Ada Colau refuerza los antidisturbios de la Guardia Urbana pese a acordar la disolución de la unidad

“Cambiaron el nombre solo para callar bocas”, afirma uno de los 179 agentes que siguen formando parte del escuadrón de emergencias de la policía municipal

Agentes de la Guardia Urbana de Barcelona mantienen su formación para controlar aglomeraciones durante las fiestas del barrio de Gràcia.
Agentes de la Guardia Urbana de Barcelona mantienen su formación para controlar aglomeraciones durante las fiestas del barrio de Gràcia.Lorena Sopêna (Europa Press)

La Guardia Urbana de Barcelona conserva la unidad antidisturbios pese a que uno de los compromisos asumidos por la alcaldesa Ada Colau fue desarticular este escuadrón. Hoy hay 179 agentes integrados en lo que era la USP (Unidad de Soporte Policial) y que, luego, se rebautizó como UREP (Unidad de Refuerzo de Emergencias y Proximidad). Según el testimonio de un agente de esa unidad de la Guardia Urbana recabado por EL PAÍS, la actuación ha sido solo estética: “Cambiaron el nombre a la USP solo para callar bocas. Tras unos años sin que salieran plazas ahora están potenciando la unidad y en verano tendremos nuevos vehículos. El orden público es una competencia exclusiva de Mossos, pero estamos haciendo todo lo que hacíamos con USP en los botellones, vigilancias o controles de masas”. Desde BComú consideran que Colau cumplió la promesa suprimiendo la USP dos meses antes de las elecciones de 2019 y aseguran que la UREP no es una unidad antidisturbios. Sin embargo, fuentes cercanas a la jefatura del cuerpo policial admiten que desde la pandemia la UREP -que sigue vistiendo ropa de antidisturbio- realiza funciones, que en ocasiones son de orden público, apoyando a los Mossos.

Las páginas 47 y 48 del programa de Barcelona en Comú -con el que se presentó (y ganó) Ada Colau en 2015 las elecciones municipales- remarcaban un puñado de propuestas para “mejorar la seguridad en los barrios promoviendo una policía comunitaria de proximidad”. En cinco puntos destacaba las propuestas que tenía el partido en materias de seguridad. Pedían que se fomentara el contacto “directo y diario” entre vecinos y agentes y exigían, sin definirla, la “policía de proximidad”. El punto más explícito destacaba: “Disolver de manera progresiva las unidades de policía administrativa y de seguridad (UPAS)…e integrar a los agentes de esta unidad en otras funciones policiales”.

Las UPAS eran las unidades de agentes antidisturbios que se crearon cuando Joan Clos era alcalde. Continuaron con Jordi Hereu y cuando Xavier Trias gobernó Barcelona les cambió el nombre por el de Unidad de Soporte Policial (USP). Eran agentes uniformados con indumentaria muy parecida a los ARRO o BRIMO de Mossos: con cascos, escudos, porras largas… Colau mantuvo varios años la USP. En 2016 tenía 160 urbanos uniformados como antidisturbios. Hoy -cuando BComú lleva siete años al frente del gobierno de la ciudad- hay 179 agentes de la policía local que patrullan vestidos de antidisturbios aunque ahora la sección tiene otro nombre: UREP.

El 15M (en 2011) fue uno de los gérmenes para el nacimiento de BComú. Las UPAS fueron las responsables del desalojo de la plaza Cataluña. Esta misma unidad fue varias veces denunciada acusada de abuso policial, como el que alumbró el documental Ciutat Morta y que, también, sirvió de trampolín político al partido de Colau. Cuando BComú ganó los comicios en 2015, la alcaldesa no puso a ningún concejal al frente de la Guardia Urbana sino que nombró a un comisionado de seguridad: Amadeu Recasens. El comisionado -para cumplir con la promesa electoral- prohibió a los agentes realizar funciones de orden público alegando que las competencias son de Mossos d’Esquadra. Pese a ello, la Urbana seguía teniendo agentes vestidos de antidisturbios pero con órdenes expresas de no intervenir para dispersar manifestaciones o realizar cargas policiales.

Dos meses antes de las elecciones de 2019, Colau cumplía su promesa y firmaba un decreto de alcaldía “extinguiendo” la unidad USP. Pese a ello, se mantuvieron a 139 agentes vestidos de antidisturbios que pasaron a formar parte de una nueva sección: la Unidad de Refuerzo para las Emergencias y la Proximidad (UREP). Recasens admitió que los agentes estaban vestidos de antidisturbios pero defendió que intervenían en la gestión de emergencias, protección de espacios públicos, grandes concentraciones o protección del medio ambiente.

Dos meses después del decreto de alcaldía suprimiendo la USP, Colau volvió a conseguir gobernar la ciudad en coalición con el PSC. Los socialistas prescindieron de Recasens y colocaron como teniente de alcalde de Seguridad a Albert Batlle. Nadie volvió a cuestionar a los antidusturbios.

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En 2019 había 139 agentes en la UREP. Tras la sentencia del Procés decenas de jóvenes acamparon en la plaza Universitat. Los Mossos concluyeron que había un “problema de espacio público” en la plaza, y no de orden público, por lo que la policía autonómica se negó a intervenir. El 20 de noviembre de 2019 los urbanos de la UREP vestidos con el traje completo de antidisturbios -cascos y escudos- cargaron contra los activistas acampados. Batlle felicitó públicamente a sus agentes y se volvió a abrir al tráfico la Gran Via que llevaba cortada cerca de 20 días. La imagen represiva de los antidisturbios de la Urbana fue idéntica a la del 15M de 2011.

Desde fuentes cercanas a la jefatura del cuerpo policial municipal aseguran que con la pandemia se constató que Mossos y Urbana tenían que apoyarse y eso implicaba que la Urbana realizara, “en algunas ocasiones”, funciones de orden público. “Cuando teníamos que desalojar botellones quedó claro que Mossos tenían que ayudarnos en hacer cumplir las normativas, pero la Urbana también teníamos que estar cuando había un problema de orden público. Y para ello tenemos la UREP”, dicen las mismas fuentes.


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