El juez del caso de las prótesis ortopédicas caducadas impone una fianza de 23 millones
El magistrado de Reus destapa una trama de corrupción y de comisiones a médicos para que no delataran las deficiencias
La investigación judicial para aclarar la crisis sanitaria provocada por las prótesis ortopédicas de la empresa Traiber de Reus ha desembocado en la imposición de una fianza judicial de 23 millones de euros, a la espera de que el caso llegue a juicio y se pueda ventilar una ristra de delitos que abarca desde la prevaricación y la malversación, hasta el cohecho, la estafa, el tráfico de influencias y la falsedad documental. Hay medio centenar de pacientes personados como acusación, pero el número de personas afectadas podría ser mucho mayor. El descubrimiento de prótesis de rodilla y cadera que estaban caducadas y en mal estado activó, a finales de 2014, una alerta sanitaria que obligó a poner bajo vigilancia a 6.000 pacientes en España, y a alertar a una decena de países a los que la empresa había exportado sus productos. “La cantidad que se fija de fianza puede parecer muy elevada, pero es más bien prudencial, y en un futuro no muy lejano, tal vez quede en irrisoria”, valora el abogado Emilio Ortiz, que representa a la mayoría de perjudicados por las prótesis.
El titular del juzgado 3 de Reus ha ordenado ahora la fianza para garantizar que los pacientes afectados por los implantes defectuosos puedan cobrar una indemnización. Se hace responsable del pago solidario, bajo amenaza de embargo, a la Agencia Española del Medicamento, al CatSalut y al Instituto Catalán de la Salud (ICS), a la aseguradora Zuric, al Ayuntamiento de Reus y al Hospital Sant Joan, a la Clínica de Nuestra Señora del Remei de Barcelona, al Hospital de Barcelona y al Hospital Joan XXIII de Tarragona, así como a la Clínica de El Vendrell, la Clínica Montpellier de Zaragoza y la Clínica Copérnico de Barcelona.
El juez ha redactado un auto de más de 30 páginas, donde desglosa las negligentes actuaciones de la empresa Traiber en la custodia y la comercialización de un material sanitario que, presuntamente, se seguía distribuyendo pese a estar caducado y en mal estado. Se manipularon y falsearon certificados para vender prótesis fabricadas muchos años antes y que Traiber tenía guardadas en su almacén. Un informe destaca que la empresa vendió en 2013 y 2014 “productos fabricados y esterilizados en 1998, que al tener una caducidad de cinco años solo se podían haber implantado hasta 2003″. Antes de servirlos a los hospitales, Traiber “los reetiquetaba y [así] extendía la fecha de caducidad hasta finales de 2014″.
Una mujer de 83 años falleció por “un fallo multiorgánico en el postoperatorio inmediato” cuando le estaba siendo sustituido un implante en la cadera derecha en el Hospital Sant Joan de Reus, según consta en un informe del Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del centro sanitario. El abogado Emilio Ortiz valora que, al menos, hay otra persona fallecida por las complicaciones que causaron las prótesis, además de un paciente que precisó de una amputación de pierna por culpa de una infección.
El descubrimiento de las prótesis caducadas destapó, también, una presunta trama de corrupción entre la empresa y un grupo de médicos traumatólogos de varios hospitales de España. Los facultativos habrían aceptado colocar prótesis de Traiber a cambio de “sobornos en forma de comisiones en metálico”, indica el auto. El juez advierte que esos pagos por “colaboraciones”, como se recoge en los papeles de Traiber, “colocan a los médicos que los han cobrado en una posición criminal y procesal muy delicada”, porque han alimentado un “sobreprecio” que ha tenido perjuicios para pacientes, para entidades aseguradoras privadas, para clínicas privadas y para el sistema de salud público.
Las presiones para colocar el material de Traiber en los departamentos de traumatología de los hospitales habrían contado, además, con incentivos de distinto tipo. Se han encontrado documentos justificativos de pagos de varios viajes a Cabo Verde, a Egipto, a la República Dominicana y a Cuba. Se presentaban como “congresos Traiber”.
El juez instructor es contundente cuando manifiesta la profundidad del fraude de las prótesis: “Traiber no solo pagó comisiones a los médicos para que pusiesen sus productos, sino que hay indicios de que lo hizo para que estos mantuviesen la boca cerrada cuando descubrieron las deficiencias técnicas”.
La investigación judicial por las prótesis es una pieza de la macro causa Innova, de presunta corrupción en la sanidad pública. El hospital más afectado es el de Reus, centro con el que Traiber había mantenido históricamente unas estrechas relaciones. Casi la mitad de los pacientes a los que les fue implantado material de Traiber en España fueron intervenidos en Reus. La investigación judicial destapa que Luis Márquez, gestor de Traiber, mantuvo frecuentes reuniones con el alcalde de Reus, Carles Pellicer, y con quienes fueron consejeros de Empresa y de Salud de la Generalitat, Francesc Xavier Mena y Boi Ruiz. Además, se han encontrado datos que apuntan a contactos con Artur Mas. “Todo lo anterior certifica una elevada capacidad para relacionarse por parte de Traiber con las más altas instancias políticas a nivel local y autonómico”, razona el juez. El auto pone de relieve que los contactos, por si solos, no tendrían componente criminal, “el problema surge cuando se utilizan esas relaciones para influir, para presionar, en las decisiones políticas con el fin lucrarse con la adjudicación de contratos”.
