Aprobada la ILP de Universidades, que da tres años para reducir hasta un 36% el precio de las matrículas en Cataluña

El Parlament ha aprobado este miércoles la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de Universidades, que fija la reducción progresiva de los precios de las matrículas hasta un 36% en tres años. Asimismo, los tres importes actuales, según el tipo de carrera, se unificarán en uno solo. El coste de los másteres también menguará y se equiparará al de las carreras. La rebaja ha sido aprobada por 88 votos (Junts, ERC, CUP, PP y Vox) y con 45 abstenciones (En Comú Podem, C’s y PSC).

A pesar de la euforia expresada por los impulsores de la iniciativa y de los partidos que la apoyan por ser una reivindicación de hace una década, lo cierto es que el texto final de la ILP, modificado y pactado por los partidos en el Parlament, relaja la normativa estatal. Y es que en 2020, el Ministerio pactó con las comunidades -y Cataluña votó a favor- que a partir del curso 2022-23 el precio de las matrículas no podrían superar los 18,46 euros por crédito. Actualmente en Cataluña este importe oscila entre los 17,69 y los 27,67, según la carrera. Con la orden ministerial, que es de obligado cumplimiento, las matrículas catalanas deberían bajar, al menos, un 33% ya para el próximo septiembre y todos los grados costarían un máximo de 1.107 euros anuales.

Este Departamento de Universidades de momento no se pronuncia sobre la orden ministerial y se remite al decreto que regula los precios de las matrículas que todavía se está elaborando y que se acostumbra a publicar en junio.

Diferentes sindicatos y entidades estudiantiles, sindicatos de profesorado, así como la asociación que agrupa a las universidades públicas (ACUP), impulsaron la ILP a principios de 2019. La iniciativa logró sumar 70.000 firmas y el aval de todos los partidos políticos, así que en julio de 2020 inició su trámite parlamentario, un largo camino que finalizó este miércoles.

La ILP reforma la actual Ley 1/2003 de Universidades de Cataluña, entre otras cosas, añadiéndole una disposición transitoria que establece que los precios de las matrículas “tienen que reducirse de forma progresiva durante los tres ejercicios económicos siguientes a la aprobación de esta ley”, hasta alcanzar un único precio en los estudios de grado igual o inferior” a los importes fijados en 2021. Esto es, 17,69 euros por crédito, lo que se traduce en que los estudiantes de cualquier carrera pagará anualmente unos 1.060 euros, siempre que no cuenten con una beca, ya que Cataluña aplica un sistema de tarificación social. En el caso de los másteres, será un importe igual o inferior al 70% del fijado ese año. La reducción de los precios, añade el texto, deberá ir acompañado de compensación para las arcas de las universidades.

Precisamente el peligro que corrían las finanzas de los campus debido a los duros recortes de hace una década llevó a la Govern -entonces de CiU y PP- y a los rectores de las universidades a pactar en 2012 un fuerte incremento del 66,7% del precio de las matrículas, convirtiendo Cataluña en la comunidad con las tasas más altas de todo el Estado. El tasazo desencadenó fuertes movilizaciones estudiantiles y en 2019 empezó a caminar la ILP. A pesar que el Parlament había aprobado en alguna ocasión la reducción de las tasas, la medida no se hizo efectiva hasta el 2020.

Como portavoz de la plataforma impulsora de la ILP, Anna Rosselló, ha intervenido en el Parlament para destacar que el objetivo de la normativa es “blindar por ley la rebaja de los precios de las matrículas” y evitar que estos dependan del color político del gobierno de turno. Los partidos que votado favorablemente han destacado que la ILP responde a una reivindicación estudiantil y que es una medida que asegura la equidad y evita que los precios supongan una barrera en el acceso a la universidad.

PSC y comunes, partidos que forman el Gobierno central, han coincidido en lamentar que se haya pactado la rebaja hasta los 17,69 euros por crédito en tres años y no se aplique ya el curso que viene.

Por su parte, la consejera de Universidades, Gemma Geis, se ha comprometido que se podrán “todos los recursos necesarios” para compensar a las universidades por la disminución de ingresos que supone la rebaja de las tasas.

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