Infraestructuras y pacto social

La implantación de fuentes de energía renovable, especialmente la eólica, la ampliación del aeropuerto de El Prat y el modelo aeroportuario catalán y, ahora, la gestión de las vías de alta capacidad. Los diferentes debates sobre el futuro de las infraestructuras –la financiación, la gestión, el mantenimiento y sus impactos sociales, económicos, ambientales y territoriales– generan pasiones y mucho ruido en Cataluña porque desde hace muchos años las administraciones han sido incapaces de tener una posición clara y compartida desde la que estructurar el debate, con el sector privado, generando el consenso ciudadano necesario. Nos hace falta menos pasión e ideología y más argumentos, estudios, proyectos sólidos y comunicación.

El último Pacto Nacional de Infraestructuras de Cataluña data de noviembre de 2009, sin que haya habido ninguna actualización y sin que ningún gobierno haya desarrollado la potencialidad de aquel acuerdo que tuvo un amplio consenso político y social. Es cierto que aquel documento no tenía una solución mágica para ninguno de los tres debates que este 2021 se nos hacen urgentes de resolver, pero sí que situaba un punto de partida desde donde tomar decisiones.

Las infraestructuras son un pacto social y como tal necesitan un análisis compartido de la realidad catalana y de los objetivos que nos proponemos como país. En el caso del modelo de financiación de las autopistas tenemos que tener en cuenta que Cataluña ha sufrido las consecuencias de un modelo extremadamente heterogéneo, poco transparente y, en algún caso, abusivo territorialmente. Pero el precio para desmantelar este modelo no puede ser la ausencia de uno o uno nuevo que tenga como consecuencia el empeoramiento de la calidad de las infraestructuras y el aumento de la congestión.

Es verdad que en todo el Estado el impuesto de hidrocarburos recauda mucho más —12.604 millones de euros en 2019— que no las inversiones que se hacen en carreteras —entre 3.500 y 4.500 millones anuales— pero como estos recursos se derivan a otras finalidades, hay que encontrar ingresos necesarios para tener una red de vías de altas prestaciones de primer orden. Ni la economía ni el equilibrio territorial catalán se puede permitir prescindir de una buena AP-7 o de un buen Eix Transversal.

Hay que poner sobre la mesa también todas las externalidades que generan los desplazamientos por carretera, especialmente los ligados a la sostenibilidad y a la lucha contra el cambio climático. Lo tiene claro la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen: “El transporte por carretera es el único sector que ha aumentado las emisiones en los últimos años. Hay que revertir esta tendencia”.

Además, acceder a los fondos europeos —imprescindibles para la recuperación económica— requerirá de reformas estructurales. La de la financiación de nuestro modelo de carreteras podría ser la primera. La solución no es sencilla, pero hace falta un modelo que se entienda y sea compartido, que sea un instrumento de mejora ambiental —quien más kilómetros recorre más paga—, que no perjudique a aquellos quienes no tienen alternativa competitiva en transporte público y que tenga en cuenta que Cataluña es lugar de paso de mercancías entre Europa y la Península Ibérica. Cómo dice la economista Mariana Mazzucato, “la economía es una creación conjunta”. Que también lo sean nuestros modelos de infraestructuras viarias, aeroportuarias o energéticas.

Oriol Altisench es decano del Colegio de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de Cataluña