La Generalitat halla múltiples irregularidades en la gestión del circuito de Cataluña

La Intervención General de la Generalitat ha concluido los trabajos de fiscalización que inició el año pasado sobre la sociedad Circuits de Catalunya, que controla la propia Administración catalana y gestiona el circuito de Montmeló. Su informe definitivo, al que ha tenido acceso EL PAÍS, ha aflorado numerosas irregularidades, que van desde retribuciones no reconocidas en el convenio por un importe de 722.904 hasta contrataciones de trabajadores temporales no permitidas a los entes del sector público de la Generalitat. La compañía se ha visto obligada a aplicar un plan de varios años para subsanar las anomalías.

Las pesquisas de la Generalitat tienen su origen en el plan de auditorías aprobado por el Govern para entes del sector público que, ya fuera por su volumen de ingresos o por una situación continuada de pérdidas económicas, suponían algún riesgo para las cuentas de la Administración catalana. Circuits de Catalunya, presidida por Vicenç Aguilera, es uno de esos casos: en 2017 facturó 49,4 millones de euros y perdió 7,5 millones de euros. La inyección de recursos públicos es continua por unos resultados negativos repetitivos. La última se produjo el año pasado, cuando la Generalitat inyectó 4,5 millones de euros y aumentó su posición como accionista, hasta un 78,2% de las acciones. El informe asegura que dada su situación económica, la empresa se habría encontrado en 2018 en “situación de disolución”, en quiebra.

Y es en ese contexto en el que la Intervención General de la Generalitat ha hallado numerosas anomalías de gestión. “CCSL —las siglas de la compañía— no cumple con la normativa que le es de aplicación”, concluye un amplio documento de 27 páginas. El principal es el que tiene que ver con las retribuciones que la dirección asumió sin que éstas estuvieran en el convenio colectivo que regía a la empresa. El informe definitivo los eleva hasta los 722.904 euros, una cifra superior a evaluaciones anteriores avanzadas por El Mundo. La Intervención resuelve que algunos de esos pagos pueden tener “la consideración de indebidos”, lo que podría representar un “supuesto de responsabilidad” (civil, penal o disciplinaria) según lo que reza la Ley de Finanzas Públicas de Cataluña.

Pero el documento también recoge irregularidades sobre el pago de horas extras (33.401 euros) sin la aprobación del consejo de administración, cuando la ley d Presupuestos de la Generalitat obligaba entonces a compensaciones con horas libres de servicio. Además, se asegura que 21 empleados llegaron a superar las 80 horas extraordinarias máximas que fija el Estatuto de los Trabajadores. No hay documento que muestre una autorización previa al uso de esas horas. Asimismo, se censura el hecho de que la compañía destinara 657.000 euros para contratar los servicios de una empresa de trabajo temporal cuando la ley catalana de Presupuestos lo impedía.

Débil control interno

En el análisis también se ha detectado un débil control interno de los contratos firmados por la compañía, lo que dificultaba especialmente la fiscalización de los contratos menores. Los técnicos hallaron procedimientos de adjudicación y una composición de las mesas de contratación errónea.

Y se subraya un gran descontrol en el reparto de entradas gratuitas en los grandes premios de Fórmula 1 (3.420) y de Motociclismo (3.718) que se celebraron aquel año en sus instalaciones. “Dado que se trata de fondos públicos que se podrían estar dejando de percibir, sin la debida motivación y justificación —dice el informe definitivo de la intervención—, los hechos podrían suponer un perjuicio para las finanzas de la Generalitat”.

El director general de la compañía, Joan Fontseré, explicó ayer que la sociedad remitió en octubre a la Generalitat un plan de actuación de varios años para resolver la situación, que fue aprobada de forma definitiva en noviembre pasado por la Intervención, aunque a partir de ahora iniciará “el seguimiento” de la puesta en marcha de esas propuestas correctoras. Fontseré argumentó ayer que las irregularidades se explican por los cambios jurídicos que ha sufrido Circuits de Catalunya en los últimos años, que pasó de ser un consorcio a convertirse en una sociedad limitada participada por administraciones.

Además de la Generalitat —directamente y a través de la empresa Avançsa, dependiente del Departamento de Empresa— los otros dos accionistas de la compañía son el Ayuntamiento de Montmeló y el RACC.

Sobre la relación entre el club automovilístico y el circuito, el informe revela que el RACC facturó a Circuits de Catalunya 50.000 euros, correspondientes al salario del director deportivo del circuito y que trabajaba en sus instalaciones. Es decir, estaba a nómina del club automovilístico, pero lo pagaba la compañía participada de la Generalitat. “No se dispone del contrato o convenio entre el RACC y CCSL por estos servicios”, cuestiona la intervención.