ERC, Junts y PSC amplían su primer acuerdo de calado tras la fractura del ‘procés’

El bloqueo crónico que ha vivido la política catalana durante el proceso frustrado de independencia empieza a superarse. El Parlamento aprobó ayer los presupuestos de la Generalitat tras el acuerdo entre En Comú Podem y la coalición en el poder, la que forman Esquerra Republicana (ERC) y Junts. A esta alianza con los comunes, que rompe la unidad independentista con la CUP, se suma el pacto de renovación de cargos en funciones que anunciaron el pasado miércoles ERC, Junts y el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC). Es el primer pacto importante entre las dos fuerzas independentistas y los socialistas desde la fractura ocasionada por el procés.

Los tres mayores grupos parlamentarios continuaron negociando ayer la renovación de 25 organismos públicos que tienen más de un centenar de puestos en funciones, algunos desde 2015. Los principales consensos han sido el de la candidata para ser Síndica de Greuges —la Defensora del Pueblo de Cataluña—, la jurista Esther Giménez-Salinas, y los candidatos para ocupar el Consejo de Gobierno de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), el ente que controla TV-3 y Catalunya Ràdio. Los tres partidos reparten los asientos con personas afines: dos de ERC —incluida la presidencia, que recaerá en la publicista Rosa Romà—, dos de Junts y tres para el PSC.

La entente entre PSC, ERC y Junts se circunscribe de momento a siete organismos. Entre los tres suman 98 de los 135 escaños del Parlamento autonómico, lo que les da suficiente fuerza para superar las mayorías cualificadas requeridas para aprobar estos nombramientos.

A última hora de ayer, tras una nueva jornada de reuniones discretas y blindadas para evitar filtraciones, se comunicaron los candidatos para renovar la Sindicatura de Cuentas y el Consejo de Garantías Estatutarias. Este último ha tenido un destacado protagonismo en los últimos años como organismo consultivo sobre las vulneraciones estatutarias y constitucionales en las que las mayorías independentistas podían haber incurrido, sobre todo durante la carrera unilateral por la independencia. El Síndico Mayor de Cuentas será Miquel Salazar, miembro de la sindicatura desde 2013 a propuesta del PSC.

La exconsejera de Gobernación Meritxell Borràs será la directora de la Agencia Catalana de Protección de Datos. Borràs fue condenada en 2019 por el Tribunal Supremo a multa e inhabilitación (que ya ha cumplido) por un delito de desobediencia en el juicio del procés. El Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC) es otra institución que será renovada con nombres próximos a los partidos, y con mayoría independentista. El CAC es el organismo que supervisa el cumplimiento de la ley y de los principios deontológicos de los medios audiovisuales en Cataluña. En los últimos años, ha sufrido constantes divisiones internas a la hora de juzgar si TV-3 y Catalunya Ràdio cumplían con el nivel adecuado de pluralidad. Su presidente será Xevi Xirgo, director del diario El Punt Avui, nombre destacado en el nacionalismo catalán y amigo del presidente de Junts, Carles Puigdemont.

Socio prioritario del Govern

El portavoz de Ciudadanos en el Parlamento, Ignacio Martín Blanco, atacó en el pleno de ayer el nombramiento de Xirgo: “Es una enorme lástima, lamentable, que el PSC se avenga a un acuerdo que pone delante del CAC a alguien que es el hagiógrafo del señor Puigdemont”. El portavoz de los comunes, David Cid, también cargó el miércoles contra la unidad de los tres grandes de la Cámara: “Reparto de sillas entre ERC, Junts y PSC, con mayoría de perfiles de partido y no profesionales referentes de la comunicación. Algunos nombres causan vergüenza. Nueva oportunidad perdida por la pluralidad de los medios públicos catalanes y sus instituciones”, dijo. El Comité de Empresa de TV3 también lamentó lo pactado: “Se ha perdido la oportunidad de despartidizar la dirección de los medios públicos. Los consejeros y consejeras proceden mayoritariamente de la política y tienen una marcada identificación con los partidos que los designan”.

La crítica más severa con la concordia entre el PSC y la Generalitat la formuló la dirigente de la CUP Eulàlia Reguant: “Ustedes [EL PSC] son Gobierno. Todavía no les dejan salir en la foto, pero son el socio preferente del Gobierno”. La portavoz del PSC en el Parlament, Alícia Romero, reiteró que el pacto de presupuestos con los comunes rompía ya la unidad independentista, y pidió al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que ponga fin al acuerdo de legislatura con la CUP por el bien de la estabilidad de Cataluña. Los anticapitalistas aprobaron un texto el pasado sábado en el que amenazaban con desestabilizar al Ejecutivo si este continuaba con su “deriva autonomista”.

El PSC se congratuló del pacto: “La política es para dialogar y alcanzar consensos”, explicó a EL PAÍS el diputado David Pérez. “Lo que ha conseguido el PSC con el pacto es más que lo que consiguió Ciudadanos en la anterior legislatura”, añadió. El PSC relevó a Ciudadanos en las elecciones del pasado febrero como partido más votado de Cataluña.