Ada Colau fía la promoción de 1.600 pisos sociales en Gràcia al impulso privado

La modificación del planeamiento urbanístico en el barrio de Gràcia de Barcelona contempla, a medio y largo plazo, hasta 1.700 nuevos pisos sociales, de los que solo 52 serán de promoción pública. El resto, dependerá de la voluntad de propietarios privados: solo serán realidad si se promueven edificios de 400 metros cuadrados y deban destinar un 30% a vivienda pública; si se convierten locales de planta baja en vivienda; o si se dividen grandes pisos en dos (uno de ellos deberá ser asequible).

La imposición de convertir cualquier remonta (construir en edificios donde se pueden levantar más plantas) en vivienda social ha sido descartada del Plan, por el rechazo que provocó entre propietarios que han comprado pequeñas casas para reformarlas. Con esta fórmula se contemplaba conseguir 300 viviendas públicas.

Esta es una de las principales novedades de la segunda versión, respecto a lo presentado hace un año, de la Modificación del Plan General Metropolitano (MPGM) en Gràcia, que ayer aprobó la comisión de Gobierno que preside la alcaldesa Ada Colau e irá a votación la próxima semana y en el pleno del día 27.

La otra es que el plan rebaja de 42 a 9 los pisos o casas que irán al suelo con expropiaciones para crear zonas verdes en un barrio de trama tupida: se salvan los vecinos del entorno del pasaje de Frigola. Pero no las ocho casas de la calle de Banyoles; ni la finca que hay en los jardines del Mestre Balcells. En el caso de la calle Banyoles, hubo al menos un afectado que se enteró ayer de que su casa, reformada integralmente hace poco tiempo, va al suelo por la prensa, porque hasta ahora el Consistorio le había asegurado que no.

Estos casos forman parte de las 12 unidades de expropiación: solo tres se indultan. Pero se mantiene la recalificación a zona verde de otras nueve piezas, entre las que están varias con actividad económica en marcha: los laboratorios farmacéuticos Viñas, un garaje y unas oficinas que suman 100 empleados entre Terol y Torrent d’en Vidalet; el entorno del pasaje de Carolines, con varios talleres y una empresa audiovisual; o el garaje Principal, donde se aparcan casi 200 coches de vecinos del barrio.

En los casos citados, son parcelas que pasarán a tener calificación urbanística de zona verde y que el plan prevé expropiar en dos etapas (hasta seis años o hasta 12). Mientras no vayan al suelo, con todo, podrán mantener la actividad.

Al presentar las novedades, la teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz, y el concejal de Gràcia, Eloi Badia, cayeron en contradicciones en algunos momentos sobre los casos de expropiación: por un lado defendiendo la necesidad imperiosa de crear zonas verdes y plazas, pero al mismo tiempo insinuando que va para largo que se ejecuten las expropiaciones. Además del criterio de quien gobierne la ciudad, dependerá de la disponibilidad presupuestaria.

Sobre los dos aparcamientos para vecinos que resultarán afectados (con su cierre) y la idea del plan de reducir la posibilidad de crear nuevas plazas bajo tierra, Badia consideró que no tendrá impacto sobre la dificultad de aparcar en el barrio. Entre otras cuestiones, aseguró, porque caen las matriculaciones en el barrio.

Sanz recordó que el plan urbanístico nació con la voluntad de preservar la idiosincrasia de Gràcia y su patrimonio. Los edificios con protección patrimonial serán 3.400, tres de cada cuatro fincas.