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INSTITUCIONES PÚBLICAS
Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

Nuestros Enrique Arnaldo

La renovación de los organismos de los medios de comunicación de la Generalitat se asemeja al denostado modelo español de nombramientos para el Tribunal Constitucional

Medios de comunicación cataluña
El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès (i), conversa con el líder del PSC, Salvador Illa (d), en presencia del portavoz de Junts, Albert Batet (c), en el Parlament.Quique García (EFE)

Una de las cosas que distingue a los carolingios de la Marca Hispánica de los bárbaros vecinos es la festividad de Sant Esteve, un hecho diferencial al que atinadamente se refería Jaume Padrós, presidente del Colegio de Médicos de Barcelona, el mismísimo boxing day en Twitter: “¡Feliz Sant Esteve! Una de las fiestas más nuestras. Y que nos recuerda –como otras fiestas y tradiciones– que el origen y personalidad de Cataluña es carolingia, una realidad política y cultural única y diferenciada en la península. No tenemos nada que ver ni con el Cid ni con Don Pelayo”. Sí, somos distintos. Aunque la política hermana a los pueblos y los pactos y los acuerdos entre los partidos acostumbran a conllevar unos trágalas muy similares.

Hace unos días, PSC, Esquerra y Junts llegaron a una serie de acuerdos para renovar organismos como la Sindicatura de Greuges, la de Cuentas, el Consejo del Audiovisual (CAC), la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) y la Autoridad Catalana de Protección de Datos. La noticia en si es buena, pues permeabiliza la política de bloques y permite que civilizadamente se pacten mandatos caducados desde hace años y paralizados por los 10 años de procés. Pero todo pacto tiene su cruz. Sin ir más lejos, cuando el Gobierno central y el PP renovaron el Tribunal Constitucional suscitó polémica que la derecha promoviera para uno de los puestos al magistrado Enrique Arnaldo, colaborador de FAES, defensor de Enrique López, actual secretario de Justicia del PP y consejero del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que fue detenido por conducir ebrio cuando era magistrado del Constitucional. Arnaldo, además, aparece en varios sumarios sobre causas de corrupción vinculadas al PP. Pero ahí está, refrendado por el Congreso.

Lógicamente, nadie, aspire o no a formar parte de un organismo público, es un espíritu puro. Todos tenemos nuestra ideología, pero en el desempeño de determinadas funciones es exigible que los partidos afinen y busquen personas cuya actuación, por encima de lógicas adscripciones, sugiera ecuanimidad para la ciudadanía y dé, en definitiva, tranquilidad de espíritu. El asunto es especialmente peliagudo cuando afecta a la Justicia –nombramientos de magistrados– o a los medios de comunicación, como es el caso de la CCMA y, singularmente, del CAC, un organismo que no se ha caracterizado en los últimos años por cumplir sus objetivos, como son los de velar por el pluralismo político, religioso, social, lingüístico y cultural y supervisar la neutralidad y honestidad de la información que se trasmita. Pues bien, al frente de este organismo los tres partidos que han desbloqueado los mandatos caducados han situado a Xevi Xirgo, periodista director de uno de los diarios con más subvenciones públicas, El Punt Avui, y autor de dos libros: Carles Puigdemont. La lluita a l’exili y Carles Puigdemont. M’explico. Xirgo no ha ocultado nunca no ya su respetable ideología, sino su militancia independentista. Ni su amistad con Puigdemont, con quien coincidió en el diario gerundense El Punt. Amante de brocha gorda para hablar de la “prensa española”, Xirgo ha considerado en diferentes escritos que la mesa de diálogo entre la Generalitat y el Gobierno central es poco menos que estéril, en consonancia con la doctrina Puigdemont. Todas sus opiniones son muy respetables, pero claro, quizás no muy adecuadas para quien debe velar por el equilibrio informativo.

El acuerdo entre PSC, Esquerra y Junts es bueno políticamente para desbloquear mandatos caducados, cumple formalmente la ley, aprobada en octubre de 2019, pero se merienda su espíritu. El pacto respeta la vuelta a las mayorías cualificadas, mayoría de dos tercios. Es cierto que se amplía la base social, pues el independentismo acepta compartir mesa y mantel con el socialismo con dos de los cinco vocales del CAC, pero se limita a ampliar la lottizzazione y, a partir de ahora, es de suponer que el universo de producción privada del entorno del PSC pase a sentarse en la mesa de Epulón que hasta ahora solo compartían los próximos a Junts y Esquerra. Es cierto que con una extrema derecha y una derecha que oscila entre pedir el cierre de TV3 o convertir los medios públicos en un sucedáneo de los coros y danzas, poco había que pactar. Pero también lo es que la CUP y los Comunes han sido marginados en esta negociación que se ha llevado a cabo con sumo secretismo. Quizás todo ello no sea más que ley de vida.

Habrá que ver si a la hora de votar ciertos nombres, algún Odón Elorza es capaz de romper la disciplina de voto, como hizo el diputado del PSOE a la hora de refrendar al magistrado Enrique Arnaldo. De no ser así, habremos de coincidir parcialmente con el doctor Padrós y concluir que en la Marca Hispánica a la hora de comer canelones somos una cultura única.

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