La Generalitat copia la agilidad administrativa de Aragón para frenar la marcha de empresas de Lleida

En las comarcas de Lleida hay registradas unas 15.000 personas sin empleo, según los datos de ocupación del primer trimestre del año. La tasa de paro interanual ha bajado del 11,9 al 6,9%, un dato que coloca a Lleida como la segunda provincia con menor índice de España. Solo presenta mejores registros la contigua Huesca. La vecindad remarca las coincidencias que hay entre ambos territorios y difunde la imagen de la Franja como una región potente en el sector agrario y la industria agroalimentaria. Sin embargo, esos mismos lazos que estrechan a Lleida y Huesca también azuzan un choque de intereses: las empresas de la zona evalúan si les conviene más situarse a un lado u otro de la frontera administrativa que separa Cataluña y Aragón. Y, en la disputa, Lleida se lleva la peor parte. De media, pierde cincuenta empresas cada año, según un estudio basado en los datos de un lustro.

La Generalitat trata de poner freno a la tendencia y la estrategia que despliega pasa por copiar medidas y normativa que está funcionando en Aragón. El Departamento de Empresa y Trabajo catalán afirma ultimar un plan que prioriza “la simplificación administrativa con la agilización de los procesos”. El departamento que comanda Roger Torrent y la Cámara de Comercio de Lleida presentaron a principios de mes un “nuevo servicio de acompañamiento personalizado a la empresa” que tiene por objetivo promover el crecimiento del tejido económico y evitar las deslocalizaciones. Fuentes que han participado en la elaboración del nuevo modelo de gestión admiten que se han tomado como base los PIGA, los planes de interés general que Aragón reguló en 2018 para atraer proyectos de trascendencia económica y que tienen un abasto supramunicipal.

El estudio sobre la deslocalización de empresas de las comarcas de Lleida, encargado por la Cámara de Comercio y elaborado por la Universitat de Lleida en colaboración con técnicos de la Pompeu Fabra, pone énfasis en la necesidad de favorecer la agilidad administrativa a través de una “ventanilla única” de atención a emprendedores y empresas. Se parte de datos recogidos en el periodo 2015-2020, y se observa cómo negocios del ramo de la agricultura, la ganadería y la pesca escogen trasladar sus actividades a Huesca. El documento presume de ser “una fuente de información rigurosa y útil” sobre un fenómeno de gran relevancia económica y social para la demarcación.

“Son datos, no sensaciones. En Aragón, a un empresario le ponen la alfombra roja, mientras que aquí somos muy garantistas“, analiza Jaume Saltó, presidente de la Cámara de Comercio de Lleida. Basilio Méndez, responsable del departamento de Atención al Emprendedor en la Cámara de Comercio de Huesca, pone de relieve que “la zona de la Litera es muy dinámica y ha tenido siempre una relación muy directa con Cataluña”. Explica que, en los últimos años, el lado aragonés ha ganado capacidad de atracción porque “en lugares como Binéfar, Fraga y Monzón se han hecho políticas muy específicas y se han dado facilidades para la instalación de nuevas actividades”.

Saltó detalla que la deslocalización es un fenómeno común cuando las empresas buscan dar un salto hacia adelante y trasladan sus sedes a ciudades de mayores dimensiones, donde encuentran un ecosistema empresarial más activo. Lo denomina “efecto capitalidad”, y relata el poder de atracción que tiene Barcelona. “Contra eso poco podemos hacer, pero lo que es preocupante es que empresas agrícolas, de fitosanitarios o de maquinaria se vayan a Huesca”. Con los datos en la mano, la Cámara reclamó a la Generalitat una reacción. A principios de junio, Torrent presentó un plan de acción, y defendió que se hará “un seguimiento casi quirúrgico de las 250 empresas más representativas del tejido empresarial de la demarcación de Lleida”. La idea es facilitar la gestión de trámites y abreviar plazos de espera. La Generalitat admite que se pretende favorecer “las inversiones productivas en el ámbito industrial y logístico”.

Rafel Peris Martín es el director general de Ponentia Logistics, una empresa que tiene la sede en Lleida y que ha elegido el municipio aragonés de Tamarite de Litera para impulsar un gran proyecto logístico, con una inversión inicial de 70 millones de euros, y otros 350 millones de euros en una segunda fase. Se calcula que puede generar alrededor de 2.000 puestos de trabajo cuando esté completado. Peris cuenta que en Tamarite “la previsión es que las obras empiecen en 2023″ y que, paralelamente, la compañía también trabaja para participar en el proyecto de una nueva terminal ferroviaria en el polígono Torreblanca Quatre Pilans, del Incasòl, en Lleida. “Estamos teniendo contactos con la Generalitat para ser una de las empresas que pueda licitar cuando se abra el concurso”, manifiesta Peris.

Desde el conocimiento que le confiere tratar con dos instancias administrativas al mismo tiempo, el director general de Ponentia afirma que “en Aragón la tramitación administrativa es mucho más rápida”. Señala que a ambos lados de la Franja las condiciones son muy parecidas: “el precio del suelo es muy similar, las obligaciones medioambientales son las mismas y los impuestos y las tasas son exactamente iguales”.

La diferencia, dice, la marca la agilidad en la tramitación: “Aragón tiene el PIGA, una figura urbanística que hace que los periodos de exposición pública y de alegación se acorten, con lo que la tramitación es más rápida”. El ambicioso proyecto logístico de Ponentia en Tamarite ofertará medio millón de metros cuadrados de naves. “El cliente pregunta por la ubicación que le ofreces y a qué precio, pero luego lo que más le importa es cuánto tardarás en entregarle el terreno o la nave. El tiempo es un factor muy importante”, sentencia.

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