Una conversación del empresario David Madí sobre los fondos de recuperación llega a la Fiscalía europea

La Fiscalía europea decidirá si hay delito en una conversación telefónica protagonizada por David Madí, empresario y exalto cargo de Convergència Democràtica de Catalunya, sobre los fondos europeos para la recuperación tras la pandemia. La Audiencia de Barcelona ha ratificado la decisión del juez que investiga el caso Voloh ―una macrocausa de corrupción ligada al procés― de remitir a ese órgano de nueva creación la llamada al apreciar indicios de delito.

Madí, cercano al expresidente Artur Mas y considerado uno de los estrategas del referéndum independentista del 1-O, habló por teléfono el 20 de octubre de 2020 con el consultor de una empresa sobre el reparto de los 140.000 millones de euros que España recibirá de la Unión Europea (UE) como fondos para la recuperación. En esa charla, Madí cuenta que mantuvo una reunión con Iván Redondo, entonces jefe de gabinete del presidente Pedro Sánchez.

“Hay que establecer un canal para entrar. Yo me vi con Foment, formo parte de Foment [Fomento del Trabajo, la patronal catalana de la cual es asesor] y tuvimos una reunión de pequeño comité con Iván Redondo. Esto será una merienda de negros... Son 140.000 millones”, afirmó en la llamada con el consultor. La conversación se produjo unos días antes de que Madí ―que también ha ocupado cargos en grandes empresas como Endesa, Telefónica, Applus o Deloitte― y una veintena de personas más, incluidos varios dirigentes del procés, fueran detenidos por delitos de corrupción por orden del titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre.

Tras recibir un informe de la Guardia Civil que analizaba la conversación, Aguirre concluyó que había indicios de un delito contra los intereses de la hacienda europea por subvenciones irregulares. Y, el pasado agosto, ordenó que se remitiera una copia de la conversación a la Fiscalía europea, un órgano independiente, de nueva creación, que echó a andar el pasado verano. Con sede en Luxemburgo, su misión es investigar los delitos que perjudiquen los intereses financieros de la UE.

El juez del caso Voloh topó con dos obstáculos. El primero era previsible: la defensa de Madí se opuso. Alegó que el auto no cumplía los requisitos legales porque de la conversación “no se infiere ningún acuerdo de reparto de fondos europeos, sino que se habla de ofrecer un servicio de asesoramiento por el señor David Madí a sus clientes, para presentar proyectos y solicitar ayudas europeas”. La defensa admite que Madí acudió a la reunión con Redondo, pero recuerda que en el encuentro participaron también unos 60 miembros de la patronal catalana Fomento del Trabajo. Cualquier investigación, concluye Madí, sería “prospectiva”.

El segundo obstáculo no era tan previsible: la Fiscalía Anticorrupción se adhirió al recurso porque cree que Madí habló solamente de “expectativas de negocio”. Y pidió que la causa no se enviara a la Fiscalía europea sino que se archivara por falta de indicios de delito.

“Sospechas fundadas”

La Audiencia de Barcelona ha dado ahora la razón al juez y a las asociaciones que ejercen la acusación en el caso Voloh. Los magistrados creen que “no ha habido infracción legal alguna” y que en el auto se exponen las “sospechas fundadas” de que Madí pueda haber cometido un delito de defraudación de subvenciones europeas. Los jueces admiten que “nada ilícito se infiere de la conversación”, pero aseguran que “tampoco podría descartarse” que el objetivo del empresario fuera “desviar los fondos públicos obtenidos e invertirlos ilícitamente”.

Los magistrados recuerdan que es la Fiscalía europea la que decidirá ahora si incoa una investigación o la archiva. Una portavoz de la institución asegura que, con toda probabilidad, no es la primera denuncia procedente de la justicia española, aunque tal vez sí una de las primeras que trasciende a la opinión pública. La portavoz recuerda que, desde su puesta en funcionamiento el 1 de junio de 2012, la Fiscalía europea ha recibido 2.500 denuncias y ha abierto 500 diligencias de investigación.