La Generalitat de Cataluña adjudicó 31,6 millones a dedo en contratos ajenos a la covid

Apoyo a los servicios veterinarios, renovar las licencias de Microsoft, cámaras policiales o logística informática para la recaudación de un impuesto medioambiental. Son algunos de los conceptos de los contratos adjudicados a dedo por la Generalitat de Cataluña a lo largo de 2020 por el trámite de emergencia y sobre los que la Sindicatura de Cuentas considera que su objeto “se aleja de las necesidades destinadas a la protección de la covid”. En total, el Ejecutivo catalán destinó 31,6 millones de euros en siete contratos que el órgano cuestiona, cinco de ellos a través de Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI).

Los contratos por la vía de emergencia se habilitaron con la aplicación del estado de alarma, en marzo de 2020, para dar respuestas urgentes a las necesidades de la población en plena crisis por la covid, sin requerir una licitación pública. El problema, según la Sindicatura de Cuentas, es que algunas adjudicaciones se alejan de la excepcionalidad de la pandemia.

La Generalitat adjudicó por vía de emergencia un contrato de 11 millones de euros para comprar y mantener el programario de Microsoft, desplegado en la mayoría de ordenadores de los diferentes departamentos. El CTTI justificó la falta de una licitación pública por “la necesidad de garantizar el funcionamiento de los productos relacionados con los servicios de la salud, la seguridad ciudadana y la protección social”. Lo mismo argumentó para firmar un contrato de 7,6 millones para renovar las licencias SAP y de Oracle, también vinculados al desarrollo informático.

El Centro de Telecomunicaciones acumula más contratos que la Sindicatura cuestiona. Aceptó pagar 200.000 euros por ocho cámaras y un centenar de sistemas de comunicación para las motos de los Mossos d’Esquadra y 26 cámaras más para los Bomberos; y justificó la contratación de un sistema tributario para implementar el impuesto de CO₂ por 600.000 euros. En este último caso, el CTTI mantuvo que el cobro de los impuestos era “irrenunciable” por el Departamento de Economía tras estimar que la recaptación anual de dos tributos medioambientales alcanzaría los 300 millones. El documento advierte de que los presupuestos estaban “seriamente amenazados” ante la caída de la economía.

La Sindicatura también afea al Departamento de Salud la adjudicación de dos contratos por valor de 12,15 millones de euros a una misma empresa para el “apoyo a los servicios veterinarios en los mataderos y establecimientos de caza”. El primero se acordó un mes después de que la compañía que prestaba estos servicios notificara su disolución. La Generalitat declaró entonces “de emergencia” estos trabajos hasta el 31 de diciembre del 2020, y dos días antes de cumplir el plazo, el 29 de diciembre, adjudicó el segundo contrato a la misma empresa. El Departamento defendió que era “inviable” licitar este procedimiento por falta de tiempo y prorrogó la catalogación de “emergencia” a los servicios veterinarios hasta el 30 de junio, cuando terminó la vinculación con la compañía adjudicataria.

La Dirección General de Contratación Pública alegó ante la Sindicatura que los contratos del CTTI “garantizan la continuidad” de la Administración y las escuelas. Defiende, además, que el servicio de apoyo a los servicios veterinarios se había prestado “sin cobertura contractual” desde 2016.

El Departamento de Economía, por su parte, mantiene activos los trámites para recuperar los ocho millones que la Generalitat abonó de más por error a una empresa para adquirir respiradores en la primera parte de la pandemia. Fuentes de la consejería aseguraron a EL PAÍS que las gestiones sigue su avance para recuperar el dinero.