La alargada sombra del 3%

La imputación de Oriol Pujol en el caso de las ITV, que supuso el fin de su carrera política, y la confesión del ex presidente de la Generalitat por sus cuentas en el extranjero situaron la corrupción en el centro del debate político de la legislatura. Artur Mas fue siempre a remolque de los jueces o la policía y Esquerra Republicana, su socio parlamentario, no solo le obligó a comparecer en la Cámara después de muchos titubeos, sino que forzó la creación de una comisión de investigación. Los trabajos intentaron ser una suerte de juicio al pujolismo y la corrupción desde que hay democracia para acabar en casi un brindis al sol por la nula eficacia de las conclusiones aprobadas.

El Gobierno de Mas se vio obligado a mover ficha ante el continuo goteo de asuntos e impulsó la Ley de Transparencia. Se trataba de combatir la alargada sombra del 3% que pesa sobre Convergència desde que Pasqual Maragall lanzase su famosa expresión en el Parlament en 2005 y que no ha hecho sino consolidarse con un reguero de sumarios: el caso Palau, el de la constructora Teyco, adjudicataria de obra de la Generalitat; las donaciones a la fundación Catdem, el caso Innova sobre la sanidad pública, el que afecta al ex alcalde de Torredembara o el juicio contra Xavier Crespo, ex diputado de CiU y ex alcalde de Lloret, por sus relaciones con la mafia rusa.

Mas presume ahora de transparencia y recuerda que no hay ninguna condena

Frente a las investigaciones judiciales, el presidente catalán presume del liderazgo que tiene la Generalitat en el ránking que elabora Transparencia Internacional y creó un comisionado para dar visos de su compromiso contra la corrupción. Al frente nombró a la magistrada Núria Bassols, de perfil burócrata, que en los meses de su mandato se ha centrado en organizar jornadas para proclamar sus intenciones. Bassols fue nombrada semanas después de archivar la causa contra el diputado de CiU Ferran Falcó por el caso Adigsa, referido a las comisiones en la rehabilitación de viviendas de la Generalitat.

Le asiste la razón a Mas cuando recuerda que ni ninguno de los dirigentes de Convergència ha sido condenado en sentencia, ni el partido tampoco, a diferencia de lo que sí ha pasado con Unió, pero olvida que el garantismo del proceso penal retrasa años la celebración del juicio. Y ahí está el extesorero del partido Daniel Osácar, a punto de sentarse en el banquillo para afrontar una petición del fiscal de siete años y medio de cárcel por el caso Palau. Y ahí están las 15 sedes de Convergència embargadas por la justicia en ese mismo asunto para cubrir la responsabilidad civil por los 6,6 millones de euros en “comisiones ilícitas” que beneficiaron al partido por desvío de dinero de obra publica de la Generalitat, según la tesis del juez instructor.

Convergència fue la formación más salpicada por la corrupción, pero no la única. Apenas unos días después de las autonómicas de 2012 estalló el caso Mercurio, que acabaría con la defenestración del alcalde de Sabadell, Manuel Bustos, y la imputación de su hermano Francisco. El primero era el secretario de política municipal del PSC y acabó destituido y condenado a un año y cuatro meses de cárcel, lo mismo que le ocurrió al secretario de Organización de la época, Daniel Fernández, otro diputado que cavó su fosa política a cuenta de una conversación chusquera para colocar a un cargo de confianza en el Ayuntamiento de Montcada i Reixach.

Aunque para sainete, político y judicial, el que protagonizó Alicia Sánchez-Camacho, presidenta del PP de Cataluña con la célebre grabación de La Camarga. Pero el PP no se arrugó por ello en su discurso político contra la corrupción nacionalista, pese a lo que dijeran los papeles de Bárcenas y la trama Gürtell.

Jordi Cañas, diputado de Ciutadans, fue el único que entregó el acta sin esperar a juicio ni condena en cuanto fue imputado por fraude fiscal por un asunto privado.