35 millones a dedo para una empresa desconocida: el contrato “temerario” de la Generalitat que cuestiona Antifraude

La compra de material médico por 35 millones de euros durante la primera ola de la pandemia a la empresa Basic Devices SL, una compañía con un capital social de 4.000 euros según consta en el Registro Mercantil y que no había trabajado antes con la administración, fue “temeraria”, según la Oficina Antifraude de Cataluña. El organismo afea a la Generalitat las “irregularidades” de esta adjudicación y pidió el pasado 9 de febrero al Departamento de Economia y al Instituto Catalán de la Salud (ICS) que “informen” en un periodo de 30 días de las medidas adoptadas para evitar estas situaciones. La Generalitat llegó a denunciar en marzo del 2020 a los Mossos d’Esquadra la falta de garantías de este proveedor, aunque finalmente la retiró y anunció que la entrega pactada (mascarillas y equipos de protección individual para los profesionales sanitarios, principalmente) se realizó completamente. A través de un comunicado, el ICS reivindica que “no existen elementos corruptivos”, como admite Antifraude, y señala el contexto de “emergencia” del inicio de la pandemia para explicar el riesgo de la operación: “Los proveedores habían manifestado la imposibilidad de suministrar material de protección”.

Antifraude inició en abril del 2020 un análisis sobre las presuntas irregularidades cometidas en la cadena de distribución y venta de productos sanitarios ante la situación de emergencia del inicio de la pandemia. Según la Oficina, la crisis “aumentó el riesgo de fraude” y limitó los “mecanismos de supervisión” o control. A raíz de la denuncia del propio gobierno catalán por las dudas de Basic Devices, avanzada por EL PAÍS, Antifraude abrió su propia investigación.

Según el informe, presentado este martes, el Gobierno catalán contrató el 19 de marzo del 2020 por la vía de emergencia (contratos que no se licitan por la urgencia de la situación) el aprovisionamiento de cuatro millones mascarillas y dos millones de equipos de protección individual por 60,5 millones, de los que avanzó 35 al día siguiente a través de una transferencia bancaria. Ese mismo día, responsables del Departamento de Economía, entonces liderado por Pere Aragonès, denunciaron a los Mossos una tentativa de estafa, aunque tres días después, el 23 de marzo, la retiraron porque la empresa contratista “presentó información suficiente”. Semanas más tarde, tras superar el primer pico de la ola, el ICS desistió parcialmente del contrato porque sus necesidades no eran las mismas y renunció a la mitad de los EPI por lo que el monte total quedó en los 35 millones avanzados.

Este pago se realizó “sin cobertura legal”, denuncia Antifraude, porque la regulación no habilitó los abonos anticipados hasta el 28 de marzo, días después del primer pago. “El pago se avanzó sin una justificación documentada sobre la necesidad de hacerlo”, concluye el informe, “y sin acreditar ninguna garantía” de la empresa contratista. Antifraude destaca que no consta en el Registro Público de Contratos ningún contrato previo entre Basic Devices y la Generalitat, por lo que “no había referencias” previas de esta empresa. También señala que “no consta” el origen de los contactos entre la compañía y el ICS ni el contenido de los temas tratados previamente a la adjudicación a dedo. Según la Oficina, las consultas preliminares al encargo “no fueron ni transparentes ni esclarecedoras”.

La empresa, además, no estaba inscrita en el sistema de la Seguridad Social, indica Antifraude, lo que contradice la normativa de los contratos públicos. El reglamento establece que todas las empresas licitadoras deben estar inscritas en la Seguridad Social. “De confirmarse, Basic Devices se encontraba en una situación de prohibición de contratar”, apunta.

Por todo ello, el informe considera que el pago anticipado fue un “acto temerario” y supuso un “riesgo no controlado”. “La cantidad era muy elevada y las referencias de la empresa eran muy débiles, en un entorno de mercado de máxima desconfianza y tensión”, insiste el documento. Antifraude recomienda al Departamento de Economía que fije “instrucciones” y elabore protocolos que eviten riesgos “como los expuestos”. El contrato fue firmado por el actual consejero de Salud de la Generalitat, Josep Maria Argimon, que entonces era el director gerente del ICS. Por ello, la CUP pidió este martes su comparecencia y la de la exconsejera, Alba Vergés, en el Parlament para “informar sobre las irregularidades”. Els ICS remarca a través del comunicado haber “colaborado” con Antifraude y que seguirá haciéndolo.

El informe de Antifraude llega pocos días después de que la Sindicatura de Cuentas publicara un documento en el que señala presuntas irregularidades durante la adjudicación de contratos por emergencia durante los primeros meses de la crisis sanitaria. La Generalitat destinó 31,6 millones de euros en siete contratos a dedo, vinculados a dar apoyo a los servicios veterinarios, renovar las licencias de Microsoft, comprar cámaras policiales o renovar la logística informática para la recaudación de un impuesto medioambiental.

Los contratos por la vía de emergencia se habilitaron con la aplicación del estado de alarma, en marzo de 2020, para dar respuestas urgentes a las necesidades de la población en plena crisis por la covid, sin requerir una licitación pública. Ahora, la Sindicatura de Cuenta y Antifraude revisan este proceso de contratación.