Hartazgo en centros para discapacitados por las medidas anticovid: “Vivimos metidos en urnas de cristal”

Los pisos tutelados de personas con discapacidad en Barcelona siguen arrastrando algunas de las restricciones que han vivido, y todavía viven, durante la pandemia. A estos espacios se les aplicó la normativa de centros residenciales y, por tanto, sus usuarios estuvieron encerrados mucho más tiempo que la población general. La dirección de la fundación Pere Mitjans, con 18 pisos para personas con discapacidad, explica que en el momento de la desescalada se generó “frustración y mal humor al ver que el resto podía salir o ir al bar y ellos no”. E. T. es residente de unos de los pisos de la fundación: “Sentía envidia cuando la gente podía salir y yo todavía no. No estaba tranquilo porque no podía ir a tomar algo con mi familia”. Su tutor, su hermano Joan, asegura que “su afectación psicológica fue muy grande: él necesitaba salir, yo lo veía muy triste y, aunque estuviera muy bien de salud, mentalmente estaba mal”.

Una de las quejas que se hace desde el colectivo es que no se ha prestado ninguna atención a la salud mental. “Se les ha tratado como a abuelos que no se mueven del sitio, metiéndolos en una urna de cristal del todo inexistente”, comenta Joan. Laura Azarola, profesional de atención directa de la fundación, coincide con él y añade que estas personas se encuentran “sobreprotegidas” por el resto. “No han tenido capacidad de decisión sobre los riesgos que podían tomar en cuanto a exponerse al coronavirus o no”, explica. Esto es así porque a todas las personas con diversidad funcional se las ha considerado personas de riesgo. La trabajadora piensa que se debía haber apostado por “una posibilidad de gestión mucho más individualizada en el sentido de que cada uno de ellos pudiera valorar hasta qué punto arriesgarse, como el resto de las personas”.

En estos centros, los protocolos de visita han sido muy restrictivos. M. H., otro usuario, explica que lo pasó mal el tiempo que no pudo ver a sus familiares: “Pensaba en tantos enfermos y tantas cosas que estaban pasando y como tengo un hermano que tiene asma, tenía miedo por él. Como no podía verlos, esto me afectaba más”. Una vez se abrieron las puertas de los pisos, los encuentros con sus seres queridos debían hacerse siguiendo unas normas estrictas: cada uno entraba por una puerta, se sentaban en una mesa y tenían que tener la mascarilla. M. H. describe esta experiencia como “apagada porque tenía muchas ganas de verlos, pero como no podíamos abrazarnos ni hacer nada, me ponía muy triste”. Ahora ya pueden salir a la calle con sus familias, y eso, tal como asegura Joan, “para ellos es media vida”.

Sin embargo, todavía queda una restricción en este tipo de centros y es que los trabajadores tengan que llevar mascarilla, en interior y exterior. Desde la fundación lamentan que “se está potenciando un modelo más tipo hotel: donde los profesionales sirven como camareros o enfermeras, completamente alejados del modelo comunitario e inclusivo que defendemos”. A G. S-M. le gustaría que los educadores se quitaran la mascarilla “para ver sus caras más frecuentemente, y sus sonrisas”: “Eso me anima y lo echo de menos.” Desde el Departamento de Derechos Sociales de la Generalitat se obliga a estos profesionales a usar la mascarilla porque en los centros viven personas que se consideran vulnerables al virus. En cuanto a la retirada de esta restricción, aseguran que “no hay una periodicidad establecida”, sino que el departamento, junto con Salud Pública, evalúan las medidas en función de la evolución de la pandemia.

A nivel físico, la crisis sanitaria también ha traído consecuencias. En primer lugar, M. H. narra que “la pandemia me ha reducido la movilidad porque me aguanto menos de pie, me siento más flojo y las piernas más débiles”. Durante el confinamiento, no podía ir a su fisioterapeuta habitual y, como alternativa, una persona era la encargada de hacerle masajes: “Venía los días que podía, muchos menos de los que yo iba al fisio antes de todo esto.” Pero estos años también han dejado algo “positivo”, y es que los trastornos de las conductas bajaron: “La gente estaba más tranquila, igual porque las actividades que hacíamos eran suficientemente entretenidas”, explica un portavoz de la dirección.

Económicamente, la fundación Pere Mitjans ha recibido ayudas por parte de la Administración, “aunque no suficientes”, según un miembro del equipo. El dinero aportado por la Generalitat fue destinado a material para la covid: geles desinfectantes, EPI y material de limpieza. Esta ayuda se pagó desde marzo de 2020 hasta abril de 2022 y consistía en 196,30 euros al mes por cada usuario del centro. No obstante, los costes que supusieron el aumento en las ratios de profesionales no estuvieron financiados, lo que “ha aumentado la deuda que ya se tenía”. En toda la pandemia, de los 114 usuarios, hubo siete ingresos hospitalarios por covid (alguno, varias veces), y murió una persona.

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