Los médicos imputados por sobornos niegan relaciones con Traiber

Ninguna relación con Traiber ni con sus productos. Los tres doctores que han prestado declaración este martes en el juzgado de Reus para aclarar qué vinculación tenían con las prótesis defectuosas que fabricaba Traiber han insistido en qué jamás usaron ninguna pieza salida de los talleres de esta empresa de Reus. Enrique Rodríguez, cirujano ortopédico del Hospital Esperit Sant de Santa Coloma de Gramenet, Josep Giné, jefe de Traumatología y Ortopedia del Hospital Joan XXIII de Tarragona, y Miquel Vilardell, jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital de la Vall d'Hebron y expresidente del Colegio de Médicos de Barcelona, han sido los primeros en declarar del medio centenar de facultativos a quien quiere interpelar el juez instructor Diego Álvarez de Juan. Los interrogatorios se enmarcan dentro de las diligencias por la pieza número 4 del caso Innova, centrada en las prótesis defectuosas de la empresa Traiber, un asunto que causó una alerta sanitaria y obligó a poner bajo vigilancia a 6.000 pacientes en toda España, de los cuales, cerca de 3.000 en Cataluña. El juez investiga los presuntos sobornos que pagó la compañía a un importante número de médicos para que usasen sus prótesis, pese a que la empresa reusense sabía que podían ser defectuosas y muchas estaban caducadas.

A su salida del juzgado, Enrique Rodríguez ha señalado que la mayoría de los citados no sabe nada de los chanchullos que pudiera tener Traiber con el conglomerado Innova y afirma que se han visto salpicados por el caso porque en las oficinas de Traiber había unas listas con los nombres de varios profesionales de la medicina. "Ninguno de los traumatólogos de Barcelona conocíamos las prótesis Traiber", ha dicho. Rodríguez ha sido tajante a la hora de negar haber recibido ningún soborno y ha derivado su única vinculación con Traiber en "unas fichas con nombres de médicos" que la policía halló en la sede de la empresa.

Josep Giné ha salido de los juzgados a la carrera y sin hacer declaraciones, pero sí ha atendido a los medios Miquel Vilardell. El expresidente del Colegio de Médicos de Barcelona, y Creu de Sant Jordi 2015, ha mencionado estar "tranquilo" después de poder prestar ante el juez su versión de los hechos. Esta versión mantiene que nunca pudo ser sobornado por Traiber porque no coloca prótesis. "Yo soy internista y no cirujano", ha dicho. Del mismo modo, ha asegurado que "unas anotaciones" con su nombre aparecidas en los despachos de la empresa le ha costado constar como investigado (la nueva figura del imputado en el Código Penal). Sin embargo, asegura que "ni como especialista ni como presidente del Colegio" tuvo contacto con Traiber. Señala que si su nombre estaba entre los papeles de Traiber es porque los directivos de la firma reusense querían tratar con él acerca de unos asuntos relacionados con la "comisión deontológica" del Colegio de Médicos. "Cuando, precisamente, esta comisión trata de la buena praxis médica", ha dicho, antes de señalar que, en lo que refiere a Traiber, se percibe "todo lo contrario" a una buena práctica médica.

Hasta el próximo 11 de marzo deberán pasar por el Juzgado de Instrucción número 3 de Reus medio centenar de médicos investigados por presuntos sobornos. Entre los imputados hay facultativos de todo el Estado. El juez les considera presuntos autores de hasta 12 delitos: prevaricación, malversación, alteración de precios de subastas públicas, blanqueo de capitales, cohecho, tráfico de influencias, omisión del deber de perseguir delitos, estafa, falsedad documental, corrupción entre particulares y fraude a la administración.

También Marc Arza, concejal de Promoción Económica del Ayuntamiento de Reus, consta como investigado. Al imputarle, el juez ordenó retirarle el pasaporte y le prohibió salir de España. Arza está siendo investigado por delitos societarios, contra la salud pública, contra la Administración y por blanqueo de capitales por el trato de favor que Traiber habría recibido desde el Ayuntamiento para que vendiera sus productos (prótesis de rodilla, cadera y vertebrales) al hospital Sant Joan, gestionado por el Consistorio y financiado con más de 100 millones anuales por el Servicio Catalán de la Salut (CatSalut). La imputación del concejal fue consecuencia de una investigación realizada por la Guardia Civil, que actúa como policía judicial. En abril pasado, durante los registros efectuados en varios despachos y dependencias municipales de Reus fueron detenidos la que era la primera teniente de alcalde de Reus, Teresa Gomis; el dueño de Traiber, Lluís Márquez; y media docena de cargos sanitarios municipales.