Las trabas burocráticas empujan a empresas de Lleida a Aragón

”El gobierno de Aragón cuando detecta una empresa que quiere instalarse declara esa operación de interés autonómico y los plazos se reducen a la mitad”, desvela el socialista José Evaristo Cabestañ, alcalde de Torrente de Cinca (Huesca). En este municipio de 1.200 habitantes la empresa barcelonesa Semillas Batlle está construyendo una planta que proporcionará 80 empleos. “Cuando nos dijeron que querían venir les acompañé a la consejería de economía y empleo y a la consejería de agricultura. Que vengan empresas es maravilloso y les apoyaremos siempre”, destaca. Algo parecido paso en Monzón, en 2021, cuando un grupo belga se unió con la compañía catalana Vall Companys e invertieron 27 millones de euros en la creación de Veos Ibérica, una planta que transforma la sangre procedente de los mataderos de porcino de la zona en una proteína que sirve para alimentar animales. Ya han creado 20 puestos de trabajo.

Ejemplos como estos son los que desesperan a muchos empresarios de Lleida que, hartos de las trabas burocráticas de Cataluña, están comenzando a instalar sus empresas al otro lado del límite administrativo con Huesca . “Aragón nos ha dado todas las facilidades para que instalemos allí nuestra empresa. Cataluña solo pone trabas y Aragón aprovecha. Tienen Navarra en un extremo con políticas industriales muy competitivas y se han puesto las pilas creando verdaderas autopistas de captación empresarial. Aquí hasta el alcalde del pueblo más pequeño te acompaña para agilizar trámites”, denuncia un empresario catalán que cansado de la carrera de obstáculos ha saltado la frontera autonómica y ha construido las naves de su negocio en Huesca en la zona limítrofe con Cataluña. “No doy ni mi nombre ni el de mi empresa porque luego siempre hay represalias en esta Cataluña que ha dejado de ser competitiva”, lamenta.

La Confederación de Organizaciones Empresariales de Lleida (COELL) junto con Pimec, CCOO y UGT han entregado al delegado del Govern en Lleida, Bernat Solé (ERC), un estudio sobre la “fuga de empresas de Lleida a Aragón”. El informe deja por los suelos a la administración catalana en comparación con la aragonesa. El documento asegura que ayuntamientos y el gobierno de Aragón tienen especial interés en “captar y retener” inversión. El informe denuncia los obstáculos con los que se encuentran los emprendedores catalanes en Cataluña: citan “procedimientos de tramitación de permisos y licencias poco ágiles que se alargan en el tiempo”, dibujan una administración “poco colaborativa” y denuncian que la Generalitat cobra algunos trámites que en otros lugares son gratuitos.

El documento alerta que en Aragón hay más ayudas, facilidades, subvenciones e infraestructuras y comunicaciones. El informe detalla ejemplos como el de la plataforma logística Ponentia que, harta de los obstáculos que encontró en Lleida, acabará instalándose en Tamarite de Litera (Huesca). Empresarios y sindicalistas critican la falta de suelo industrial, las restricciones urbanísticas (“existe la percepción de que pedir cualquier trámite al departamento de urbanismo es hacerlo a un agujero negro”), alertan de la falta de formación académica en algunos sectores y concluyen que el procés ha acentuado la deslocalización y ha constatado que los políticos tienen “desinterés” por el tejido productivo.

El presidente de la COELL, Josep Maria Gardeñes, advierte: “Las quejas contra la administración catalana se arrastran desde hace muchos años. Un empresario cuando tiene un proyecto lo quiere ya, con trámites fáciles. En Aragón todo son facilidades y esto y lo acabaremos pagando porque la riqueza se fuga de Cataluña”. La secretaria general de CCOO en Lleida, Cristina Rodríguez, denuncia que en la provincia sigue, casi crónica, la cifra de 20.000 parados mientras decenas de empresas cruzan el límite autonómico. “Aquí faltan muchas formaciones técnicas y muchas empresas acaban buscando profesionales hasta en Sudamérica”, lamenta. Tras recibir el informe, Solé no ha acelerado los procesos que le han reclamado y se ha limitado a ordenar la redacción de un estudio para analizar la “fuga” que denuncian empresarios y sindicalistas.