PP, Cs y Vox acusan al PSC de menospreciar el castellano y burlar las sentencias por apoyar la nueva ley sobre lenguas

Una de cal y otra de arena para el gran pacto político en Cataluña que da luz verde a un nuevo régimen lingüístico en las escuelas, aunque sin asumir el porcentaje mínimo del 25% en castellano establecido por los tribunales. La norma ha superado este miércoles su primer trámite en el Parlament, gracias a los votos de ERC, PSC, Junts y En Comú Podem (el 80% de los diputados), pero es posible que no pueda ser definitivamente aprobada hasta principios de junio, porque el PP, Ciudadanos y Vox sopesan pedir un dictamen al Consejo de Garantías Estatutarias de la Cámara. Eso implicaría que el próximo martes 31 de mayo, cuando vence el plazo dado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para aplicar el 25% de castellano en las escuelas, la nueva ley no estaría aún en vigor, lo que dificultaría a la Generalitat argumentar ante el juez que su voluntad ―aunque no aplique la sentencia directamente― es regular el uso de las dos lenguas cooficiales en la escuela.

En el debate de este miércoles han volado los reproches de los detractores de la nueva ley, a un lado y otro del espectro ideológico. El PP, Cs y Vox han cargado contra el PSC, al que acusan de menospreciar al castellano y coquetear con la desobediencia a los tribunales. Por su parte, la CUP culpa a los otros dos partidos independentistas, ERC y Junts, de abrir la puerta al fin del modelo de escuela solo en catalán.

El texto acordado por ERC, Junts, el PSC y En Comú Podem no atiende la interlocutoria del Tribunal Superior que ordenó que, a partir de la semana próxima, al menos un 25% de las horas lectivas (una materia troncal, además de Lengua Castellana) se impartan en castellano en todos los centros educativos. Los cuatro partidos defienden que la presencia de cada lengua oficial sea fijada a la carta por cada centro, en función de su realidad sociolingüística, mediante un plan lingüístico que ha de ser avalado por la Generalitat. El articulado insiste en que el catalán es la lengua vehicular (es decir, docente) utilizada “normalmente”, aunque añade que el castellano también debe tener un papel en la escuela. “La enseñanza y el uso curricular del catalán y del castellano deben estar garantizados”, establece.

Carlos Carrizosa, líder de Ciudadanos, ha calificado la proposición de ley de “atropello” al castellano y ha acusado a los socialistas de ser “los cooperadores necesarios del nacionalismo”. “No es un consenso por la lengua, es una imposición a los catalanes”, ha protestado. Alejandro Fernández, del PP, ha advertido a los socialistas de que “sumarse a las astucias separatistas para evitar cumplir la ley” abre una senda de “no retorno”. Para Vox, se trata de una “ley trampa” porque “no se recoge el español como lengua vehicular, pese a lo que manda el TSJC”.Vox ha confirmado que pedirá que el Consejo de Garantías elabore un informe sobre la constitucionalidad del articulado.

La CUP, en otro sentido, también ha sido muy dura con la reforma. La anticapitalista Dolors Sabater ha sostenido que la nueva ley se pliega al mandato judicial: “Se adapta el marco legal a la sentencia del 25%, es decir, se convierte en ley la sentencia”, ha dicho. “Es un fatídico día histórico en el Parlament. Quien está legislando son los magistrados”. La CUP ha acusado a las cuatro formaciones firmantes del proyecto de pactar “a escondidas” y desoír a la comunidad educativa y a las entidades que trabajan por el catalán. Pese a ello, los anticapitalistas descartan apoyar una enmienda presentada por Plataforma per la Llengua, muy crítica con una ley que cree que abre la puerta al bilingüismo y descuida el fomento del catalán.

Convencer al tribunal

El plan del Govern y los grupos impulsores de la ley era que, antes del próximo martes, estuvieran aprobados tanto la norma como un decreto ley del Govern para blindar jurídicamente a las direcciones de los centros. Si finalmente llega la petición del dictamen al Consejo de Garantías (que también sopesan Cs y PP), ese calendario saltaría por los aires. En el pleno, Ciudadanos ha aprovechado para preguntar al consejero de Educación, Josep Gonzàlez Cambray (ERC), si piensa cumplir o no la sentencia del castellano en el límite fijado. El titular de Educación no ha respondido. Sí ha detallado que la Generalitat velará por el cumplimiento de los planes lingüísticos, por ejemplo, con pruebas de competencias para medir el dominio oral de cada una de las lenguas oficiales.

Es la Alta Inspección educativa, que depende del Ministerio de Educación, la que a partir del martes tiene que informar al Tribunal sobre la ejecución de la sentencia. Fuentes del TSJC explican que no hay un formato definido sobre cómo tiene que ser dicha evaluación y que, teniendo en cuenta el balance, se decidirá el camino a seguir. En el caso de un incumplimiento, con el envío de nuevas advertencias o incluso la imposición de multas diarias.

El PSC defiende que, aunque el proyecto de ley no recoja el mínimo de 25% de clases en castellano que ordena la sentencia, la nueva norma puede facilitar que se ejecute esa resolución judicial, una lectura completamente contraria a la que hacen en ERC o Junts. En una entrevista a Onda Cero, el jefe de filas del PSC, Salvador Illa, ha remarcado que la sentencia tiene que cumplirse y que esta “fija un porcentaje”. El Govern y los socialistas comparten el mismo análisis, esto es, que el TSJC solo fijó ese porcentaje ―lo hizo en 2014― porque la Generalitat no había legislado sobre la proporción del castellano en la educación; al aprobarse ahora el nuevo paquete legal, esa carencia, según estos grupos, desaparece. Por eso, confían en que el tribunal dará por ejecutado o, al menos encarrilado, su veredicto.

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