El ecologismo se hace fuerte en el corazón de la Costa Brava

El municipio de Begur, en pleno corazón de la Costa Brava, se ha convertido en el caballo de batalla de los ecologistas. En 2018 los activistas se unieron para no tener “ni un palmo más de cemento” ante una veintena de planes urbanísticos, la mayoría previstos desde hace décadas, que de pronto se revitalizaron. Desde entonces tienen litigios en Palamós, Cadaqués, Palafrugell o Begur. En esta última población, que es la que tiene más flancos abiertos, los ecologistas se enfrentan a cuatro grandes proyectos. En uno de ellos, en la urbanización de S’Antiga, se ha iniciado el plan de construir tres chalets de lujo a dos millones de euros cada uno, y los activistas lo han denunciado ante el Ayuntamiento. “Es donde se urbaniza a mayor ritmo, con mayor impacto ambiental y paisajístico en espacios con valor natural”, afirma el abogado Eduard de Ribot. La alcaldesa, Maite Selva, está “muy tranquila y convencida que todo se hace dentro de la legalidad”.

El Plan Director Urbanístico (PDU) de revisión de suelos no sostenibles del litoral de Girona, conocido como el plan de protección de la Costa Brava y que se elaboró en 2021, evaluó 202 suelos de 17 de los 22 municipios del litoral. Vetó 15.037 residencias que liberaron 1.168 hectáreas. En Begur significó reducir el potencial de 1.207 a 521 casas. La mayor alegría para los ecologistas fue la desclasificación del sector de Aiguafreda, —265 casas y 3 hoteles previstos—, pero continúan estos cuatro proyectos polémicos: uno en la urbanización de S’Antiga, otro en la de Jardins de Sa Riera Living, un macro-chalet en Port d’Es Pi, en la playa de Sa Riera, y la urbanización de Puig Montcal en Aiguablava. El Ayuntamiento defiende que, en todos estos casos, las licencias son válidas porque el PDU no evaluó suelos urbanos o urbanizables donde ya había licencias o proyectos.

Los ecologistas lo han llevado a los tribunales, ya que consideran que todos tienen un gran impacto ambiental y paisajístico, vulneran las directrices de paisaje, afectan suelos forestales y están en pendientes de más del 20%, entre otras características. “Begur sabe que su Plan de Ordenación Urbanística Municipal (POUM) de 2003 es irregular porque permite edificar en zonas de grandes pendientes cuando la Ley de Urbanismo, de 2005, lo prohíbe”, lamenta De Ribot, que sostiene: “No se puede permitir que 15 años después estén dando licencias en laderas de montañas”.

En S’Antiga se han construido cinco de los 24 chalets previstos y tres están en obras. La primera fase de los cinco chalets construidos está en los juzgados, mientras que los tres que están en obras constituyen la nueva denuncia urbanística presentada en el Consistorio. Los ecologistas impugnan la licencia otorgada por “graves irregularidades”. SOS Costa Brava lo ve como “un grave atentado al patrimonio natural, ambiental y paisajístico” e intentará “revertir esta actuación hasta que se derribe lo erigido”. Afirman que un informe de la Universidad de Girona, como pericial independiente, confirma irregularidades en el proceso urbanístico y constructivo que afecta a una zona protegida en el Plan de Espacios de Interés Natural (PEIN).

En la urbanización Jardins de Sa Riera Living se han construido dos bloques con 52 casas plurifamiliares. Para Lydia Chaparro, de SOS Costa Brava, “posiblemente es actualmente la de mayor impacto ambiental”. Por su aspecto, a modo de nichos, se la ha rebautizado popularmente como “cementerio con vistas”. De Ribot considera que “han deforestado la ladera y se ha transformado en una montaña de hormigón”. Las licencias de obra están impugnadas y también el POUM. Sobre la cala de Port d’es Pi se alzará un macro-chalet de 757 m2 construidos que “debía ser planta baja más un piso y se ha convertido en más dos”, apunta. Finalmente, en Puig Montcal van 33 casas, pero lograron parar por la vía judicial la primera parcela de la segunda fase —12 casas— dicen, “por estar dentro del PEIN”. Propietarios y Consistorio intentan desencallar la obra.

Begur asegura que cumple la legalidad e intenta no tener que enfrentar indemnizaciones. “S’Antiga era una cantera en desuso y se recalificó para proteger otros sectores en 1999″, recuerda Selva. Se quitó suelo urbano de la zona de Sa Tuna, donde iban 17 casas, se evitaron otras en la urbanización Residencial y otras 200 en la zona de Carmen Amaya a cambio de construir en la cantera y de indemnizar a sus propietarios. “Estoy muy tranquila. Si los distintos planes y organismos como la Comisión de Urbanismo o el PDU no han desclasificado estos sectores, no podemos hacer más que dar licencias si las piden”, dice la alcaldesa.