La Generalitat prosigue con la compra millonaria de mascarillas tras el archivo judicial por fraude

La Generalitat de Cataluña ha dado marcha atrás este lunes en la denuncia contra la empresa Basic Devices por un posible intento de estafa en la compra de material sanitario por valor de 35 millones de euros. El director general de Política Financiera, Josep María Sánchez, ha declarado a las nueve de la mañana en la comisaría de Les Corts de Barcelona que la compañía ha aportado la información “suficiente para refutar los indicios de estafa”, según la declaración a la que ha tenido acceso EL PAÍS. Fuentes de la Generalitat han afirmado que, tras hacer comprobaciones documentales, se mantiene la comanda de mascarillas y batas de protección. La consejera de Sanidad, Alba Vergès, ha declinado comentar la operación y ha asegurado que el Gobierno catalán está “disparando a todas partes” para poder conseguir el material.

El paso atrás de la Generalitat llega después de que una juez de Barcelona archivase de forma provisional la denuncia -presentada por los Mossos en el juzgado de guardia- al no apreciar indicios de que se haya cometido un delito de estafa. La magistrada consideró que de la denuncia no se desprende que hubiera engaño a la Generalitat.

Los Mossos han informado al juzgado de la nueva declaración por parte del Govern. El director de Política Financiera ha leído ante los agentes un correo electrónico del secretario general del departamento de Presidencia, Albert Castellanos, fechado este domingo, en el que se especifica que Basic Devices ha aportado “detalles operativos referentes a logística, operaciones y toda la operativa financiera nacional e internacional”. También han definido la “cadena de trabajo y sus participantes” para que todos tuviesen “información esencial de todos los procedimientos y cualquier notificación relevante”.

Además, han adjuntado documentación sobre la operación mercantil “inicialmente sospechosa” que “justifica la naturaleza de la compañía” y los movimientos que habían generado “preocupación entre las entidades financieras”. Asimismo, han aportado las “referencias de la SICAV donde se ordenó una transferencia y las dos personas de contacto con quien los responsables de la empresa operan desde Luxemburgo para acreditar la naturaleza de la operación”. Con todo ello, formalizan “el desistimiento de la denuncia presentada”.

El atestado policial inicial presentado en el juzgado el sábado señalaba que la empresa lleva cuatro años sin actividad y que le consta un único trabajador. Fuentes de la Generalitat han asegurado que la denuncia se efectuó después de las advertencias de las entidades financieras entre las que se tenía que hacer la transferencia y que, una vez acreditada la operación, se mantiene la compra de material con ese proveedor y con otros dado el “momento excepcional” que está suponiendo la actual crisis sanitaria.

La consejera de Salud, Alba Vergés (ERC), ha declinado comentar la operación durante la rueda de prensa diaria del Ejecutivo catalán. “No comentamos comandas concretas”, ha asegurado. Sí ha dicho que las compras se harán con “todas las garantías” y que se seguirán los pasos fijados por la ley para hacer las adquisiciones.

Fuentes próximas a Basic Devices han relatado a este diario que los problemas se subsanaron ayer en una reunión mantenida durante nueve horas en la sede del Departamento de Economía y Hacienda, en la que responsables de esa consejería y del Instituto Catalán de la Salut (ICS) les solicitaron documentación acreditativa sobre la operación que desbloqueara la operación. Las mismas han relatado tanto la rapidez del proceso como la demanda de un pago único avanzado de 35 millones ante “la complejidad de traer desde China cuatro millones de mascarillas en un momento como este, en el que hay una fuerte demanda mundial”.

Desde Basic Devices se admite que la sociedad utilizada llevaba tiempo inactiva, lo que generó recelos en los bancos, y que justamente se utilizó dada la premura de cerrar el contrato. Aseguran que el grupo empresarial tras el que está la sociedad, que no han querido desvelar, había hecho a los proveedores un avance de 17 millones de euros para asegurar la provisión. Esa cantidad, han asegurado, no es para proveer de material sanitario únicamente a la Generalitat. Hay otros compradores que no han querido concretar.

“Es muy complicado en estos momentos conseguir un slot de un vuelo comercial para trasladar material sanitario en un mercado que, además, tiene muchas demanda”, han relatado. “La logística es muy complicada”, ha dicho. Sobre la participación de una Sicav basada en Luxemburgo en la operación no han querido dar más detalles sobre su función en la operación.

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