Roger Torrent defiende ante la juez que el Parlament pueda debatir sobre la autodeterminación

La agenda de Roger Torrent de este miércoles es una buena síntesis del procés: una aventura política que toca a su fin, pero cuyas consecuencias judiciales perduran. Horas antes de participar en la mesa de diálogo con el Gobierno de Pedro Sánchez ―en la que la Generalitat pretende poner sobre la mesa la amnistía y la autodeterminación―, el consejero de Empresa y Trabajo ha declarado como investigado por un delito de desobediencia cuando era presidente del Parlament, por permitir la tramitación de una resolución que reivindicaba, precisamente, el derecho a la autodeterminación. Torrent ha negado haber desobedecido, pero ha defendido la necesidad de abrir cualquier debate en la Cámara autónoma, incluida la autodeterminación.

En una escena que se ha convertido en habitual en los últimos años ―un político catalán accediendo al Palacio de Justicia de Barcelona, arropado por los suyos, para declarar por una causa vinculada al proceso independentista―, Torrent ha comparecido durante apenas 15 minutos ante el tribunal. El expresidente del Parlament ha reconocido que los letrados de la Cámara le advirtieron sobre las providencias del Tribunal Constitucional que prohibían tramitar resoluciones sobre la independencia. Pero ha añadido que los letrados en ningún caso “recomendaron la paralización de la tramitación”, ha explicado a la salida de la declaración.

La Fiscalía se querelló el pasado marzo contra Torrent y otros tres miembros de la mesa del Parlament que, en 2019, apoyaron la tramitación de dos resoluciones: una, a favor de la autodeterminación; la otra, para reprobar a la monarquía. El fiscal les acusa de desobediencia al Tribunal Constitucional, un delito que en caso de condena puede conllevar una pena de inhabilitación.

Torrent, que solo ha contestado a preguntas de su abogado, ha afirmado ante la magistrada Maria Eugènia Alegret que si el proceso penal sigue adelante tendrá un “efecto demoledor sobre el debate público”, y ha defendido que el Parlament pueda acoger “cualquier debate” de sus diputados. En su comparecencia, el hoy consejero de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha aludido también a la “inviolabilidad parlamentaria”.

A la salida, Torrent se ha encontrado con apoyos de unos pocos seguidores, pero también con una abultada protesta de los trabajadores de residencias de la tercera edad. “Hemos de poder debatir de todo. Y el derecho de autodeterminación y la monarquía son dos temas de interés público en nuestro país”, ha dicho Torrent frente a los trabajadores, más interesados en otros debates, como por ejemplo la necesidad de un convenio catalán sobre geriatría. “Cuidados dignos = salarios dignos”, rezaba una de las pancartas. Los trabajadores han intentado, sin demasiado éxito, que el consejero de Empresa y Trabajo las leyera.

Consciente de su condición de investigado, Torrent se ha mostrado convencido de que la mesa de diálogo en la que él mismo participa esta tarde es una “oportunidad política única” para “trasladar al Gobierno” dos principios: la autodeterminación y la amnistía, entendida como “el fin de la persecución y la represión”. El Ejecutivo de Pedro Sánchez, sin embargo, poco tiene que decir en la causa de Torrent, donde la Fiscalía y Vox ejercen la acusación, y que seguirá su tramitación en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ajena a las negociaciones en la plaza de Sant Jaume de Barcelona.