Cuatro empresas se llevaron uno de cada diez euros adjudicados por la vía de emergencia en 2020

El 31 de marzo de 2020, en los primeros caóticos días del estado de alarma, el Gobierno de Murcia adjudicó la gestión de su televisión pública a la empresa CBM, la misma que lo hacía hasta entonces. Lo hizo utilizando la tramitación de emergencia, un sistema excepcional que permite dar contratos a dedo por la vía ultrarrápida, sin abrir expediente y con muy pocos controles previos y transparencia. Este sistema, el más rápido y directo de la Ley de Contratos ―permite hasta poner en marcha algo solo con hablarlo― está limitado a tres supuestos muy claros: acontecimientos catastróficos, situaciones que supongan grave peligro y necesidades que afecten a la defensa nacional.

La pandemia que estaba arrancando por entonces justificaba el procedimiento en algunos casos porque la crisis de la covid es considerada una catástrofe y supone graves peligros, por eso se permitió el uso de este sistema para la compra de material sanitario. Por eso, para justificar qué tiene que ver el coronavirus con la televisión pública de Murcia hay que ponerse algo más imaginativos.

En su justificación, el primer argumento del Ejecutivo murciano es que el estado de alarma frenó los trámites administrativos y no pudieron conceder a tiempo el concurso abierto que habían convocado para esa concesión. Más allá de que no llegar a tiempo no es causa suficiente para usar este sistema, lo cierto es que sí lo tuvieron: el contrato vigente por entonces arrancó en 2015 y se había prorrogado tres veces. Finalizaba el 30 de abril. Y no fue hasta el 25 de febrero que pusieron en marcha el contrato, después de varios retrasos en los trámites previos. Con esos plazos era casi imposible que llegaran a tiempo aunque no se hubiera declarado el estado de alarma.

Murcia también alegó que la televisión es esencial en casos de catástrofes. Y no aprobar ese contrato a dedo por tramitación de emergencia suponía un “significativo peligro para la salud y la vida de las personas”. Con estos mimbres, se aprobó la contratación de emergencia por unos 744.000 euros al mes hasta que el concurso abierto eligiera a un ganador por la vía ordinaria. El plan era que fuera solo un parche durante dos meses, mayo y junio, pero se prorrogó dos veces, la última ya estimaba alargarlo en 2021.

El contrato de la tele pública de Murcia es uno solo uno de los muchos que se colaron entre los que se encargaron para comprar mascarillas, mamparas y test PCR. En total, las administraciones públicas adjudicaron y publicaron 16.589 contratos de emergencia durante 2020, que suman 6.445 millones de euros. Suponen un 15% de todos los que se firmaron ese año, un porcentaje inédito. Para comparar: la Administración General del Estado firmó 658 contratos de emergencia, más de 3.200 millones de euros durante 2020; frente a los 50 contratos de 2019 (27millones), o los 12 de 2018 (tres millones).

Y es normal. Era una situación, de verdad, extraordinaria. Pero, ¿qué se compró? ¿A quién? Y, lo más importante, ¿se cumplieron siempre las pocas reglas de la tramitación de emergencia? ¿Hay más casos de contratos, como mínimo, sospechosos? Spoiler: la respuesta a las dos últimas preguntas es no y sí.

Un 10% para cuatro empresas

La crisis sanitaria hizo que muchas empresas tuvieran que reconvertirse y que otras vieran oportunidades en medio de la crisis. Es el caso de FCS Select Products, una empresa dedicada al sector de las bebidas energéticas con sede en Barcelona y una filial en China que nunca había trabajado en el sector sanitario. Gracias a cuatro contratos con el Ministerio de Sanidad, todos firmados el 23 de marzo y que suman más de 217 millones de euros, se convirtió en el principal importador, o intermediario, del Gobierno.

Es la empresa que más dinero se llevó, en 2020, vía contratos de emergencia. Una de sus administradoras había sido condenada en 2015 por estafa, según desveló El Confidencial. Tras esos cuatro contratos (aquí, aquí, aquí y aquí), no volvió a firmar con administraciones públicas españolas. Fue flor de un día. Pero muy, muy lucrativa.

Le sigue en la lista la empresa china Hong Kong Travis Asia, con 187 millones, debidos sobre todo a una compra de 150 millones en mascarillas. De hecho, esta empresa se llevó uno de cada tres euros que fueron a parar a empresas extracomunitarias (574 millones, el 9% del total).

La tercera en la lista es Barna Import Médica. Al contrario que FCS, se trata de una empresa que ya se dedicaba antes de la crisis a la importación y venta de productos sanitarios. Sumaron 121 millones pero repartidos en 225 adjudicaciones. Vendieron a administraciones de todos los niveles mascarillas, guantes y batas, entre otros elementos de protección.

La cuarta es Abbott (111 millones en 103 adjudicaciones), la gran mayoría para la compra de test de antígenos, puesto que comercializan uno de los más efectivos dentro de este tipo de pruebas de diagnóstico.

En total, estas cuatro empresas suman unos 637 millones de euros, casi el 10% del total adjudicado y publicado en 2020. En este buscador se puede acceder al detalle de todos los contratos de emergencia.

¿Qué es emergencia y qué no?

¿Cuándo se puede usar la tramitación de emergencia? Según la Ley de Contratos, “cuando la Administración tenga que actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional”. En estos casos, se contrata a quien se considere y ya, sin abrir expediente, incluso solo hablándolo, para poder ponerlo en marcha rápido.

Lo normal es encontrar en los contratos del pasado reparaciones imprevistas (si se rompe una cañería o se agrieta el asfalto de una carretera) o medidas ante temporales climatológicos y otras catástrofes. Pero, ya antes de la llegada de la pandemia, estas reglas no siempre se cumplían. El 2 de enero de 2020 el ayuntamiento canario de Icod de los Vinos usó este sistema para alquilar tres camellos para la cabalgata de Reyes. No fue suficiente, según su criterio, hacerlo como contrato menor. Necesitaban aún más flexibilidad, y lo adjudicaron además por emergencia. Tenían poco margen, es evidente, pero también lo es que los Reyes vienen cada año y era, por tanto, previsible. Y, claro, que no había catástrofe ni grave peligro si lo hubieran hecho sin camellos. Algo similar ocurrió en Cádiz, pero en su caso lo que necesitaban con emergencia para el pasacalles de las fiestas navideñas eran Transformers y estrellas luminosas.

Si nos vamos a años anteriores encontramos la compra de comida para la estación de esquí de Boi Taüll o el curso de Big Data y Machine Learning que compró la empresa pública de ingenieria Ineco a Telefónica con una emergencia cuanto menos sorprendente.

El 13 de marzo, un día antes de la declaración del estado de alarma, llegó al BOE el primer Decreto Ley de muchos con medidas por la pandemia. Entre otras cosas, declaraba que la Administración General del Estado podía usar la contratación de emergencia “para atender las necesidades derivadas de la protección de las personas y otras medidas adoptadas por el Consejo de Ministros para hacer frente al COVID-19”. Dos semanas después, se amplió esta potestad a todas las administraciones públicas y se dio luz verde a los pagos por adelantado, incluso antes de firmar nada ni de recibir ningún material.

Con estas reglas sobre la mesa, ya en pleno caos pandémico, entre miles y miles de contratos de emergencia, se colaron algunas adjudicaciones de emergencia que, a primera vista, no parecen responder de forma estricta a la lucha contra el virus ni a ejecutar las decisiones del Consejo de Ministros en esta línea. Uno de los ejemplos más habituales son los contratos de campañas de publicidad institucional. Es evidente que anuncios de mascarilla + distancia + lavado de manos sí que cumplen esos requisitos, pero esa justificación no es tan clara en campañas de prevención de incendios forestales (algo que ocurre cada año, por cierto), sobre planes de reactivación económica o, y estas son las más habituales, las de promoción turística.

Usando la tramitación de emergencia firmaron contratos para publicar anuncios que ayudaran a reactivar el turismo Cataluña, que lo autorizó vía decreto ley; el Consell Insular de Eivissa, que además no justifica el uso de este procedimiento en su publicación, aunque es obligatorio; y hasta la propia Secretaría de Estado de Turismo, que le dedicó dos millones de euros.

El Ayuntamiento de Marbella gastó 36.000 euros en 15 pistolas táser. Su justificación del uso de la emergencia: “No todos los ciudadanos aceptan de buen grado las indicaciones” para cumplir las normas de confinamiento aprobadas tras la declaración del estado de alarma. Además, según ellos, es un asunto de riesgos laborales. Y esta es su argumentación, literal, un todo en uno: “El agente corre riesgo de sufrir otro tipo de agresión que puede degenerar en lesión física que debilite sus defensas inmunológicas que puedan degenerar en el contagio del COVID19 o cualquier otra enfermedad infecto contagiosa”.

Cuando el Ayuntamiento de Meco (Madrid) usó esta vía rápida para contratar la gestión de la piscina municipal tiró de la excusa habitual de las prisas (es que con todo este jaleo no me ha dado tiempo), aunque se contrate para cada verano, y de una más imaginativa: los vecinos están pasándolo mal y necesitan su piscina.

Mascarillas, test, acondicionamiento de espacios y servicios informáticos

Pero la chicha de los 6.439 millones de euros en contratos de emergencia se destinó a medidas de protección. La gran mayoría, 5.398 millones, fue a contratos de suministros, sobre todo mascarillas y otra vestimenta de protección (casi tres mil millones), seguidas de test.

Entre las obras, de los 326 millones adjudicados, más de 94, un 30%, fueron a a acondicionar, reparar y mantener espacios sanitarios. Mas allá del coronavirus encontramos las obras de emergencia habituales: arreglos de carreteras y vías de tren y reparaciones tras los destrozos causados por temporales, en este caso por Gloria, la borrasca que dejó trece fallecidos en enero de 2020.

En servicios, la mayoría se gastó en transporte, logística y alquiler de vehículos, a veces para llevar a su destino los suministros anteriores; en pruebas de covid, rastreo de contactos, asistencia sanitaria y alojamiento de pacientes; y en limpieza y desinfección, sobre todo en los primeros meses, cuando la idea más difundida era que el virus esperaba agazapado en las paredes durante horas casi para saltarte encima cuando caminaras cerca. También destaca el gasto en servicios sociales e informática, en este último caso para atender las nuevas necesidades del teletrabajo.

Por organismos, la Administración General del Estado gastó más de la mitad de esos 6.445 millones. Casi todo lo gestionó Sanidad. De hecho, el 98% del dinero en contratos de ese ministerio se adjudicó vía emergencia. Entre las comunidades, destacan Cataluña (807 millones) y Madrid (689).

Por cuestión de competencias y de presupuesto, las entidades locales tuvieron mucho menos peso. Entre ellas destaca el Ayuntamiento de Madrid, con 45 millones gastados en emergencia. Ahí se encuentra, entre mascarillas y test, el contrato para diseñar un pebetero que contuviera la llama de homenaje a las víctimas de la enfermedad.

Con información de Carmen Torrecillas, Miguel Ángel Gavilanes, Antonio Hernández, María Álvarez del Vayo y Ángela Bernardo a través de la Fundación Civio