Las familias exigen eliminar la cita previa para visitar a los usuarios de las residencias de Cataluña

Julia no puede ir cuando quiere a ver a su María, su hermana, en la residencia donde vive. El centro de ancianos, situado en el barrio de Gràcia de Barcelona, le exige que pida cita previa para organizar las visitas de todos los residentes. María tiene 75 años y sufre alzhéimer. Hasta hace poco vivía con Julia, dos años menor, que se convirtió en su cuidadora. Le hacía la comida, controlaba cuándo se tomaba las pastillas y la acompañaba a todos lados. Hasta que la enfermedad pudo más que la voluntad de hierro de la hermana pequeña. “Ya no tenía herramientas para cuidarla como merece”, lamenta Julia, que vio en el centro de ancianos una salida a la situación. “Está bien cuidada”. El problema, dice, es que las visitas improvisadas no son bienvenidas. El protocolo de visitas en las residencias establecido por la Generalitat mantiene que deben ser con “cita previa”.

Las familias reclaman flexibilizar la normativa para situar el día a día de las residencias al mismo nivel que el resto de sectores sociales y económicos, en un momento de apertura total. Las empresas alegan que no pueden saltarse la norma y derivan al Govern la responsabilidad de actualizar el protocolo. Fuentes del Departamento de Derechos Sociales, por su parte, defienden que el entorno residencial es especialmente “vulnerable” ante la covid, aunque admiten que la consejería pretende revisar los protocolos para “flexibilizar” las medidas. Otras comunidades, como Galicia y Castella y León, entre otras, también requieren la cita previa para visitar en las residencias.

La sensación de numerosas familias es que las residencias sufren unas restricciones demasiado estrictas. “Tenemos todos los sectores económicos abiertos, pero no podemos ir a ver a nuestras familias cuando queremos”, denuncia María José Carcelén, portavoz de la plataforma Coordinadora 5+1, una asociación de familias creada en 2017 para denunciar las condiciones de las residencias de ancianos. Carcelén considera que las residencias son los “hogares” de los ancianos que viven en ellas, por lo que limitar las visitas según el criterio de los centros, entiende, mengua los derechos individuales. “Nadie necesita una cita previa para visitarme en casa”, compara. “¿Por qué tengo que pedirla para ir a ver a mi madre?”.

El impacto de la covid en las residencias ha sido mayúsculo, recuerda Amnistia Internacional. No solo por las muertes (casi 10.000 personas han perdido la vida en residencias y centros sociosanitarios catalanes), sino por la huella emocional que ha quedado en los ancianos. “El aislamiento ha sido muy duro estos dos años”, recuerda Adriana Ribas, coordinadora de la entidad en Cataluña. “Cualquier medida que sea restrictiva y dificulte la vida normal tiene que ser mínima. Si se puede trabajar sin cita previa y evitar las limitaciones, mejor”, considera. Ribas coincide con Carcelén en señalar la “afectación de los derechos” e incluso va un paso más allá: “Me preocupa que las medidas que toma la Generalitat no estén controladas por el Ministerio Fiscal para hacer un seguimiento”. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ya hizo un control de algunas medidas anticovid en la comunidad, como el toque de queda o los confinamientos perimetrales, y en algunos casos llegó a tumbar los planes del Govern porque consideró que no estaban suficientemente argumentados.

La Generalitat defiende que la medida sigue actualmente vigente “dado los brotes en algunas residencias”. Actualmente 66 centros de los 1.023 de toda Cataluña tienen un brote descontrolado de covid y 85 tienen casos aislados. El resto, 872, están libres del virus. Los positivos en las residencias, en todo caso, han aumentado un 58% en tres semanas al pasar de 470 usuarios infectados a 741.

Andrés Rueda, presidente de la Associació Catalana de Directors de Centres i Serveis d’Atenció a la Dependència (Ascad), propone eliminar la cita previa en aquellas residencias sin covid para facilitar la convivencia de las familias en espacios sin riesgo: “Si se concreta así, tenemos un amparo jurídico, que es lo que necesitamos”. La Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA) considera que la limitación de la cita previa en el día a día es reducida, aunque su presidenta, Cinta Pascual, admite que eliminarla puede ser positivo. “Las residencias tienden a facilitar las cosas para que las familias y los usuarios se encuentren”, comparte, “lo que pasa es que antes se podía entrar en las residencias como Pedro por su casa, y ahora no es posible por el protocolo. Pascual, que reclama iniciar la administración de la “cuarta dosis”, avanza que no se opone a la supresión de la cita previa.

Julia aún está en proceso de digestión de lo que le ocurre a ella y a su hermana. “Cada vez que salimos a pasear y volvemos a la residencia se me rompe el alma. Aún cargo con un sentimiento de culpabilidad por no poder hacerme cargo de ella”.

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