 residiendo en Tarragona, ha recibido una notificación de la Policía que ordena su expulsión del país por amenazar la seguridad nacional. Le acusan de “adoctrinamiento” en su comunidad, de difusión de “postulados radicales proyihadistas”, de “intentar injerir en la política para desestabilizar al Estado español y sus instituciones” y le definen como uno de los “principales referentes en España” del “salafismo ortodoxo”. Arraigado en Reus, con tres hijos, esposa y un trabajo asalariado estable, ha iniciado una campaña para lograr apoyos y que finalmente no se le expulse de un país al que llegó a los 10 años, con sus padres, desde Larache (Marruecos). Denuncia que se le está criminalizando y persiguiendo.

Su pesadilla empezó el pasado miércoles. “La Policía Nacional se presentó en mi casa y me dio una citación para el viernes: debía presentarme en comisaría, con abogado, el pasaporte y el NIE”, explica, en conversación con este diario. Allí le informaron de que se había iniciado un proceso de expulsión contra él. Tramitado con carácter preferente, solo le dieron 48 horas para recurrir. Unas semanas antes, Said había recibido la denegación de su solicitud de la nacionalidad española, con un argumento que ya podía hacerle sospechar: “Alegaban que soy una persona radicalizada”.

Said ha sido durante cinco años portavoz de la mezquita de Reus As-Sunnah, catalogada como salafista, y señalada por el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz como una de las más radicales. Al frente de la institución, ha tratado con los medios, con el Ayuntamiento, con la comunidad local... “Niego cualquier radicalización, cualquier defensa de la violencia”, repite. Y define el salafismo como “una religión como la que practicaban nuestros abuelos”. En Cataluña, una de cada tres mezquitas es salafista, según datos de los Mossos d’Esquadra del año 2016, con unos 80 centros de culto y otros 30 repartidos por el resto de España. La Policía los monitoriza y sigue de cerca lo que se predica en ellas. “He colaborado con los cuerpos de seguridad de la provincia para que no haya problemas”, cuenta Said, en referencia tanto a los Mossos como la Policía Nacional. “Y que ahora vengan y me acusen de cosas así...”, se lamenta.

En junio de 2020, dejó el cargo en la mezquita para emprender un nuevo proyecto, una asociación por la defensa de los derechos de la comunidad musulmana (Adedcom). La decisión de expulsarle ha movilizado a vecinos, movimientos sociales y también al Ayuntamiento de Reus. En un comunicado, firmado por los portavoces de partidos como Junts, ERC, PSC o la CUP, defienden su tarea “mano a mano con las entidades y el Ayuntamiento” para “garantizar los derechos” de los vecinos. El escrito del Consistorio asegura que Said siempre se ha “implicado” en las actividades del municipio, que ha “contribuido a una importante función de cohesión social y de intercambio con la comunidad magrebí y musulmana de Reus” y pide al Ministerio del Interior que tenga en cuenta “su arraigo” antes de decidir expulsarlo. “No creo que se mojen por una persona que sea radical”, insiste Said. En la ciudad se celebró el lunes una concentración de apoyo, con más de 150 personas.

Parte de la resolución policial, elaborada por los servicios de información, se basa en las propias manifestaciones públicas de Said, donde se ha mostrado un claro defensor del uso del hiyab, ha pedido que se pudiese estudiar religión islámica en los colegios o el menú halal. Él insiste en que todo está en los medios, donde ha reivindicado los derechos de la comunidad islámica. Y niega, como sostiene la Policía, conflictos con otras instituciones, como la Comisión Islámica de España o la Unión de Comunidades Islámicas de Cataluña (Ucidcat). El informe también menciona su actividad en las redes sociales, que asegura que le permite extender “su ámbito de influencia” más allá de Tarragona.

Uno de los temores de la Policía, según fuentes al corriente del caso, son las conexiones de Said, bien relacionado, al que atribuyen una voluntad de dedicarse a la política. Una preocupación de los sectores vinculados a la seguridad del Estado es que se estructure a la comunidad islámica a través del salafismo político. Said niega que esa sea su intención y se pregunta, molesto, de dónde lo han sacado. No es baladí que el proceso de expulsión se inicie después de que se le haya denegado la nacionalidad española, un requisito para presentarse a elecciones autonómicas y generales. Said también está enfadado por las “fake news” que corren en las redes desde que ha hecho pública su situación. En concreto, un mensaje con miles de retuits que pone en su boca la frase: “Todas las mujeres occidentales tarde o temprano tendrán que llevar velo islámico”. Asegura que jamás ha dicho algo así.

Oficialmente, la Policía únicamente confirma que se trata de una cuestión de seguridad nacional, sin facilitar ningún otro detalle. El expediente administrativo, que Said ya ha recurrido, debe quedar resuelto en seis meses. La decisión final, que firma el secretario de Estado de Seguridad, es posteriormente recurrible por la vía judicial. Su caso sigue un patrón similar a la expulsión, en 2013, de Noureddine Ziani, entonces presidente de la Unión de Centros Culturales Islámicos de Cataluña y director del espacio catalanomarroquí de la Fundación Nous Catalans, vinculada a la extinta Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). Ziani fue deportado acusado de amenazar la seguridad del Estado. Fue señalado como agente del servicio de inteligencia marroquí (DGED) e impulsor de la construcción de un centro salafista de referencia en Cataluña. El Supremo ratificó su expulsión en 2015 y la prohibición de entrar en España durante 10 años.

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