Condenado a un año de inhabilitación el consejero de Exteriores de la Generalitat por el 1-O

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha condenado a un año de inhabilitación al consejero de Exteriores del Gobierno catalán, Bernat Solé, por un delito de desobediencia durante el 1-O. La condena a Solé, que no es firme, deriva de su actuación como alcalde de Agramunt (Lleida) durante la jornada del referéndum independentista del 1 de octubre de 2017, declarado ilegal por el Tribunal Constitucional. La condena impide al republicano, actual encargado de la logística de las elecciones del 14-F, ejercer todo tipo de cargos públicos (europeos, estatales, autonómicos, provinciales o locales) durante un año.

La decisión judicial llega el mismo día en que los magistrados de la Sala Quinta Contencioso Administrativa del TSJC estudian los recursos contra el aplazamiento electoral aprobado por el Govern. Una medida cautelarísima ha dejado en suspenso que los comicios sean el 30 de mayo y se mantiene de momento la fecha inicial del 14 de febrero. La condena no afecta por ahora sus tareas: la inhabilitación no se ejecutará hasta que el Supremo, si es el caso, confirme la condena. El independentismo ha salido en apoyo de Solé. “Esta es una sentencia contra todos los alcaldes y las personas que hicieron posible el referéndum del 1-O. Deben tener claro que lo volveremos a hacer”, ha asegurado la portavoz republicana, Marta Vilalta. “Insisten en la represión y la venganza pero los volveremos a derrotar en las urnas”, ha tuiteado el presidente en funciones del Govern, Pere Aragonès.

La sala civil y penal del TSJC considera probado que Solé, que era el número dos en la lista de ERC por la demarcación de Lleida para las próximas elecciones, cometió un delito de desobediencia grave. Como alcalde de Agramunt y diputado en el Parlament, el ahora consejero “tuvo conocimiento personal y directo” de los diferentes pronunciamientos del Tribunal Constitucional que impedían llevar a cabo cualquier actividad de fomento del referéndum del 1-O. El republicano puede seguir en su cargo en el Govern pero no podrá ser candidato. Curiosamente, las candidaturas de Lleida eran únicas que no habían sido proclamadas y publicadas en el DOGC. Vilalta ha dicho que se trata de una muestra más de la “injerencia” del Estado en los comicios.

Solé “permitió” que, seis días antes de esa fecha, una entidad llamada Esquerres per la Independència utilizara un local de titularidad municipal en la plaza del Mercadal para celebrar “un acto público o conferencia destinada a promover la participación ciudadana” en la consulta. Los magistrados recuerdan que el alcalde de Agramunt también “participó como orador” en ese acto público y “alentó públicamente a los oyentes” a votar.

El consejero de Exteriores también participó de manera “activa y decidida” el mismo 1 de octubre, para lograr que el referéndum se desarrollase. A lo largo de la jornada, Solé “asumió de forma intermitente responsabilidades logísticas, de apoyo y de asistencia a los organizadores”. El condenado informaba a los organizadores de lo que estaba sucediendo en otros municipios y también de la actuación de la Policía y la Guardia Civil en diversas localidades.

Además de Aragonès, las muestras de apoyo han llegado desde los socios del Govern, Junts per Catalunya. “El reloj de la (in)justicia española tiene su propio ritmo. No puede decidir quién es o no es president o quién es o no consejero”, ha criticado también en Twitter la candidata a la presidencia de la Generalitat Laura Borràs. El expresidente de la Generalitat Quim Torra ve en la condena una razón más para la república catalana y calificó de “barbarie” que “se inhabilite a un alcalde por el referéndum del 1-O”.