El juez descarta que 42 médicos cobraran sobornos por usar prótesis Traiber

El juez de Reus que investiga la trama Innova de corrupción en la sanidad pública y la distribución de prótesis de cadera, rodilla y columna en mal estado ha ordenado el archivo de las acusaciones contra 42 médicos, de varios hospitales públicos y privados de Cataluña, que fueron interrogados para aclarar si habían recibido cobros ilegales de la empresa Traiber. El juez también exculpa a varios de los trabajadores de la compañía, contra la que sí sigue abierto el proceso judicial por, presuntamente, haber comercializado productos caducados y sin los certificados legales en regla. Entre los médicos exculpados está Miquel Vilardell, jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital de la Vall d'Hebron y expresidente del Colegio de Médicos de Barcelona

El juez instructor Diego Álvarez de Juan aligera de peso el expediente de las prótesis Traiber, una de las piezas que penden de la macrocausa Innova y, tal vez, la que generó más alarma social al ir más allá de los pagos ilegales y las comisiones: destapó un fraude en las prótesis para tratar a los pacientes aquejados de lesiones traumatológicas y de problemas articulares. En diciembre de 2015 el juez instructor incluyó a medio centenar de médicos en las diligencias, para tratar de aclarar qué relación habían tenido con Traiber. El juez extendió las acusaciones a dos ediles del Ayuntamiento de Reus (Teresa Gomis y Marc Arza, ambos de Convergència), que presuntamente presionaron al hospital municipal para que adquiriera las prótesis de la empresa local Traiber. "Aquí no se presionó o pagó para poner las mejores prótesis", suscribió el juez, "sino para colocar prótesis caducadas o en mal estado", criticó entonces el instructor en su auto.

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Entre los facultativos investigados había cirujanos de los hospitales de Tarragona pero, también, del Parc Taulí de Sabadell, de la Clínica Dexeus, de la Clínica Teknon, de la Clínica Corachan, del Hospital del Mar, de la Clínica Bofill y del Hospital Trueta de Girona o, entre otros, del Hospital de Vic.

El juez concluye que no hay indicios de que los cirujanos cobraran comisiones ilegales de la compañía ni de que llegaran a colocar las prótesis defectuosas. El archivo llega más de dos años después pero el juez justifica la tardanza en la saturación que sufre su juzgado, empantanado de trabajo por la macrocausa Innova más la carga de los otros expedientes ordinarios que debe despachar. El instructor lamenta la "escasez recalcitrante de recursos" por parte de la Administración de Justicia, al tiempo que también aprovecha para reprobar que la defensa de los médicos investigados aludiera a "prestigio" y "reputación" de los doctores para exigir el archivo de la causa. "Un Juez nunca debe tomar tales decisiones basándose en conceptos tan etéreos", indica Diego Álvarez de Juan, y advierte a los doctores de que no distingan a sus pacientes "por esas mismas razones de prestigio y reputación" y les encarece a que "los traten a todos por igual".

La causa se mantiene abierta contra media docena de doctores. El procedimiento también sigue abierto para Luís Márquez, el jefe, y otros altos cargos de la compañía Traiber.