El ‘procés’ debilita la autoridad del Consejo Audiovisual de Cataluña

La división parece la norma en el Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC). Muchas resoluciones del organismo público que vela por las buenas prácticas en la radio y televisión se hacen públicas acompañadas por una retahíla de votos particulares y sus correspondientes informes de disconformidad. Su presidente, Roger Loppacher, destaca que 52 de los acuerdos tomados desde 2014 —un 14,5% del total— han tenido discrepancias. Antiguos consejeros alertan de que esta división antes era excepcional. Su vicepresidente, Salvador Alsius, constata que “es evidente que el CAC es un órgano politizado, y no es un hecho deseable”.

Las resoluciones divididas acostumbran a ser sobre hechos vinculados a la independencia y los documentos con frecuencia acaban decidiéndose con el voto de calidad del presidente del CAC. En las situaciones de discordia, los seis consejeros del CAC acostumbran a partirse en dos grupos: Loppacher, Alsius y Yvonne Griley frente a Carme Figueras, Daniel Sirera y Eva Parera. El voto de calidad de Loppacher ha decidido una decena de acuerdos desde 2015. Los 52 informes aprobados con discrepancias añaden votos particulares de Figueras, Parera y sobre todo del exdirigente del PP Sirera. Loppacher admite que “es cierto que sería deseable que fueran todavía menos discrepancias”. “La situación actual del CAC me resulta especialmente dolorosa por el buen nombre que había adquirido a escala europea, y que se materializó con mi elección como presidente de la Plataforma Europea de Autoridades Reguladoras” dice Joan Botella, catedrático de Ciencia Política de la UAB y miembro desde los orígenes hasta 2006. Botella afirma que “la polarización política y la subordinación al procés han conducido a una situación poco deseable, en la que se adoptan acuerdos relevantes de oficio —no como respuesta a una queja recibida sino a iniciativa del propio consejo— por un empate a tres, en el que decanta el resultado el voto de calidad del presidente”. Botella también resalta que “el trabajo puramente técnico, su apoyo a la investigación y la adopción de documentos orientadores en temas sociales se han mantenido de forma satisfactoria”.

Loppacher afirma que “es más fácil llegar al consenso deseado si todo el mundo se basa en la normativa audiovisual y en consideraciones técnicas y profesionales, al margen de consideraciones políticas que cada uno legítimamente puede tener”. Figueras destaca la llegada de Loppacher como punto de inflexión: “En julio de 2012 toma posesión el actual presidente, los votos particulares emitidos durante toda la historia del CAC podían contarse con los dedos de una mano. A partir de esta fecha, los acuerdos que han tenido votos particulares pasan de cincuenta”.

Politización del CAC

Alsius, que fue decano del Colegio de Periodistas, afirma que “parece evidente que no todos los consejeros responden al perfil que han de tener los miembros del Consejo según su ley”. Esta norma, de 2000, establece que “los miembros son elegidos entre personas de prestigio reconocido y contrastado y con experiencia profesional en el sector audiovisual, y que ofrecen garantías plenas de independencia”. Un informe de 2015 de la Comisión Europea sobre la independencia de las autoridades reguladoras del sector audiovisual criticaba del CAC y de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que “no tienen normas concretas que definan si los miembros tienen la cualificación o la experiencia profesional requerida”. Alsius añade que la politización también es externa al CAC: “También está politizado, y mucho, el uso constante que quiere hacerse del CAC desde determinados sectores políticos, poniendo en cuestión de manera sistemática sus actuaciones, especialmente cuando se trata de poner en entredicho las actuaciones de los medios públicos catalanes”.

El referente fundacional del CAC fue el Consejo Superior de lo Audiovisual (CSA) de Francia. Los inicios del CAC fueron un calco del CSA excepto por el sistema de elección de los consejeros, que fue mejorado: se mantuvo el periodo de seis años de mandato, para evitar relevos coincidiendo con cambios de legislatura, y se fijó que cada consejero debía ser propuesto por dos grupos parlamentarios y ser aprobados por dos tercios de la cámara. Botella recuerda que en los primeros seis años del CAC “se aprobaban una buena docena de acuerdos semanales y quizá se produjeron tres o cuatro votaciones. El resto eran acuerdos por asentimiento o por unanimidad. ¿El secreto? Una larga preparación previa, un clima fuertemente orientado al consenso y no haber elaborado jamás informes de oficio. Y una buena distancia entre los consejeros y las fuerzas políticas”.

El segundo tripartito y el Gobierno de Mas perjudicaron al CAC

El periodista Jordi Mercader, consejero en los dos primeros años del CAC, resalta que en los inicios “se coincidió en la voluntad de aprobar todo lo que se pudiera por consenso y así fue en casi todo lo que recuerdo. Esto requería largas discusiones y muchas comisiones de trabajo, pero creo que fue muy positivo. Tampoco recuerdo ningún desempate por el voto de calidad del presidente”. La misma experiencia tuvo la filósofa Victoria Camps, consejera del CAC entre 2002 y 2008, que asegura que por norma no se llegaba a votar y que nunca en sus años fue necesario el voto de calidad del presidente. Botella subraya que la politización del CAC “se incrementó mucho” con el segundo tripartito “y después el gobierno de Artur Mas optó por su práctica liquidación: con la excusa de los recortes de la época, le redujo el presupuesto drásticamente”. Camps suscribe que la disminución del presupuesto “ha hecho del CAC un organismo menos ambicioso”, y concluye que la “diferencia fundamental es que no ha sido capaz de mantenerse como un organismo apartidista. Ha sufrido el mismo deterioro que otras instituciones los miembros de las cuales no son por el interés y capacidad de su trayectoria, sino porque, salvo alguna excepción, son personas de partido”.

Stephan Dreyer, académico del Instituto Hans Bedrow para El Estudio de los Medios, fue uno de los responsables de un estudio de 2011 de la Comisión Europea sobre la independencia de las autoridades reguladoras del sector audiovisual. Dreyer considera que “la mejor opción” es la selección de los miembros del Consejo “en grupo y no de forma individual” por parte de una mayoría parlamentaria de dos tercios. Los consejeros del CAC son elegidos de forma individual. Dreyer destaca que “no es inusual” que las divergencias políticas se muestren en estos órganos y resalta que el voto de calidad del presidente es un instrumento de decisión común. La particularidad, en el caso de Cataluña, según Dreyer, es que “la división social ha llevado a una división política que se refleja en el CAC”.