El Govern despide al director general de Comforsa tras subirse su sueldo hasta los 210.000 euros

Comforsa, la industria de la forja que pasó a manos de la Generalitat en 1985 como fórmula para salvar los empleos de sus fábricas de Ripoll y Campdevànol, vuelve a estar en el ojo del huracán. En abril, su director general desde 2018, Reca Vidiella, fue cesado de forma fulminante con un despido disciplinario, acusado de haberse subido el salario en 2021 a espaldas del consejo de administración. Pasó a cobrar 170.000 euros brutos anuales más una retribución variable de hasta el 25%, lo que le situaba en una horquilla máxima de 212.000 euros y al frente del ranking de remuneraciones del sector público de la Generalitat, según diversas fuentes consultadas.

El president Pere Aragonès tiene estipulado un salario de 130.250 euros y, según consta en la relación de directivos de las empresas públicas autonómicas, quien más cobraba entre las empresas públicas era el director general de Ferrocarrils de la Generalitat, Pere Calvet, con unos emolumentos de 151.000 euros.

Vidiella, cuyo contrato también cubría el alquiler del apartamento en el que residía en Ripoll, chocó con la dirección del actual Departamento de Empresa y de Avançsa -sociedad de la que depende Comforsa- porque la consejería controlada por ERC había decidido que la empresa debía pasar una auditoría interna de los ejercicios 2018, 2019 y 2020, al estar incluida la sociedad en un programa de actuaciones de control, como otras entidades del sector público autonómico. Esa auditoría, sin embargo, había sido frenada durante la anterior legislatura, cuando Empresa estaba controlada por Junts. Vidiella también rechazaba ese análisis en profundidad de los gastos internos de la compañía porque consideraba que, pese a estar en el perímetro de la Administración catalana, Comforsa es una sociedad mercantil de derecho privado y que no se puede asemejar a cualquier otra empresa pública, porque opera en el mercado libre. La empresa sirve a grandes grupos, como grandes fabricantes de camiones como Scania, Iveco, Volvo, Hyundai o el fabricante norteamericano de ejes Hendrickson.

El exdirector general de Comforsa niega que su mejora salarial se aprobara “a espaldas de nadie” y defiende que esta coincidió con las que también beneficiaron al actual director ejecutivo, Josep Puig; al responsable de recursos humanos, Jesús Sánchez, y el director de finanzas, Robin Searle, teniendo un informe sobre retribuciones en empresas equivalentes a Comforsa por volumen de negocio y sector. Ninguno de ellos quedó por debajo de los 140.000 euros de salario, según las diversas fuentes consultadas por EL PAÍS. Tras ser consultado este miércoles, el Departamento de Empresa ha confirmado las informaciones y ha señalado que “en los próximos meses se adaptarán los salarios directivos a criterios que marque Función Pública”.

Vidiella ha iniciado dos procesos judiciales contra su despido. Uno por reclamación de cantidades a la compañía pública, al considerar que su despido es nulo. El otro por los daños morales y los problemas de salud derivados, en el que demanda directamente al secretario de Empresa y Competitividad y presidente de Comforsa, Albert Castellanos, y al director general de Avançsa, Josep Maria Vilarrúbia. El pasado miércoles se celebró un acto de conciliación que no fructificó.

Según sus explicaciones, Vidiella se incorporó a la empresa en plena intervención de la Generalitat, a principios de 2018, con un salario de 85.000 euros, pero con la promesa de que se le actualizaría, teniendo en cuenta que la compañía operaba en el mercado libre y tenía una facturación de alrededor de 40 millones de euros. En 2017, se le dio el visto bueno a un aumento que lo situaba en 135.000 euros más variables. Finalmente, en 2021, se acordó en el consejo de dirección una actualización de salarios teniendo en cuenta un estudio comparativo del sector. La trayectoria del directivo siempre había estado ligada a la industria de las motocicletas, con cargos directivos en empresas como Gas Gas y Derbi-Nacional Motor.

Comforsa es una empresa que ha recibido de forma continuada de las inyecciones de recursos públicos procedentes de la Generalitat, con el objetivo de generar actividad económica en la comarca del Ripollès. Tiene plantas de producción en Ripoll y Campdevànol (4), y tiene una plantilla de 340 personas. Entre 2016 y 2020 ha recibido 36 millones de euros (54 millones en 10 años) por esa vía, la última de 3,4 millones de euros. En 2020 facturó 40,4 millones de euros, un 19% más tras la caída sufrida en 2020, y perdió 5,6 millones de euros, según las últimas cuentas depositadas en el registro mercantil. En 2021, los beneficios habrían alcanzado los 2,1 millones de euros. Todas las fuentes consultadas destacan el trabajo realizado por Vidiella al frente de la compañía, en el que sacrificó la facturación para conseguir beneficios.

Una de las intenciones de los sucesivos ejecutivos de la Generalitat era desprenderse de la compañía, para integrarla en un grupo de mayores dimensiones que fuera capaz de dotarle de masa crítica para operar en el mercado. Con la covid, se desechó esa opción al considerar que su valor en el mercado habría caído. Y de ahí parte que el Govern volviera a tener en mente realizar las auditorías internas dictadas desde la Intervención General de la Generalitat, por las que han pasado otras entidades. Ya se ha iniciado el proceso con la petición de la documentación relativa a los tres ejercicios. La previsión es que se pueda tener toda la documentación definitiva a finales del próximo año. Y sería a partir de entonces que se volvería abrir el debate sobre esa posibilidad, afirman fuentes del Ejecutivo catalán. “La auditoría podría ir bien para hacer el análisis de los procesos internos y ver si es viable desde el punto de vista de una empresa pública”, señalan.

Fuentes internas de la compañía explican que Castellanos ha señalado en reuniones mantenidas con la empresa que, por el momento, Comforsa podría tener un doble alma de funcionamiento. Por un lado, tener compras centralizadas con concurrencia pública como otras entidades de la Administración y por el otro tener más libertad para aquellas operaciones propias de una empresa que opera en un mercado liberalizado, con competencia de otros actores privados.

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